El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que las EPS intervenidas podrían ser liquidadas, lo que agrava la crisis del sistema de salud en el país. Según el séptimo boletín del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, el sistema presenta una fragilidad estructural como resultado de millonarias pérdidas, déficit presupuestario y un creciente descontento ciudadano.

Las cifras presentadas en el informe reflejan el deterioro de la estabilidad económica de las EPS. Al cierre del tercer trimestre de 2024, estas entidades acumulaban pérdidas operativas de $3.1 billones, siendo el régimen contributivo el principal afectado, al representar el 64 % del déficit. Además, su patrimonio total registró un saldo negativo de $7.1 billones, lo que evidencia un proceso de descapitalización que amenaza la sostenibilidad del sistema.

Así Vamos en Salud advierte que “el déficit patrimonial refleja una crisis estructural que debe ser atendida con urgencia”.

Un punto crítico en esta situación es el manejo financiero de la Nueva EPS, que concentra el 23 % de los afiliados al sistema y fue intervenida en abril de 2024. El informe resalta que la falta de información completa ha dificultado la planificación y el cálculo preciso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), elemento esencial para la financiación del sistema de salud.

Aumento en quejas y tutelas por fallas en el sistema

El acceso a los servicios de salud sigue presentando barreras significativas para los colombianos. En noviembre de 2024, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) superaron los 1.4 millones, lo que representa un incremento del 20,07 % en comparación con el mismo período de 2023. De estas, el 91 % están relacionadas con dificultades para acceder a servicios y tecnologías de salud.

El uso de mecanismos judiciales también aumentó considerablemente. En comparación con 2023, el número de tutelas por asuntos de salud creció un 25,4 %. “Los colombianos dependen cada vez más de las tutelas para acceder a servicios esenciales de salud”, señala el informe.

Advertencia del ministro

Si bien Jaramillo no especificó cuáles EPS estarían en riesgo de liquidación, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), advirtió que aquellas intervenidas en 2024 podrían enfrentar este destino.

Vesga destacó la falta de soluciones técnicas y el deterioro en la calidad del servicio: “Lo que estamos viendo con objetividad es un escenario de confrontación política en el que definitivamente el Gobierno no quiere entrar en una conversación técnica, que es en la que hemos insistido todos los actores desde el inicio de este Gobierno”.

Además, criticó la postura gubernamental respecto a la crisis financiera del sistema de salud: “Hay un desconocimiento total del funcionamiento mismo del sector, tantas cifras que no son ciertas, tantas afirmaciones sin sustento técnico y tantos errores, que uno se sorprende, porque finalmente son decisiones sobre la vida de las personas”.

Subrayó que el Ejecutivo ha negado la problemática financiera y que esto dificulta la búsqueda de soluciones. “Mientras esto no se reconozca, será difícil encontrar soluciones para los pacientes que hoy enfrentan dificultades para recibir medicamentos y atención”.

EPS en riesgo de liquidación

Según Vesga, las EPS intervenidas en 2024 son las que presentan mayores problemas económicos y podrían ser liquidadas. “La pérdida total de las EPS el año pasado fue cercana a los $9.6 billones y, de esa cifra, el 70 % corresponde a pérdidas de las EPS intervenidas. Estas entidades no tienen hoy reserva técnica y han mostrado, durante este año de gestión en que han estado a cargo del Gobierno, un detrimento muy importante”, explicó.

Las EPS que estarían en riesgo incluyen:

• Nueva EPS
• Sanitas
• Famisanar
• Savia Salud
• Asmet Salud
• SOS (Servicio Occidental de Salud)
• Emssanar
• Coosalud

Consecuencias de las liquidaciones y el desafío para el Gobierno

La posible liquidación de las EPS mencionadas plantea preguntas complejas sobre el futuro del sistema. Sin alternativas claras que garanticen la cobertura de los servicios de salud, millones de colombianos podrían quedarse sin acceso a atención médica en caso de que las EPS cesen operaciones.

Persiste la incertidumbre sobre los pasos que deberá tomar el Ejecutivo para responder a esta crisis sanitaria y financiera. Con la mediación técnica y la inclusión de los actores clave del sistema, el panorama podría cambiar, pero aún no hay señales claras de soluciones en el horizonte.

Déficit en el presupuesto de 2025

El panorama financiero para 2025 es poco alentador. El presupuesto del sistema comenzó el año con un déficit de $9.2 billones. A pesar de ello, el incremento aprobado para la UPC fue de solo un 5,36 %, cifra muy inferior al 16,9 % que, según expertos del sector, era necesario para enfrentar las presiones inflacionarias y garantizar el acceso a servicios básicos.

Así Vamos en Salud alertó sobre los efectos de esta decisión: “El desfinanciamiento inicial del presupuesto para 2025 afecta gravemente la respuesta del sistema de salud”.

Además, el Presupuesto Máximo asignado para 2025 asciende a solo $502.000 millones, una reducción drástica frente a los $2.3 billones ejecutados en 2024. Esto limita la posibilidad de cubrir el déficit acumulado de años anteriores, del cual solo $1 billón será financiado.

Falta de información y problemas en la gestión

Entre 2022 y 2024 varias EPS fueron intervenidas, lo que afectó la calidad de los procesos internos y la transparencia en los reportes de datos financieros. La situación de la Nueva EPS es un reflejo de este problema, ya que la intervención ha impedido la toma de decisiones financieras basadas en información real.

Según el informe, es necesario hacer un esfuerzo adicional para calcular de manera técnica la demanda de servicios y tecnologías de salud y así priorizar los recursos estratégicamente.