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Algunos hospitales públicos de Bogotá anunciaron
que paralizarían los servicios a afiliados del régimen
subsidiado si reciben descuentos de las aseguradoras, y éstas
a su vez consideran que de no aplicar estos descuentos, incumplirían
el margen de solvencia que requieren frente a la Superintendencia,
conduciéndolas a su desaparición.
Ante la situación, las ARS dirigieron una comunicación
a la Supersalud, donde expresan que el procedimiento presenta
irregularidades por el incumplimiento de obligaciones legales
por parte de la Secretaría Distrital de Salud, al efectuar
descuentos retroactivos basada en supuestas inconsistencias
que en algunos casos no tendrían sustento legal como:
desafiliaciones por la suspensión de derechos políticos,
problemas de cedulación, minoría de edad o extranjería;
las ARS cuestionan estas situaciones, ya que por ejemplo el
Régimen Penal Colombiano no contempla la pérdida
del derecho a la seguridad social en salud por la comisión
de delitos y los problemas con cédulas debe resolverlos
la Registraduría sin que afecten la población
afiliada ni las ARS, pues se trata de personas reales, encuestadas
en el Sisbén y con derecho a acceder al régimen
subsidiado.
En el documento remitido a la Supersalud, las aseguradoras
recuerdan que el Acuerdo 244/03 del CNSSS determina que la
aplicación, implementación, administración
y calidad de la información de la encuesta Sisbén
y de los listados son responsabilidad de los alcaldes, información
que debe reflejarse en la calidad de las bases de datos suministradas
a las ARS, lo que implicaría que la Secretaría
Distrital no puede desconocer la base de datos que inicialmente
suministró, ni trasladar la responsabilidad sobre su
calidad a las ARS, como señaló la Contraloría
distrital al analizar el período 2000-2001: "Sobre
el argumento de que la Secretaría de Salud le entrega
a las ARS la base de datos para verificar la multiafiliación,
esta auditoría considera que la responsabilidad que
le compete al ente territorial no puede ser trasladada a las
ARS, por cuanto éstas sólo pueden controlar
los multiafiliados dentro de su propia ARS y no los que se
multiafilian en diferentes ARS”.
“La medida es una defensa de
los recursos de la salud”
Así lo manifestó el secretario de salud
de Bogotá, doctor Héctor Zambrano, para quien
es un deber de la Secretaría evaluar y hacer rectoría
de los recursos que se destinan para la seguridad social en
salud, y que cumplan con el propósito de llegar a la
población que requiere de la asistencia.
El descuento fue el resultado de la depuración de las
bases de datos del Distrito, y aunque la Secretaría
de Salud venía pidiendo hace meses al Ministerio de
la Protección Social que suministrara los cruces de
información entre los regímenes, solo fue entregada
en julio de este año; ésta permitió detectar,
según el doctor Zambrano, que en el período
marzo 2004 - abril 2006, hubo población doblemente
afiliada así como personas con problemas en identificación
o fallecidas, según cruce realizado con la Registraduría,
y por las cuales se había pagado subsidio: “Independiente
de quien sea el culpable, porque hay actores tanto del Ministerio,
de la Secretaría de Salud, las ARS y los propios usuarios,
se tomó la decisión de salvaguardar recursos
públicos porque el Estado no puede pagar dos UPC por
un mismo ciudadano, y cuando hay multiafiliación prevalece
la afiliación al contributivo; en el proceso de liquidación
que será acompañado por la Procuraduría
General de la República, se determinarán las
responsabilidades”.
La situación presentada en Bogotá evidencia,
según el doctor Zambrano, un problema estructural del
Sistema de Seguridad Social, que comienza con la ausencia
de una base de datos sólida y que requeriría
acciones inmediatas para tener un sistema de información
único, integrado y completo que muestre toda la población,
su afiliación a los diferentes regímenes, que
permita hacer cruces, que impida que al Estado se le burle,
y que facilite a los usuarios los traslados entre regímenes.
Aunque reconoce que el Ministerio avanzó al tener una
base de datos única para el régimen contributivo,
considera que la implementación para el subsidiado,
ha sido lenta: “El Ministerio contrató con un
consocio internacional la construcción de esa base
de datos única y ahora debemos persuadir al gobierno
para agilizar su puesta en marcha.”
Las anomalías encontradas en Bogotá luego de
la depuración de afiliados, debe ser sólo un
reflejo de lo que sucede en el resto del país, asegura
el doctor Zambrano, quién cree que las acciones tomadas
por su despacho no serán las únicas, por cuanto
manifestó tener información según la
cual algunas contralorías y secretarios de salud están
pidiendo que se hagan verificaciones y cruces de información
en sus jurisdicciones. Por el momento y para evitar situaciones
similares en el futuro, Bogotá continuará actualizando
la información en cada localidad y la incorporación
de las huellas digitales de cada usuario, como forma de identificación
que facilitará el acceso a los servicios de salud.
El secretario de salud no desconoce el impacto financiero
sobre las ARS -pasaron de recibir $42.000 millones al mes,
a un giro de sólo $7.000 millones-, pero es claro al
afirmar que la intención no es echar la culpa a las
ARS, sino mostrar un problema estructural: “Infortunadamente
el Ministerio nos entregó los cruces con dos años
de acumulación, pero si la información hubiera
sido oportuna, mes a mes, la depuración se habría
hecho de forma periódica y el golpe financiero no hubiera
sido fuerte para el sistema”.
Como siempre: ¡es un problema
estructural!
Para el especialista Iván Jaramillo, mas allá
del incidente, lo que se muestra es una tremenda falla en
el sistema de información del régimen subsidiado,
ya que mientras el gobierno reporta 18 millones y medio de
personas en el régimen subsidiado, el Fosyga sólo
tiene registrados 9 millones, lo que quiere decir que el otro
50% fue mal registrado por los municipios y los departamentos,
fue rechazado por el sistema de control del Fosyga o sencillamente
hay muchos duplicados en el país. El doctor Jaramillo
sostiene que se deben tener en cuenta los 3 millones de desplazados
que generalmente duplican su registro, al aparecer tanto en
el municipio de origen como en el de llegada.
Lo más grave de la situación es que se han venido
pagando recursos millonarios que no corresponden a personas
reales, basados en múltiples bases de datos que no
coinciden: los datos del Sisbén no concuerdan con las
del régimen subsidiado en cada municipio, que a su
vez no coinciden las que tienen las ARS ni con las de los
departamentos y menos con las del Fosyga. Para el doctor Jaramillo,
esto se traduce en beneficio de los distintos actores, al
manejar cada uno la situación de acuerdo con sus intereses:
“A los alcaldes les interesa tener el mayor número
de registrados porque les permite captar más recursos
y ganar cierta legitimidad política al contar con más
personas con carnet en el municipio; a las ARS les conviene
tener bastantes personas registradas para recibir más
UPC; al Fosyga en cambio le interesa tener un menor número
de gente registrada para estar menos obligado a girar y a
pagar oportunamente. Entonces el problema no es tanto del
sistema de información como diseño, sino como
administración de la información; debería
existir una entidad neutral, autónoma frente a municipios
y al Fosyga, que registre, elimine duplicados y comunique
los resultados con datos confiables”.
Responsabilidad más del Estado
que de los actores
Desde el inicio del actual Sistema de Seguridad Social,
la información y las bases de datos han sido responsabilidad
del Estado; el gobierno -sólo en el año 2003-,
luego de 10 años con bases fraccionadas, dio la orden
de crear un sistema único de información y comenzó
a subir datos del contributivo, y solo tres años después,
sin estar completamente depuradas, las cruza con los subsidiados
y pretende que sea retroactivo. La doctora Magdalena Flórez,
gerente de Ecoopsos, cree que la responsabilidad en inconsistencias
es de todo el sistema: los entes territoriales que suministran
las bases de datos, los afiliados que no debería recibir
el carnet del subsidiado estando en el contributivo y del
Ministerio al no haber creado el sistema único de información
oportunamente.
La raíz del problema para las aseguradoras radica en
la inoportunidad con que se maneja la entrega de las bases
de datos y de los cruces, y de la misma Registraduria al no
cargar oportunamente los documentos de identidad nuevos, registros
y partidas de defunción, convirtiendo a todo el sistema
en el responsable y encargado de buscar una solución,
y no simplemente descargar el problema sobre las ARS: “Luego
de 12 años sin contar con un sistema de información
que permitiera cruzar y validar bases de datos, hacer retroactivos
los cruces afecta todo el sistema; además fue una medida
impuesta, cuando fácilmente habrían podido citar
a cada entidad, mostrar las inconsistencias, pedir explicaciones
y nosotros (las ARS) revisar y solucionar cada caso basados
en las bases de datos que el ente territorial entrega y que
en ultimas es el responsable de la calidad de la información,
sin generar medidas de choque como los descuentos unilaterales,
sino determinar responsabilidades y conciliar”.
La doctora Flórez es contundente al decir entender
la problemática del Distrito, pero cuestiona que cuando
se está terminando el contrato actual, se informe que
los afiliados inscritos hace dos años tienen inconsistencias,
después de haber prestado y pagado los servicios; por
esa razón, las ARS y gremios como Gestar, luego de
una reunión con el presidente Uribe entraron a conciliar
un acuerdo con el CNSSS: “Nos sentamos a definir los
parámetros para la liquidación y cruces de novedades,
identificación de multiafiliados, y solucionar el problema
hacia un futuro que podría ser mas crítico en
la medida que se depuren más bases de datos; fueron
dos semanas de discusiones para buscar la forma mas técnica
y correcta de solucionar el problema. El borrador concertado
del proyecto fue discutido por el Ministerio, el CNSSS, los
gremios, las EPS, la Secretaría de Salud de Bogotá
y fue aprobado en el CNSSS en la primera semana de octubre”.
El Acuerdo del Consejo que al cierre de edición no
había sido publicado, da lineamientos de cómo
liquidar los contratos, a quién le corresponde pagar
y cómo hacerlo, y entrega la responsabilidad de las
bases de datos al Ministerio de la Protección Social
y a los municipios.
La situación actual de las ARS es grave por las denuncias
sistemáticas sobre corrupción y desvíos
de recursos hacia grupos armados irregulares; por ello cursa
una propuesta para que los dineros del régimen subsidiado
se manejen como patrimonios autónomos en las ARS -en
forma similar a los fondos pensionales-, para evitar que la
plata del régimen subsidiado se confunda con la de
propietarios de las aseguradoras, buscando que la doctrina
y experiencia de los fondos de pensiones -que ha conservado
sin robos los recursos de los pensionados- se extienda al
manejo de las ARS. Pero como en cualquier serie de televisión,
ahora sólo se puede decir que esta historia continuará...
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