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Luego
de la Constitución de 1991, una carta política
que le reconoce a los colombianos una serie de vitales y fundamentales
derechos, se vino para el país la obligación
de convertir esos mandatos constitucionales en realidades
tangibles; para muchos estuvo claro desde el principio, que
la nueva Constitución había establecido: de
un lado, una suma mucho más grande de derechos que
de obligaciones para los nacionales, y de otro, que precisamente
por esto, garantizar la tangibilidad de esos derechos demandaría
inversiones que desbordarían la capacidad política,
económica y social de la Nación; además,
se desconocía que la construcción del nuevo
país desde la nueva constitución, pretendía
cambiar las realidades simplemente por decreto, con nuevas
leyes.
El sistema de salud colombiano no fue ajeno a esa marejada:
con base en la Constitución de 1991 y las leyes 10
de 1990 y 60 de 1993, se sentaron las bases para reorganizar
el sector de la salud, proceso que arrancó con la reforma
establecida por la Ley 100 de 1993. Esta ley entonces, nació
para dar cumplimiento a esos mandatos legales.
Colombia inició así un proceso que no le es
exclusivo: prácticamente en todos los países
del mundo, la preocupación por las reformas en el sector
de la salud es una constante, con las mismas preocupaciones
generales.
Los artífices de la reforma y el mismo gobierno colombiano
de la época, reconocieron que un proceso de esta magnitud
se iba a desarrollar con toda clase de tropiezos y vacíos;
eso, sin descontar que la introducción de la competencia
como principio orientador y regulador, con la irrupción
del sector privado en un ambiente de mercado y globalización,
marcaba la llegada de grandes intereses económicos
al sector de la salud, que por obvia naturaleza, iban a defender
su beneficio particular antes que el bien común.
Fue entonces como a fines de 1994, se contrató una
asesoría con la Escuela de Salud Pública de
la Universidad de Harvard, de E.U., sobre programas, instituciones
y recursos humanos. El Informe Harvard en 1996, denominado
"Puesta en marcha del Plan Maestro Colombiano para la
Reforma de la salud pública", aportó además
un programa para evaluar el progreso de las reformas, con
retroalimentación para realizar ajustes.
Este documento respaldó el trámite del gobierno
colombiano ante el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-,
para solicitar un crédito destinado al desarrollo de
la política en salud, el fortalecimiento institucional
y el desarrollo de los recursos humanos.
El Informe Harvard constituyó la primera "reforma
a la reforma", que posteriormente da origen dentro del
Ministerio de Salud al "Programa de Apoyo a la Reforma
en Salud" -PARS-, el cual a mediados del año en
curso empezó a presentar resultados de sus diagnósticos
y estudios, con propuestas de ajuste para alcanzar las metas
de aseguramiento universal, eficiencia y equidad en el sistema
de salud.
Para tener en cuenta
El mismo estudio señala que la transición estuvo
marcada por una característica de las reformas en América
Latina, como es la falta de continuidad y compromiso institucional
con las metas, ya que terminado el proceso inicial de reglamentación,
el esquema institucional estuvo marcado por cambios continuos
en reglas de juego y en la aplicación de instrumentos
normativos en contradicción con los objetivos y principios
de la Ley 100.
Sin embargo, se destacan los resultados en cobertura, equidad
y eficiencia del proceso de aseguramiento, generando como
contrapartida una segmentación entre afiliados y quienes
no lo están, y una gran diferencia entre instituciones
públicas y privadas.
También reconoce el PARS, que actualmente existe una
crisis institucional en el sector, representada en la debilidad
del Ministerio de Salud y en la existencia de un proceso de
descentralización atomizado y discordante con la estructura
del SGSSS, además de una caída en los procesos
de crecimiento económico, con niveles de desempleo,
subempleo e informalización creciente en el mercado
laboral. Esto dos procesos, agrega el PARS, el institucional
y el de mercado, amplían su radio de acción
a través del reconocimiento de un déficit fiscal
con niveles de endeudamiento del gobierno altos.
Llamado al gobierno
El PARS no solo involucró una millonaria inversión
millonaria en dólares, sino el trabajo de gran cantidad
de recurso humano que en todo el país e incluso con
asesores extranjeros y durante varios años, participó
en la realización de análisis y elaboración
de propuestas. La labor ha estado ahí: en la unificación
de criterios para establecer propuestas de ajuste al sistema
y todavía incluso se trabaja en ese sentido.
Jairo Humberto Restrepo Zea, director del CIE de la Universidad
de Antioquia, hizo un llamado a que el PARS se institucionalice
como una dependencia técnica permanente del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud, para que desde allí
aporte al desarrollo del sistema, y que no sea el gobierno
de turno, el ministro u otro tipo de intereses, los que contraten
estudios. El punto es que no dependa del Ministerio de Salud,
eso es fundamental, porque todo el sector salud así
lo ha reclamado, concluyó Restrepo Zea.
Juan Guillermo Maya, ex secretario de salud de Antioquia,
indicó que el país se está demorando
en tomar determinaciones, porque al plantear reorganización
del sistema de salud, en realidad se dice que no se cumplieron
los objetivos del sistema y que eso sería lo que se
debe buscar, en los términos que la economía
y el empleo del país lo permitan.
David España, directivo del área de la salud
en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, señaló
que es necesaria una veeduría y una presión
sobre el Estado desde el sector público y de todos
los entes interesados en el sector salud, para que realmente
las propuestas se lleven a cabo, porque para ello falta mucha
voluntad política.
El Centro de Gestión Hospitalaria recomendó
volver a pensar en los grandes propósitos que direccionan
el sistema e integrar allí las propuestas de mejoramiento,
y generar confianza entre los actores, que está de
buena manera mancillada por posiciones gremiales aparentemente
irreconciliables.
Y en proyectos de recursos humanos en salud, pocos países
de América poseen la cantidad y calidad de información
generada en Colombia, que debe ser aprovechada.
Hay entonces consenso en el sector salud, de que está
abierta la necesidad de crear, como parte de las políticas
de Estado, no de gobierno, mecanismos que hagan posible impulsar
la acción conjunta de los sectores involucrados en
el desarrollo del PARS, para producir los cambios que se recomiendan
y lograr además la participación en ellos de
la sociedad en general, una necesidad que reclama no solo
buena voluntad sino acciones en el tiempo y el espacio para
poder garantizar a los colombianos, su derecho constitucional
a la salud como promesa de supervivencia.
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