El pasado
6 de abril se llevó a cabo en Medellín el Segundo
Encuentro de Gobernadores por la Infancia, la Adolescencia y
el Ambiente Sano, convocado por Unicef, la Procuraduría
General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF).
Durante la jornada, los mandatarios departamentales presentaron
resultados y avances en áreas proclamadas como prioritarias
por la cumbre del año anterior, como salud materna e
infantil, registro civil, nutrición, educación,
salud sexual y reproductiva, protección especial, y agua
y saneamiento básico.
Cabe recordar que hace un año, Unicef y la Procuraduría
General de la Nación identificaron en una investigación
que en solo el 50% de los departamentos y el 40% de los municipios,
las administraciones tenían contemplados en los planes
temas dirigidos a la infancia. Sin embargo, se reconoció
en el encuentro que los resultados hasta el momento son preocupantes,
dado que el país sigue en deuda con los niños
en temas importantes como la disminución del trabajo
infantil que en el país llega a 2.5 millones de menores
de edad trabajadores a quienes se restringe el derecho a la
educación y a un pleno desarrollo, la baja cobertura
en registro civil donde aún 150.000 niños y niñas
carecen de este documento, y la prevención de accidentes
con minas antipersona ya que en Colombia 50% de las víctimas
civiles son niños y niñas. Se estima que en el
país hay 17 millones de menores de 18 años y que
el 31% está por debajo de la línea de indigencia.
Además fueron mencionados problemas como la violencia
intrafamiliar, la atención a mujeres gestantes, el aumento
del VIH-sida niños y adolescentes, y la atención
a menores desplazados y a los menores desvinculados de grupos
armados ilegales.
En el encuentro surgieron propuestas como disponer de fondos
comunes de recursos de la nación, departamentos y municipios,
para financiar proyectos prioritarios dirigidos a la infancia,
solicitar al gobierno nacional liberar recursos de Bienestar
Familiar invertidos en títulos de tesorería que
financian gasto público ($680.000 millones denunció
la Contraloría General de la República), seguimiento
al uso de recursos por parte de los organismos de control, ampliación
de la atención en educación a los niños
de 3 a 5 años, entre otros.
Es indudable que esta reunión es la más importante
que en esta materia se realiza en Colombia: de alguna manera
ha movilizado las agendas públicas en torno de temas
de la infancia y permite al país hacer seguimiento a
los logros en las diferentes regiones. Esto ya es un avance.
Sin embargo, persiste un rezago en los resultados y por ello
es necesario acelerar las acciones a favor de la infancia que
permitan mostrar cambios significativos en los indicadores actuales.
Se requiere decisión política, acciones locales
focalizadas y de largo plazo, concertación de esfuerzos
y aplicación de recursos.
Es de resaltar la decisión de realizar esta cumbre cada
seis meses, la próxima en el departamento del Valle en
octubre, para lograr un seguimiento más efectivo a los
compromisos adquiridos sobre el mejoramiento de las condiciones
de vida de los niños, niñas y adolescentes.
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