MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 114  MARZO DEL AÑO 2008    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Desde el corazón del sistema
de salud, reina la inconveniencia
Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co

El Ministerio de la Protección Social, mediante resolución 4106 del 22 de noviembre de 2005, adjudicó la licitación pública MPS-07-2005 para la administración de los recursos del Fosyga al Consorcio Fidufosyga 2005, integrado por Fiducolombia S.A., Fiduprevisora S.A., Fiduagraria S.A., Fiducafé S.A., Fidubogotá S.A., Fiduoccidente S.A., Fiduciaria Popular S.A., Fiducomercio S.A. y Fiducoldex S.A. En otras palabras, el manejo de los recursos de la salud está en cabeza del Grupo Empresarial Antioqueño GEA, el Grupo Sarmiento Angulo, el Grupo Bolívar y el mismo Estado, que tiene participación en la Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducoldex.
Para el economista Eduardo Sarmiento, el hecho de que los grupos económicos socios del Fidufosyga compartan intereses en el sector de la salud y de la protección social (el GEA es propietario de Susalud y del fondo de pensiones Protección, y el grupo Sarmiento es dueño de Porvenir), es una situación que prácticamente configura una ilegalidad: “Uno no puede ser juez y parte; que la reglamentación lo permita es otra cosa, pero no se puede ser el banquero y manejar la distribución de fondos. En Colombia eso quedó claramente prohibido desde 1963, cuando se reglamentó el sistema financiero, porque posibilita que uno mismo se preste dinero”. Y si bien el Fosyga no expide la normatividad del sistema de salud, sí controla el flujo de recursos, generando problemas de conveniencia y transparencia.
“Uno no puede ser juez y parte; que la reglamentación lo permita es otra cosa, pero no se puede ser el banquero y manejar la distribución de fondos. En Colombia eso quedó prohibido desde 1963, cuando se reglamentó el sistema financiero, porque posibilita que uno mismo se preste dinero”.
Eduardo Sarmiento.
Para el doctor Sarmiento, la prohibición de este tipo de prácticas es fundamental para impedir crisis financieras en sectores específicos de la economía, pero lo más grave es que la conformación accionaria del Fidufosyga, muestra la existencia de un monopolio financiero en torno de la salud y la protección social en Colombia: “Además de que esa práctica no es válida, muestra que esos grupos económicos controlan todo, generando una triangulación, fenómeno prohibido; entonces las EPS se prestan entre ellas, son dueñas de hospitales, y sus dueños son los que giran los recursos de todo el sistema. Es un montaje con triangulaciones: sin considerar que ellos administran los recursos que sirven de sustento para la salud, se prestan e invierten los recursos entre ellos mismos, pero con el Estado metido dentro de la misma figura jurídica como gran propulsor de la especulación”.
Además, agregó, la presencia del Estado como socio dentro del Fidufosyga sería la forma de garantizar que parte de los recursos captados se reinviertan en cubrir la deuda pública y el déficit fiscal: “Todo parte del mismo Estado, que propicia una estructura donde se capta dinero y se auto-presta o invierte en él mismo. En la legislación bancaria esa práctica está prohibida, pero frente al Fosyga ante cualquier intento de pesquisa entran en juego los enormes poderes de los bancos y del Estado, y no dejan prosperar nada”.
El periódico El Pulso buscó la opinión de Fidufosyga sobre estos temas y para conocer la composición de sus inversiones, pero no recibimos respuesta. Sin embargo, según el oficio No. 2894 del 30 de julio de 2007 suscrito por Esperanza Giraldo Muñoz, directora General de Financiamiento del Ministerio de la Protección Social, y publicado en la edición 54 de la revista Hospitalaria, en ese momento había $3.5 billones de recursos de las subcuentas del Fosyga invertidos en TES y $1 billón en CDT (no se informa en qué bancos), bonos y títulos de desarrollo agropecuario; y rendimientos financieros por $239.000 millones, para unos recursos aproximados de $4.8 billones. Dichos recursos deberían destinarse al Sistema de Seguridad Social en Salud, según diferentes fallos, tanto del Consejo de Estado que ordenó su ejecución antes de mayo de 2008 y de la misma Corte Constitucional que en su sentencia SU-480 de 1997 dice: “…el Estado es un mero recaudador de esos recursos que tienen una finalidad especifica: atender las necesidades de salud. En consecuencia, las entidades nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con los propios y deben acelerar su entrega a sus destinatarios”, fallo consecuente con el articulo 48 de la Constitución: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de seguridad social para fines diferentes a ellas”, lo cual en plata blanca, prohíbe su utilización en TES, CDT y demás papeles de inversión.
Más inconveniente que ilegal
El abogado Jaime Gañan, especialista en seguridad social, considera que si bien la participación en la administración del Fosyga de grupos económicos con intereses en la salud está permitida en la ley, es una figura inconveniente: “La normatividad debería hacer que la fiducia que administra los dineros de la salud sea pública, para garantizar cierta transparencia; es muy inconveniente que grupos económicos privados manejen recursos que tienen destinación especifica y social, y cuando son de la salud con mayor razón debería estar prohibida la participación del sector financiero, así como sucede con la banca, en donde habiendo más capacidad de mercado, existe esa prohibición. En el manejo de los dineros destinados a temas sociales debe primar la prestación de los servicios, y si quien los maneja tiene intereses económicos, se presta a especulación”.
Para el doctor Gañan es preocupante la tentación permanente que recae sobre el Fosyga en la toma de decisiones por parte de la fiducia, sobre los dineros de la salud: “Se pueden tomar decisiones que lleven a mejorar sus propios intereses. Esa especulación, más que de dinero, es una triangulación de decisiones y de conveniencias; por eso, quien maneje los dineros de la seguridad social y de la salud debe ser neutro”. Y frente a la participación de fiducias del Estado, agregó: “Ahí se explica la demora de liberar los dineros, y preocupa más cuando sabemos que son dineros que desde la Constitución deben estar destinados solamente hacia la salud. Que se inviertan en TES es una triangulación, donde grupos económicos manejan dineros que debían estar circulando para la atención en salud de la población pobre y vulnerable, y no como capital de riesgo”.
 
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