MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 280 ENERO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Colombia enfrenta grandes retos que amenazan el desarrollo no solo en términos económicos sino también de salud pública. Factores como el desplazamiento de población de las zonas rurales a las zonas urbanas, la degradación ambiental y el cambio acelerado del uso del suelo amplifican dichos retos. Estas condiciones socio económicas, determinadas por la propensión del país a la ocurrencia de fenómenos naturales, tales como sismos, inundaciones y deslizamientos, entre otros, y a los cuales se les suman las acciones humanas y las condiciones variantes del clima, confirman un proceso continuo de constru-cción y acumulación de riesgos.
Según la Organización Panamericana para la Salud (OPS), el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. “La salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos (olas de calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del mar) e impactos indirectos (enfermedades de las vías respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición y desplazamientos forzados)”.
Por ello, la entidad ha sido enfática en que es importante preparar los sistemas de salud a través de alertas tempranas, tener una mejor planificación y la implementación de medidas de prevención y adaptación. A esto se debe sumar la toma de conciencia sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases que causan el cambio climático, y que se generan desde el sector salud.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) expresó: “La reducción de la mortalidad y del número de personas heridas y desplazadas y que pierden sus medios de vida nunca ha sido más difícil que ahora, debido a la magnitud de la pandemia del COVID-19 y la creciente emergencia climática. El riesgo de desastres, cuya naturaleza es cada vez más compleja y sistémica, está menoscabando los esfuerzos dirigidos a lograr en términos generales la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, especialmente la erradicación de la pobreza y del hambre, así como el resto de los ODS.
Por eso, además de los esfuerzos por conocer los riesgos, mitigarlos y responder a las emergencias y desastres, se debe aumentar la cooperación internacional para fortalecer las capacidades de los territorios que resultan afectados por el clima, para que comiencen con las prioridades de adaptación sostenible que aumentan la resiliencia y reduzcan el riesgo.
Según fuentes oficiales, en Colombia las políticas y planes sobre gestión de riesgo de desastre se han enfocado tradicionalmente en la atención y el manejo del mismo. “No obstante, a partir de la Ley 1523 de 2012 y la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre se ha empezado a trabajar fuertemente en la prevención, haciendo especial énfasis en la gestión del riesgo por medio de la planificación”. Sin embargo, se ha desconocido en gran medida el papel de los ecosistemas en la gestión y en la reducción del riesgo, pues los territorios en general no se han planificado considerando el papel que cumplen. “En términos generales, la gestión territorial no se ha planteado de manera sistémica, es decir, teniendo en cuenta que la sociedad y la naturaleza están estrechamente relacionadas y son interdependientes”.
Carlos Carmago, Defensor del Pueblo, pidió al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y a las autoridades locales, departamentales y nacionales, que acojan las medidas necesarias para prevenir afectaciones producto de sucesos naturales, las cuales pongan en peligro a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que en la mayoría de los casos son de bajos recursos.
“De no atender las instrucciones de los comités territoriales de gestión del riesgo, los cuales deben establecer medidas para el conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de los desastres, las poblaciones que habitan en zonas de alto riesgo de todo el país enfrentarán enormes dificultades que amenazan con vulnerar sus derechos, su integridad y sus vidas”, concluyó el funcionario.
En relación con el cambio climático, el sector salud tiene un papel importante que desempeñar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La OPS señaló que “deben realizarse inversiones para “ecologizar” las instalaciones para la atención de salud, con el uso de paneles solares, equipos de eficiencia energética y gestión de residuos. A nivel mundial, solo alrededor del 0,5 % de la financiación climática multilateral se ha atribuido a proyectos en el sector salud”.
“Las instalaciones de atención médica necesitan ser seguras y permanecer operativas durante y luego de desastres. En las Américas un 67 % de las instalaciones de atención médica están ubicadas en áreas proclives a desastres. En la última década, 24 millones de personas quedaron sin acceso a la atención médica por meses debido a daños de la infraestructura”.
En cuanto a las cifras de desastres presentados en Colombia, la Contraloría General de la República reveló el diagnóstico nacional de seguimiento a las calamidades durante el primer semestre de 2021, el cual revela datos importantes y deja ver que este tipo de emergencias aumentaron en los primeros seis meses de 2021 en comparación con el 2020.
“Las declaratorias de situación de calamidad pública a nivel departamental aumentaron en un 225 %, pasando de 4 en el 2020 a 13 en el primer semestre de 2021 y, en el caso municipal, se presentó una variación del 118 % (con un incremento de 95 a 208)”, asegura el órgano de control.
De acuerdo con las cifras oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para el primer semestre del año se contabilizaban 48.748 familias, equivalentes a 123.013 personas, afectadas por emergencias y calamidades.
Es importante aclarar y tal como lo evidenció la CGR, que en el año 2020 se presentaron 185 declaratorias de calamidad, de las cuales 86 se realizaron para la atención de la emergencia por la pandemia del COVID-19, equivalentes a un 46,48 %. Los departamentos donde se presentó mayor número de decretos de declaratorias de calamidad son: Córdoba, con 1 a nivel departamental y 28 municipal; Antioquia, 1 departamental y 22 municipales; Cauca, 1 departamental y 15 de sus municipios; Putumayo con 14 municipales; y Caquetá y Meta con 13 decretos municipales.
A corte del 30 de junio de 2021, la UNGRD reportó para atención de calamidades una inversión por órdenes de proveeduría de $10.481 millones, de $315 millones del Fondo de Inversión Colectiva y de $4.799 millones por órdenes de contratación expedita, para un total de $15.596 millones.
A través de estas órdenes de proveeduría por $10.481 millones, la UNGRD atendió desastres y calamidades en 14 departamentos y 36 municipios, siendo Risaralda, Arauca y Nariño, los territorios en los que se invirtieron mayores recursos. A través de los Fondos de Inversión Colectiva, la entidad transfirió recursos a dos municipios: Puerto Asís (Putumayo), $214 millones, y Vistahermosa (Meta), $101 millones.
La Comisión Económica para América Latina y El caribe (CEPAL) calcula que en los países de América se perdieron más de US$3.120 millones en un periodo de 15 años por causa de los daños a la infraestructura sanitaria. Se estima que las pérdidas indirectas son considerablemente mayores cuando se mide el aumento de los costos sanitarios para los millones de personas que quedaron sin servicios de salud durante un período prolongado.
Asimismo, en estudios realizados por la OPS se demuestra que los costos de reforzamiento de la infraestructura de salud son relativamente bajos cuando se les compara con el costo de la inversión que se protege. La medida de la rentabilidad de esta inversión se obtiene comparando este costo con el monto de las pérdidas económicas y humanas que ocasionaría un desastre en caso de no llevarlas a cabo.
El análisis de costo-beneficio de la mitigación ante desastres varía, y depende del evento adverso, del tipo de edificación, así como del momento de la intervención, pues cuanto más pronto se integren las medidas de seguridad en el proceso, más económicas resultan. Es así que, por ejemplo, la inclusión de consideraciones de seguridad frente a los terremotos en la planificación de nuevos establecimientos puede incrementar alrededor de un 2 % al costo total (infraestructura y equipamiento), mientras que el reforzamiento de los establecimientos existentes para resistir terremotos, por ejemplo, puede costar un promedio de entre 8 % y 15 % del costo total.
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