Con la implementación de la Ley 2466 de 2025, que señala una evolución gradual del sistema laboral en Colombia, también se pusieron de manifiesto una serie de sugerencias e inquietudes que no se incorporaron en el articulado final aprobado por el Congreso. Los gremios médicos, las organizaciones sindicales y los especialistas en derecho laboral coinciden en que, pese a que la reforma avanzó hacia la formalización y salvaguarda de derechos, no incluyó acciones que muchos veían como esenciales para una modernización completa del modelo laboral.

Una de esas medidas fue la certificación anual obligatoria de las condiciones laborales en el sector salud, respaldada por entidades como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) y la Federación Colombiana de Sindicatos de la Salud (FENALPRO). Para estos actores, se trataba de un mecanismo indispensable para asegurar entornos laborales dignos y, en consecuencia, mejorar la calidad de la atención a los pacientes. “Era un instrumento crucial para asegurar condiciones de trabajo dignas, lo que repercute directamente en la calidad del servicio proporcionado a los pacientes”, señaló la ACSC. No obstante, el Ministerio de Salud rechazó su incorporación en la reforma, alegando restricciones presupuestarias y de infraestructura para su ejecución eficaz.

Además del caso del sector sanitario, quedaron por fuera del texto final varias propuestas discutidas en las mesas de trabajo con diversos sectores. Entre ellas se encontraba la limitación del uso de contratos a término fijo y por obra o labor exclusivamente para necesidades temporales, así como la prohibición de despidos discriminatorios con obligación de reintegro o indemnización, y la creación de una presunción legal en favor del trabajador sindicalizado.

En materia de tercerización, no fue acogida la solicitud de ampliar la responsabilidad solidaria de los contratistas frente a incumplimientos que afecten al trabajador. Tampoco se aprobó la igualación de beneficios entre trabajadores de planta y contratistas, ni el incremento en la tabla de indemnización por despido justificado. La reforma mantuvo la figura de los contratos por prestación de servicios, pese a las propuestas que buscaban limitar su uso a funciones realmente autónomas.

Otros puntos excluidos fueron la ampliación de la licencia de paternidad a 12 semanas, la obligatoriedad del trabajo remoto, la eliminación de la jornada de 36 horas y la eliminación de la licencia remunerada por matrimonio. En el ámbito sindical, se propuso sin éxito la creación de más fueros sindicales, la eliminación de los contratos sindicales y la inclusión de normas sobre negociación por rama o sector.

Tampoco se incorporaron exigencias como que las empresas diseñen planes de descarbonización y automatización, la regulación del acceso a información sensible sobre la situación económica de la empresa, ni la inclusión de reglas sobre huelgas en servicios públicos esenciales. Igualmente, se descartó extender el plazo de prescripción a cinco años para reclamar derechos laborales y se rechazó la propuesta de normar la contratación en el transporte de pasajeros y carga.

La omisión de estas medidas ha sido vista por los sindicatos como un indicativo de cautela legislativa, pero también como una oportunidad postergada para tratar en profundidad asuntos estructurales del mercado de trabajo. “La analítica debe ser gobernable, trazable y justa”, señaló recientemente un informe técnico, advirtiendo que sin una base normativa sólida, muchas herramientas de control o prevención quedan sin aplicación real.

Para los actores del sistema de salud, la ausencia de la certificación anual obligatoria sigue siendo una prioridad aplazada. La S.C.A.R.E. ha reiterado que mejorar las condiciones laborales es una vía directa para proteger al paciente, y FENALPRO sostiene que solo mediante entornos laborales estables, bien remunerados y supervisados será posible garantizar una atención con continuidad, oportunidad y calidad.

Mientras el Gobierno avanza en la expedición de los decretos reglamentarios que pondrán en marcha la reforma, estas propuestas continúan vigentes en la agenda de diálogo. Gremios y sindicatos esperan que, en futuras reformas o desarrollos normativos, puedan reabrirse los debates sobre estas materias no incorporadas, con el objetivo de lograr una legislación laboral más robusta, justa y adaptada a las transformaciones del mundo del trabajo.