MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 280 ENERO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Se estima que más de 1 000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Esa cifra corresponde aproximadamente al 15 % de la población mundial; de hecho, hasta 190 millones (3,8 %) de las personas de 15 o más años tienen dificultades considerables para funcionar y requieren con frecuencia servicios de asistencia sanitaria. Lo más grave es que este número está aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.
En Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 (la última en ser publicada), el número de personas con discapacidad entre la población general es de 9.8 % y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podría ser de hasta el 15 % debido al subregistro, por lo cual la inclusión social se vuelve tema principal en la agenda.
Teniendo en cuenta cifras del Dane (2018) en Colombia hay alrededor de 3´134.036 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias. Por esto es fundamental romper con las barreras de accesibilidad en la infraestructura, y adoptar las normas internacionales al respecto que muchas veces se omiten en las inversiones públicas.
Para el 2021, según la información entregada por la entidad, el 7,2 % de la población dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio de personas con discapacidad. Esto indica que la cifra ha crecido en los últimos años, pues de acuerdo al censo del 2005, los colombianos con discapacidad constituían el 6,4 %.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “La discapacidad es sumamente heterogénea. Si bien algunos problemas de salud vinculados con la discapacidad acarrean mala salud e importantes necesidades de asistencia sanitaria, eso no sucede con otros. Sea como fuere, todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria”.
Los registros administrativos del MSPS estiman que, a agosto de 2020 en Colombia, cerca de 1,3 millones de personas presentaban alguna discapacidad. De este total, el porcentaje que se encuentra afiliado al SGSSS es del 76,8 %, mientras la tasa de afiliación de la población general es del 95 %. El 70,3 % de las personas con discapacidad pertenecen al régimen subsidiado. Las personas con discapacidad registradas en Colombia, se concentran principalmente en Bogotá (18,3 %), Antioquia (13,8 %), y Huila (5,1 %) Santander (4,7 %), y Cali (4,2 %).
Otras características son que la mayoría son adultos mayores (39 %). El 15 % manifestó ser víctima del conflicto armado. El 3,8 % declaró pertenecer a un grupo étnico. De estos, el 72,6 % es indígena, el 26,8 % se reconoce como afrodescendiente, raizal o Palenquero y el 0,52 % como Rrom. El origen de la discapacidad más frecuente según el RLCPD (herramienta que recoge vía web información sobre dónde están y cómo son las personas con algún tipo de discapacidad residentes en Colombia), son la enfermedad general y los accidentes. De acuerdo con datos de la morbilidad atendida en 2020 se observó un incremento de personas con discapacidad que acudieron a los servicios de salud por problemas relacionados con trastornos mentales.
Según estableció la OPS es importante “garantizar acceso a servicios sanitarios eficaces de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Realizar una amplia variedad de modificaciones ambientales y adaptaciones (ajustes razonables) para facilitar el acceso a los servicios de asistencia sanitaria. Por ejemplo, cambiar la configuración de los dispensarios para que las personas con dificultades de movilidad puedan tener acceso y garantizar la accesibilidad de toda la información sobre salud pública.
También la entidad recomendó la necesidad de potenciar la autonomía de las personas con discapacidad para que mejoren su salud proporcionándoles información, capacitación y apoyo de otras personas en la misma situación. “Promover la rehabilitación de ámbito comunitario para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios existentes. Reconocer a los grupos que necesitan modelos alternativos de prestación de servicios, por ejemplo, servicios focalizados o coordinación asistencial para mejorar el acceso a la asistencia sanitaria”.
Para 2018, según informó el Minsalud se brindaron 19´836.107 atenciones en salud a personas con discapacidad, un aumento significativo frente a los 14´506.335 en 2017, y los 10´671.863 en 2016.
740.462 (51 %) de las personas con discapacidad en el RLCPD, recibieron al menos una atención en salud, de ellas, 399.862 (54 %) fueron mujeres y 333.960 (46 %) hombres. 415.230 (56 %) eran mayores de 55 años de edad.
A su vez la entidad señaló: “Es importante conocer también que se cuenta con 873 equipos multidisciplinarios formados y cerca de 6 000 profesionales en salud con competencia para la implementación de la Certificación y Registro de Discapacidad”.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la discapacidad afecta a personas de cualquier población. Frente a ello, el ICBF reiteró su compromiso en la atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a través del programa “De Tú a Tú”, para continuar los servicios de atención a esa población en diciembre y todo el 2022.
“Para el ICBF es una prioridad entender y saber que hay una corresponsabilidad efectiva y una necesidad de trabajar con las demás instituciones en el sector educativo y el sector salud, para que esos niños y niñas tengan un proyecto de vida digno y sostenible”, indicó Lina Arbeláez, directora general del ICBF.
Según datos entregados, durante la pandemia se hizo el seguimiento virtual a 299.806 personas, 411.885 acompañamientos telefónicos y 13.558 visitas domiciliarias.
De otro lado, haciendo énfasis en la atención a la población general con discapacidad, la OMS indicó que los gobiernos deben asegurar que estas personas “siempre tengan acceso a servicios de salud, agua y saneamiento, así como a la información de salud pública que necesiten”. Teniendo en cuenta que el 14,1 % de ellas tiene acceso a fuentes de agua no convencionales mientras que el 85,7 % tiene acceso a fuentes de agua convencionales (acueducto), el no acceso a dichos servicios se convierte en un obstáculo para emplear las medidas básicas de higiene incluyendo la desinfección frecuente de los dispositivos de ayuda (bastón, silla de ruedas, caminador) que se toquen a menudo o se usen en sitios públicos.
Una problemática extra podrían ser las situaciones de vulnerabilidad por morbilidad y ciclo vital, ya que el 16,49 % de las personas con discapacidad presentan problemas cardíacos o respiratorios que dificultan la realización de sus actividades diarias, además, 14,92 % de 60 años o más, vive en hogares unipersonales, lo que se vuelve un peligro mayor al tener en cuenta que estos grupos presentan mayor riesgo en la actual pandemia.
Otro problema es la posible interrupción en las redes de apoyo, pues ante la crisis actual, se hace más necesario el apoyo de otras personas, ya sea por las imposibilidades de desplazamiento propias del aislamiento o por el aumento de la carga de trabajo ante las dificultades. La afectación es grande si se considera que el 34,62 % recibe ayuda de otras personas para realizar sus actividades básicas diarias y que 41 mil hogares colombianos reciben ayuda de personas externas al hogar.
Adicionalmente, existen dificultades para mantener el distanciamiento social debido al apoyo adicional que necesitan o porque están institucionalizadas, la necesidad de tocar cosas para obtener información del entorno o para apoyarse físicamente, y los obstáculos para acceder a la atención de los problemas de salud preexistentes que subyacen con la discapacidad.
Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “en el último año nuestros esfuerzos se han centrado en atender a las personas con discapacidad porque el COVID-19 agravó los problemas de acceso a la salud, a los programas sanitarios y a la información relacionada con estos, poniendo en alto peligro el derecho a la salud o aumentando las tasas de mortalidad de esta población”.
Y concluyó: “además de la salud, las personas con discapacidad han tenido durante la pandemia significativos problemas que los afectan. Por ejemplo, en relación con la propia subsistencia y considerando el alto grado de informalidad laboral que padecen, un alto número de estas personas se han visto privadas del acceso a unos mínimos apoyos financieros, a ayudas alimentarias, e incluso, al ejercicio de actividades que venían ejerciendo como servicios varios o las ventas ambulantes”.
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