Instituido por la Ley 100 de 1993 en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social define a la Seguridad Social como un derecho irrenunciable, que reúne de manera coordinada los sistemas de pensiones, salud y de riesgos laborales, así como los servicios sociales complementarios. Estos sistemas se encuentran interconectados, especialmente los dos primeros, como resultado de la reforma pensional liderada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Conforme a lo establecido en los documentos, el Sistema General de Pensiones tiene como propósito proteger a la población contra las consecuencias ocasionadas por la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones dispuestas en la Ley 100, la cual establece además que los integrantes del sistema de seguridad social tienen derecho a acceder a servicios de salud de manera oportuna y de calidad. En otras palabras, los empleados que cotizan al sistema de pensiones también se encuentran protegidos por el sistema de salud, asegurando de esta forma su atención y el acceso a servicios médicos y hospitalarios en el momento en que lo requieran.

Componentes claves

El proyecto de reforma pensional, actualmente en discusión en el Congreso de la República, surge como respuesta a los desafíos demográficos y financieros que enfrenta el sistema de seguridad social en Colombia. Entre los principales cambios propuestos se menciona la creación de un sistema de cuatro pilares: el solidario, el contributivo, el semicontributivo y el ahorro voluntario. También se contempla una reducción en las semanas mínimas requeridas para que las mujeres se pensionen en el país, así como un aumento en la cobertura de protección real a la vejez, mediante tres mecanismos: renta solidaria, renta vitalicia y pensión.

En la actualidad, las personas que no logran acumular las semanas necesarias para pensionarse, pero sí realizaron aportes, reciben una devolución del dinero que ahorraron, más intereses para los fondos y un ajuste por inflación para aquellos que están en Colpensiones. La reforma reemplazaría este proceso por un ingreso estable por el resto de su vida, basado en las contribuciones que realizaron. Este cambio se aplicará a aquellos que cotizaron entre 300 y 1 000 semanas. Además, quienes se encuentren en condición de pobreza podrían recibir el beneficio del pilar solidario.

En relación con esto, Camilo Cuervo, abogado socio de Holland & Knight, hizo una sucinta explicación sobre sus preocupaciones frente al manejo de los recursos en cuanto se debate el subsidio a los adultos mayores. “El Gobierno aspira a acceder a $400 billones que actualmente están ahorrados en las cuentas individuales que pertenecen a los trabajadores”.

Otro cuestionamiento fue realizado por el senador del Partido Radical, David Luna, al enfatizar que la reforma pensional “expropia los ahorros de los colombianos”. Esta alocución fue respaldada por el activista en redes sociales Julio César Iglesias, promotor de la campaña #NoCon- MiAhorro, quien aseguró que “todas las cotizaciones por debajo de cuatro salarios mínimos irían a Colpensiones de manera obligatoria. Desde el punto de vista económico/ financiero, lo relevante al final es que se trata de una confiscación”.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró que “la reforma pensional va en sentido correcto, pues permite corregir algunos factores, como la cobertura de la población”. Dado que existen preocupaciones sobre el impacto fiscal, según los cálculos del centro de estudios, si la iniciativa de ley se aprueba tal como está, el valor neto del sistema de protección pasaría de $119.9 billones a $184.5 billones, lo que representaría un incremento del pasivo pensional en $64.6 billones.

Acciones desde la salud

El Ministerio de Salud comunicó que los pensionados que reciben hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes: a partir del 1° de enero de 2024, sus aportes a salud disminuirán del 12 al 10 por ciento, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”.

La medida entró en vigor con la emisión de la Resolución 1271 de 2023, del Ministerio de Salud y Protección Social.

La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) fue ajustada para que los pensionados que ganen una pensión entre 1 millón 300 mil pesos y 3 millones 900 mil pesos reciban este beneficio.

Esto implica que los jubilados dentro de este rango de ingresos reciben un ingreso adicional en cada pago mensual, lo que les permite ahorrar más y mejorar sus condiciones de vida tanto para ellos como para sus familias.

Este ajuste se realizó conforme al artículo 78 de la Ley 2294 de 2023, la cual establece que el “aporte a salud a cargo de los pensionados que ganen entre dos y tres salarios mínimos se reducirá del 12 al 10 por ciento, comenzando a regir a partir de 2024 una vez sea reglamentado por el Gobierno nacional”.

Perspectivas financieras

En medio de debates legislativos y consideraciones políticas, la transformación en el sistema de pensiones ha generado una intensa discusión en Colombia, especialmente en lo que respecta a sus implicaciones para el sistema de salud al ser aspectos determinantes en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Los cambios en el sistema de pensiones podrían tener repercusiones significativas en el acceso de los ciudadanos colombianos a los servicios de salud. Por ejemplo, las mujeres que poseen ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente y no se encuentren afiliadas al sistema de salud, ya sea como beneficiarias o en el régimen subsidiado, podrán efectuar sus aportes al pilar contributivo por un salario mínimo legal mensual vigente, a través de un tercero sin necesidad de realizar el aporte obligatorio en salud.

La sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia también es fundamental para asegurar su eficaz funcionamiento a largo plazo. Esto cobra especial importancia, puesto que las personas cuidadoras de individuos con discapacidad, que no disponen de ingresos propios debido a su labor de cuidado, serán beneficiarias de la renta básica solidaria, establecida en la Ley 2297 de 2023.

Asimismo, el Sistema de Protección Social en Salud y el Sistema de Protección Integral para la Vejez pretenden brindar a los ciudadanos una herramienta tecnológica que facilite el acceso, calidad y sostenibilidad a los servicios de salud en los territorios rurales.

La reforma pensional ha sido elogiada por algunos, como Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo, quien la considera necesaria para corregir deficiencias en la cobertura de la población. Pero hay preocupaciones sobre su impacto fiscal. Según cálculos, si se aprueba tal como está, el pasivo pensional aumentaría significativamente.

Se ha propuesto un esquema de pilares en la reforma, donde el pilar solidario, el semicontributivo y el contributivo tendrían diferentes impactos económicos. Reducir el umbral del pilar contributivo podría generar un ahorro fiscal sustancial, según el análisis de Anif.

En cuanto a la preocupación sobre el manejo de los recursos, se destaca el objetivo del Gobierno de acceder a una gran cantidad de dinero que actualmente está en cuentas individuales de trabajadores. Esta inquietud se intensifica en el debate sobre el subsidio a adultos mayores y personas sin ingresos.

Consideraciones finales

El análisis de la Contraloría General de la República sobre la reforma pensional en Colombia destaca la falta de atención a la creación de empleo formal y la reducción de la informalidad laboral, aspectos que impactan la capacidad del sistema para proporcionar una protección social adecuada. Además, señala que la exclusión de los regímenes especiales en la reforma podría afectar la equidad y eficiencia del sistema.

La propuesta de la reforma busca ampliar la cobertura pensional mediante un pilar solidario gestionado por el Ministerio del Trabajo, pero la Contraloría cuestiona esta medida al no tener en cuenta la experiencia de entidades como Colombia Mayor en la gestión de subsidios similares. También expresa preocupación por la limitación de las cotizaciones a salarios y rentas de capital, sin considerar otras fuentes de ingresos.

En términos de equidad, la reforma reduce los subsidios para altos ingresos pero mantiene un subsidio uniforme para todos los trabajadores hasta cierto umbral salarial, beneficiando a una amplia base de la población.

El informe también examina la viabilidad financiera de la reforma, expresando preocupación por el aumento proyectado en los costos, que podrían representar una carga significativa para el Estado en el futuro. Destaca la importancia de definir umbrales adecuados para garantizar derechos pensionales sin exceder la capacidad de financiamiento del sistema.

Además, plantea desafíos relacionados con la financiación del seguro y la continuidad de las rentas vitalicias, lo que podría aumentar el costo fiscal y afectar la distribución de recursos para pensiones. Se enfatiza la necesidad de una mayor precisión en varios aspectos de la propuesta para comprender su impacto a largo plazo en el sistema pensional y en los recursos del Estado.