Detectan facturas represadas y amplían intervención a Nueva EPS

Por: Andrea Ochoa Restrepo

elpulso@sanvicentefundacion.com

La Superintendencia Nacional de Salud informó que la medida de intervención forzosa administrativa que rige sobre la Nueva EPS se prolongará por un año más. Esta decisión se basa en la persistencia de incumplimientos normativos tanto en materia financiera como en la prestación de servicios a los afiliados, motivos que justificaron su intervención inicial el 3 de abril de 2024.

El Gobierno nacional, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, justificó la intervención argumentando problemas financieros y administrativos graves que impedían el funcionamiento adecuado de la entidad, además del aumento constante en las quejas de los usuarios y deudas superiores a los $2 billones.

A pesar de haber transcurrido un año desde que el Gobierno asumió el control de la EPS más grande del país —que cuenta con 10.8 millones de afiliados—, la situación no ha mostrado mejoría. Por el contrario, las quejas de los usuarios se han incrementado y los problemas con hospitales y clínicas por falta de pagos continúan, siendo el caso de Antioquia uno de los más críticos. Todo esto ha estado acompañado de una marcada opacidad en la gestión de la información.

La entidad señaló que, hasta la fecha, la aseguradora no ha entregado los estados financieros requeridos, por lo que reiteró el llamado a que los publique cuanto antes. “Como resultado de la medida de intervención, se espera que en el mes de abril el actual interventor publique los estados financieros de la vigencia 2023, tal como lo indicó esta EPS”, expresó la Supersalud en un comunicado.

Sin embargo, el panorama no ha cambiado favorablemente. Las cifras de la Superintendencia revelan que en 2024 se presentaron 358.316 reclamos contra la aseguradora, un aumento de casi 30 % en comparación con los 277.033 reportados en 2023. Solo entre enero y febrero de 2025 ya se habían radicado 81.455 quejas.

La deuda de la Nueva EPS con las IPS tampoco se ha contenido. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, para junio del año pasado la entidad debía alrededor de $4.2 billones a prestadores de servicios de salud, de los cuales $2.2 billones estaban en mora, es decir, el 53 %. Esta cifra ha seguido creciendo, obligando a más prestadores a cesar la atención a los afiliados.

En este sentido, la Fundación Cardiovascular de Colombia y el Hospital Internacional de Colombia anunciaron la suspensión de servicios. Según su presidente, la deuda con la fundación asciende a más de $106.000 millones.

En Medellín, los problemas financieros de la EPS han generado medidas drásticas. El 27 y 28 de marzo, la Clínica Bolivariana informó que dejaría de atender a los afiliados de Nueva EPS tras duplicarse las deudas. Según datos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), propietaria de la clínica, el monto pasó de $19.589 millones en 2024 a $43.663 millones al 28 de febrero de este año. La Clínica del Prado también decidió suspender la atención, argumentando que la EPS mantiene deudas de varios meses, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del centro asistencial. Aunque no se especificó la cifra exacta, se presume que el escenario es similar al de la Clínica Bolivariana.

El interventor de la Nueva EPS, Bernardo Camacho, reveló que durante la intervención se encontró un represamiento de 12 millones de facturas por servicios prestados por IPS desde 2023 hacia atrás, que suman cerca de $4.3 billones. Esta situación, explicó, se originó por fallas significativas en los procesos de facturación y gestión de pagos. Según Camacho, el acumulado se debe en buena parte a las decisiones adoptadas por las administraciones anteriores en la forma de ordenar los pagos, aunque también influyeron factores estructurales que han afectado el funcionamiento de la entidad.

Entre las causas estructurales mencionadas por el interventor se encuentra la práctica de realizar pagos basados en promedios de radicación mensual y no sobre facturación verificada. En sus palabras: “Pagos a las IPS conforme a los promedios de radicación mensual de la facturación presentada y no por la facturación procesada y auditada que se registraba en la contabilidad”.

Adicionalmente, Camacho expuso que en junio de 2024 “se evidenció que los archivos RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud), una vez se incluían en las tablas de las bases de datos, eran borrados. Lo que no permitió contrastar la información en los tiempos de intervención y poder dar cierre a los estados financieros”.

Otro aspecto que influyó en la congestión de facturas fue la falta de soporte tecnológico en el sistema utilizado. “El sistema empleado para procesar facturas de servicios de salud no contaba con soporte tecnológico, lo que hacía su gestión operativa/manual, repercutiendo en la integridad de la información y los tiempos. Allí reposa parte de la demora en el proceso”, concluyó.

Es de recordar que, durante la primera semana de abril de 2024, además de la intervención a Nueva EPS, también se intervino a EPS Sanitas y se conoció la intención de Compensar de abandonar el sistema. Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno no han dado los resultados esperados. La administración de la entidad ha sido cuestionada por la falta de transparencia y el aumento en los indicadores negativos.

A los problemas financieros se suma la crisis en la entrega de medicamentos. En marzo se registraron largas filas y aglomeraciones en ciudades como Cali, Pereira y Bogotá, donde los pacientes pasaron horas esperando para acceder a sus medicinas.

En el Congreso también se ha criticado el manejo de la EPS bajo intervención, denunciando dificultades para obtener información financiera. La representante Jennifer Pedraza (Dignidad) afirmó que “ganamos la tutela contra esta EPS por esconder información sobre sus deudas con hospitales y gestores farmacéuticos. Esta es la EPS más grande manejada por el Gobierno y debe responder en 48 horas. El debate de la salud debe ser transparente y con información rigurosa”.

El representante Andrés Forero (Centro Democrático) también se pronunció, indicando que desde marzo del año pasado no se conoce información financiera actualizada. Según sus denuncias, tras la intervención, “los pagos atrasados por más de 180 días alcanzaron los $64.000 millones”, afectando a más de 8.500 pacientes. En sus palabras, “hay que decir que la intervención termina siendo un remedio peor que la enfermedad”.