En un país donde los pacientes hacen filas interminables, los medicamentos escasean y las Instituciones Prestadoras de Servicios enfrentan graves problemas de iliquidez, el 31.° Foro de Salud de la ANDI se convirtió en un espacio de catarsis colectiva, pero también de propuestas.

El foro, sin embargo, estuvo marcado por una ausencia que no pasó desapercibida: el Gobierno nacional. Excepto por la participación del director del Invima, Francisco Rossi, ningún funcionario del Ministerio de Salud atendió el llamado al diálogo formulado por la ANDI y múltiples actores del sistema.

“Les podría mostrar la invitación que personalmente le hice al ministro de Salud para que viniera acá y conversara con todos los agentes del sistema.

No se dignó a contestar ni siquiera. La prioridad no puede ser política ni ideológica. La prioridad tiene que ser humanitaria. Nosotros tenemos que estabilizar el sistema de salud, y eso significa darle recursos suficientes para que opere”, expresó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, en un llamado directo al Ejecutivo.

Una triple crisis sin tregua

Durante el encuentro, Mac Master identificó lo que denominó una “triple crisis”: fiscal, de confianza y humanitaria. El sistema de salud, dijeron los expertos, está operando al borde del colapso. La siniestralidad de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) superó el 105,1 % en 2024, lo que significa que el gasto en salud excede el valor asignado por paciente. En términos prácticos: las EPS e IPS están asumiendo costos sin respaldo suficiente del Estado.

La deuda acumulada de la Nación con las EPS pasó de $2.2 billones en 2021 a más de $9 billones en 2024, según cifras presentadas durante el foro. A esto se suma un deterioro progresivo en las finanzas de las IPS, cuya cartera vencida se duplicó, pasando de $1.7 billones en 2022 a $3.6 billones en 2025.

Pero no solo los números generan alarma. Las PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias) presentadas por los usuarios casi se duplicaron en cuatro años: de 996.733 en 2021 a más de 1.7 millones en 2024, y solo en el primer trimestre de 2025 ya se han reportado 488.863. El principal motivo: demoras en citas, procedimientos, entrega de medicamentos e insumos vitales.

“¿Estamos preocupados? Sí. ¿Estamos angustiados? También. Pero no nos podemos quedar en eso. La tarea nuestra es tratar de proyectar Colombia hacia adelante”, afirmó Mac Master.

Propuestas técnicas y sentido de urgencia

Pese al panorama sombrío, el foro fue también una plataforma para construir salidas. En diversos talleres técnicos liderados por expertos y representantes de todos los actores, se discutieron medidas a corto y mediano plazo.

Entre las propuestas, destacó la necesidad de actualizar el valor de la UPC, establecer un esquema de financiamiento de emergencia para las entidades prestadoras y reforzar la trazabilidad en la entrega de medicamentos. Se reiteró, además, el llamado a cumplir los mandatos de la Corte Constitucional, especialmente los derivados de la Sentencia T-760 de 2008, que ordena garantizar el acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud.

Augusto Galán, director del Observatorio Así Vamos en Salud y exministro de Salud, reconoció que la situación es crítica, pero subrayó que el sistema aún tiene herramientas para responder.

“Lo que se ratificó en el foro fue que hay resiliencia en el sistema. Con todos los actores presentes, lo que se evidenció es que existe la voluntad de buscar soluciones frente al desfinanciamiento estructural, las barreras de acceso y la pérdida del derecho fundamental a la salud”, señaló Galán.

Voces ciudadanas: los pacientes también hablaron

Una de las voces más contundentes fue la de Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, quien lamentó la falta de voluntad del Gobierno para dialogar con todos los actores.

“Una de las grandes pérdidas de esta versión fue la no asistencia del Gobierno. Este tiene que entender que en la diferencia es donde se construyen los grandes consensos del país. Alejarse del sector salud no es la línea”, expresó Silva.

Los pacientes, añadió, han sido los más afectados por la crisis: tratamientos interrumpidos, medicamentos descontinuados y servicios negados son el pan de cada día para miles de personas que ven vulnerado su derecho a la salud.

“Pedimos una política pública construida con los pacientes, no desde un escritorio. La salud no puede seguir siendo decidida a puerta cerrada”, concluyó Silva.

Conclusión: la salud no puede esperar

La conclusión que quedó flotando en los pasillos del centro de convenciones en Cartagena fue clara: el sistema de salud colombiano no resiste más demoras ni posturas intransigentes. La crisis humanitaria no es una metáfora: es una realidad que se manifiesta en vidas en riesgo y derechos vulnerados.

El foro dejó sobre la mesa propuestas técnicas, consensos básicos y una voluntad activa del sector privado, de los profesionales de la salud y de los pacientes para avanzar. Pero, sin el acompañamiento del Gobierno, el margen de maniobra sigue siendo limitado.

El tiempo corre, los indicadores empeoran y los recursos se agotan. El llamado desde Cartagena es contundente: el Gobierno debe sentarse a la mesa. Sin diálogo y liderazgo, el sistema seguirá en caída libre.