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Proyectos
de 'reforma'
a la Ley 100: Cero y van 17
José
Yesid Carrillo Cantillo - elpulso@elhospital.org.co |
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067, 026, 020, 038, 122, 040, 116, 018, 084…No son los
números ganadores del Baloto, ni del Bingo. Son la numeración
de algunos de los 17 proyectos de ley presentados a consideración
del Congreso al inicio de la presente legislatura el pasado
20 de julio, y que pretenden reformar el Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Luego de ires y venires, consultas, represamiento, proyectos
y más proyectos, y tras los mensajes de urgencia e insistencia,
que amparado en el artículo 163 de la Constitución
Política profirió el gobierno para agilizar el
trámite de los mismos, en reunión celebrada en
la Casa de Nariño el pasado 17 de octubre entre el presidente
y congresistas de las Comisiones Séptimas de Senado y
Cámara se acordó por fin, presentar la ponencia
para dar inicio al estudio y aprobación de la reforma.
“Venimos de una reunión con los ponentes de la ley
de salud en Cámara y Senado, hoy se han hecho unos acuerdos
importantes y esperamos que hoy le hagan un homenaje a estos
esfuerzos de superación de pobreza que el país
tiene que hacer, radicando la ponencia, para que en las próximas
semana tengamos esa ley”, manifestó el presidente
Uribe una vez finalizada la reunión. |
Entre los acuerdos
más importantes se destacan la unificación de
la ponencia, a través de la cual se consolida en un solo
texto los 17 proyectos de ley que hasta el momento fueron radicados
en el legislativo. De igual manera, para acabar con buena parte
de las 80.000 tutelas que se registran por año demandando
servicios de salud no incluidos en el POS, el Congreso y el
gobierno acordaron que si una EPS se demora más de la
cuenta en evaluar si debe atender o no a un paciente por uno
de estos tratamientos, deberá asumir el 50% del costo
de atención de su propio bolsillo. Asimismo, se incluyó
en la ponencia la obligatoriedad de las EPS para atender todas
las urgencias, so pena de la imposición de multas que
pueden ir hasta el retiro de los recursos de la salud manejados
por la entidad.
Una reforma que no da espera
A 13 años de aprobación de la Ley 100,
es claro para congresistas, gobierno y usuarios del sistema
de salud que muchas cosas no marchan como debieran: de allí
la necesidad de introducir reformas al sistema, que puedan corregirlas.
La presidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro, lo ha resumido
así: “Tenemos programas dispersos de salud pública,
debilidad en la regulación, no hay un modelo de atención
que garantice la Atención Primaria en Salud ni los servicios
preventivos más importantes, el Plan de Atención
Básica (PAB) no tiene impacto en la población,
no se desarrolló un sistema de información, existen
problemas con mortalidad materna e infantil, enfermedades infecciosas
y hay un gasto elevado del Producto Interno Bruto -PIB- en salud
pero indicadores insuficientes”.
A esta grave situación se suman otros fenómenos
como la evasión, que de resolverse podría generar
un importante flujo de recursos al SGSSS, como lo señala
Edgar Reina, director ejecutivo del gremio de las EPS privadas
(Acemi): “Se debe trabajar por combatir la evasión
en el sistema, pues al año se evaden $1,8 billones, justo
lo que se requiere para lograr la cobertura universal”.
Y ni que decir de las 80.000 tutelas que anualmente se interponen
demandando servicios de salud, los ‘paseos de la muerte’,
la integración vertical, la elevada cartera, el lento
flujo de recursos y la inexistencia de la cobertura universal
que deja sin la garantía de acceso a los servicios de
salud a más de 7 millones de colombianos. De allí
que el presidente Uribe haya manifestado sobre la urgencia de
la aprobación de la reforma: “Esperamos que tengamos
esta Ley que nos garantice la financiación para superar
el ciento por ciento de cobertura, que nos garantice un control
razonable a la integración vertical, que nos garantice
que podamos hacer los pagos a los diferentes actores más
puntualmente y que nos garantice mejor calidad”.
Por su parte, el representante Eduardo Benítez, coordinador
de ponentes en la Cámara, manifestó: “Lo
que se debe modificar en la Ley 100 es el modelo de atención
y prestación de servicios de salud, manteniendo el modelo
de aseguramiento para que cada persona pueda poseer un carnet
de salud que le permita acceder más fácilmente
a los servicios”.
El norte de la reforma
La ponencia del proyecto por el cual se hacen algunas
modificaciones al SGSSS, que unificó en una sola las
17 iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Representantes
como en el Senado de la República, fue presentada formalmente
el pasado 18 de octubre. Por los mensajes de urgencia e insistencia
que pesan sobre ella, el proyecto tendrá prelación
en el orden del día, excluyendo la consideración
de cualquier otro asunto, hasta tanto las Comisiones Séptimas
decidan sobre él.
Existe un consenso general claro: propender la universalización
de la cobertura y el mejoramiento en la prestación de
los servicios de salud a los usuarios, introducir reformas en
la dirección, vigilancia y control del sistema, mejorar
las fuentes de financiación y el flujo de recursos al
sistema, garantizar el equilibrio entre los actores del mismo
y fortalecer los programas de salud pública. Y consensos
particulares en puntos como la creación de la figura
del Defensor del Usuario en cada EPS y ARS, obligatoriedad para
que EPS cumplan con los servicios de urgencias, contratación
mínima del 65% del régimen subsidiado con la red
hospitalaria pública, creación de un mecanismo
para la redistribución y protección del riesgo
para pacientes de alto costo y prestación de servicios
de primer nivel en el municipio de residencia o lugar más
cercano entre otros.
La piedra en el zapato según se avizora, estaría
en dos puntos que suscitan los mayores disensos y controversias
entre gobierno, congresistas, aseguradoras y empleadores. La
primera son las fuentes de financiación mediante las
cuales se alcance y se sostenga la cobertura universal en salud,
calculada en $1,7 billones anuales. Y la segunda, el límite
a la integración vertical de las EPS.
En fuentes de financiación, toma fuerza la propuesta
de incrementar a partir del 1º de enero de 2008, un punto
en la cotización a salud en el régimen contributivo,
pasando del 12% actual al 13% del salario base de cotización,
porcentaje de los cuales dos puntos serán trasladados
a la subcuenta de solidaridad del Fosyga para contribuir a la
financiación de los beneficiarios del régimen
subsidiado para lograr la cobertura universal del mismo en los
próximos tres años. Al respecto, el presidente
Uribe señaló: “Debe quedar claro que la financiación
del componente nacional para llegar a plena cobertura en salud,
depende mucho de que se aprueben dos textos en armonía,
en concordancia: el texto de la reforma tributaria y el de la
reforma de seguridad social, de la Ley 100”.
De lado de la integración vertical, las apuestas siguen
divididas. La propuesta del gobierno y de senadores como Dilian
Francisca Toro la limitan al 50%, mientras que iniciativas como
las de los senadores Dieb Maloof, Miguel Pinedo y Jorge Ballesteros
la cifran en el 30%. A los empleadores no les suena la asunción
del 9% de la cotización de salud que tendrán que
hacer por sus empleados, mientras que los aseguradores -preocupados
como lo manifiesta Edgar Reina- por la inestabilidad jurídica
en el sistema, coinciden en la necesidad de llegar a un acuerdo
“salomónico” en materia de integración
vertical.
Las Mesas Directivas de las Comisiones Séptimas del Congreso
nombraron ya los respectivos ponentes en representación
de todos los partidos y movimientos, de acuerdo con la Ley de
Bancadas. Ahora sólo se espera que el proyecto continúe
su trámite de estudio y aprobación, y que no corra
la suerte del tristemente célebre proyecto 052, deshonrosamente
sepultado en la pasada legislatura. |
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