La Corte Constitucional de Colombia ha tomado una medida cautelar que impacta significativamente en el financiamiento de la salud en el país. Esta medida surge en respuesta a la preocupación por la posible disminución de la calidad y accesibilidad de los servicios de salud para los usuarios del sistema.

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional ha decretado esta medida cautelar tras identificar dos normas que podrían afectar negativamente la atención en salud de los afiliados al sistema. Se trata de los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023, los cuales establecen que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben destinar al menos el 5 % de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la operación de Equipos Básicos de Salud en los territorios.

La Corte ha expresado su preocupación sobre cómo este recorte de recursos podría impactar la prestación de servicios de salud, argumentando que podría poner en riesgo la cobertura de servicios y tecnologías actualmente respaldados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y la UPC.

En palabras de la Corte Constitucional, “la destinación del 5 % para la operación de equipos básicos en salud podría representar una disminución en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, según un boletín de prensa emitido por el alto tribunal.

Además, la Corte ha cuestionado la falta de estudios técnicos que sustenten la decisión de destinar el 5 % de la UPC a equipos básicos de salud, así como la ausencia de una fuente adicional para compensar el vacío dejado por este recorte.

En este sentido, la Corte ha decretado la inaplicación de los artículos mencionados, así como del artículo 10 de la Resolución 2366 de 2023, que establece las obligaciones de las EPS con respecto a la financiación de servicios y tecnologías en salud.

Es importante destacar que esta medida cautelar permanecerá vigente hasta que el Consejo de Estado se pronuncie al respecto, determinando la legalidad y constitucionalidad de los artículos en cuestión.

La reacción a esta decisión ha sido mixta. Mientras algunos congresistas celebran la medida, destacando su preocupación por el impacto negativo en la atención de la salud, otros, como la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, la ven como una forma de preservar los recursos y evitar un posible deterioro en la calidad de los servicios de salud.

“Habíamos advertido que la destinación de 5 % de la UPC a la operación de equipos de salud ponía en riesgo el financiamiento de las demás atenciones del sistema. Hoy la Corte Constitucional se pronuncia para ordenar la inaplicación de esta disposición. La correcta financiación del sistema debe ser el punto número uno en la agenda de los actores”, enfatizó Ana María Vesga, directora de Acemi.

La anulación de esta norma aparece en el marco de la discutida reforma de salud propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual apuntaba, entre otros objetivos, a priorizar la atención primaria y eliminar la intermediación de las EPS en el proceso de pago de los servicios de salud. Este proyecto, en su versión inicial, no logró avanzar en el Congreso y fue finalmente hundido.

Además, el Ministerio de Salud anunció recientemente que en Bogotá se pondrán en operación 90 equipos básicos de salud, con el objetivo de atender a 108 000 hogares en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

De acuerdo con el Ministerio, estos equipos son unidades operativas esenciales que ejecutan acciones de manera continua y organizada, proporcionando atención integral en salud a las personas. En concreto, se trata de grupos de profesionales de la salud que visitan hogares para identificar necesidades y prevenir enfermedades en la población, ofreciendo cuidados y atenciones directamente en las comunidades.

Frente a este revés legislativo, el presidente Petro anunció que el proyecto será reintroducido en el Congreso con un mensaje de urgencia. Diversos actores del sistema de salud comenzaron a proponer alternativas para mejorar la viabilidad económica del sistema. Entre estas propuestas destacan algunas como la de Sura, que sugiere que el Gobierno debería asumir el riesgo financiero derivado de la atención sanitaria.

Este planteamiento se basa en la preocupación de las aseguradoras por la constante disparidad entre los ingresos y los gastos, argumentando que los recursos entrantes no aumentan al mismo ritmo que la demanda de atención de los 51 millones de afiliados en Colombia.

Actualmente, el Gobierno asume la gestión de la salud para el 50 % de los usuarios en el país, cifra que aumentó a raíz de la intervención de siete EPS, incluyendo a Nueva EPS y Sanitas, las más grandes en términos de número de afiliados.