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Desde el corazón
del sistema
de salud, reina la inconveniencia
Juan
Carlos Arboleda Z.
- elpulso@elhospital.org.co
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El Ministerio
de la Protección Social, mediante resolución 4106
del 22 de noviembre de 2005, adjudicó la licitación
pública MPS-07-2005 para la administración de
los recursos del Fosyga al Consorcio Fidufosyga 2005, integrado
por Fiducolombia S.A., Fiduprevisora S.A., Fiduagraria S.A.,
Fiducafé S.A., Fidubogotá S.A., Fiduoccidente
S.A., Fiduciaria Popular S.A., Fiducomercio S.A. y Fiducoldex
S.A. En otras palabras, el manejo de los recursos de la salud
está en cabeza del Grupo Empresarial Antioqueño
GEA, el Grupo Sarmiento Angulo, el Grupo Bolívar y el
mismo Estado, que tiene participación en la Fiduprevisora,
Fiduagraria y Fiducoldex.
Para el economista Eduardo Sarmiento, el hecho de que los grupos
económicos socios del Fidufosyga compartan intereses
en el sector de la salud y de la protección social (el
GEA es propietario de Susalud y del fondo de pensiones Protección,
y el grupo Sarmiento es dueño de Porvenir), es una situación
que prácticamente configura una ilegalidad: Uno
no puede ser juez y parte; que la reglamentación lo permita
es otra cosa, pero no se puede ser el banquero y manejar la
distribución de fondos. En Colombia eso quedó
claramente prohibido desde 1963, cuando se reglamentó
el sistema financiero, porque posibilita que uno mismo se preste
dinero. Y si bien el Fosyga no expide la normatividad
del sistema de salud, sí controla el flujo de recursos,
generando problemas de conveniencia y transparencia. |
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Uno no puede
ser juez y parte; que la reglamentación lo permita
es otra cosa, pero no se puede ser el banquero y manejar la
distribución de fondos. En Colombia eso quedó
prohibido desde 1963, cuando se reglamentó el sistema
financiero, porque posibilita que uno mismo se preste dinero.
Eduardo Sarmiento.
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Para
el doctor Sarmiento, la prohibición de este tipo de prácticas
es fundamental para impedir crisis financieras en sectores específicos
de la economía, pero lo más grave es que la conformación
accionaria del Fidufosyga, muestra la existencia de un monopolio
financiero en torno de la salud y la protección social
en Colombia: Además de que esa práctica
no es válida, muestra que esos grupos económicos
controlan todo, generando una triangulación, fenómeno
prohibido; entonces las EPS se prestan entre ellas, son dueñas
de hospitales, y sus dueños son los que giran los recursos
de todo el sistema. Es un montaje con triangulaciones: sin considerar
que ellos administran los recursos que sirven de sustento para
la salud, se prestan e invierten los recursos entre ellos mismos,
pero con el Estado metido dentro de la misma figura jurídica
como gran propulsor de la especulación.
Además, agregó, la presencia del Estado como socio
dentro del Fidufosyga sería la forma de garantizar que
parte de los recursos captados se reinviertan en cubrir la deuda
pública y el déficit fiscal: Todo parte
del mismo Estado, que propicia una estructura donde se capta
dinero y se auto-presta o invierte en él mismo. En la
legislación bancaria esa práctica está
prohibida, pero frente al Fosyga ante cualquier intento de pesquisa
entran en juego los enormes poderes de los bancos y del Estado,
y no dejan prosperar nada.
El periódico El Pulso buscó la opinión
de Fidufosyga sobre estos temas y para conocer la composición
de sus inversiones, pero no recibimos respuesta. Sin embargo,
según el oficio No. 2894 del 30 de julio de 2007 suscrito
por Esperanza Giraldo Muñoz, directora General de Financiamiento
del Ministerio de la Protección Social, y publicado en
la edición 54 de la revista Hospitalaria, en ese momento
había $3.5 billones de recursos de las subcuentas del
Fosyga invertidos en TES y $1 billón en CDT (no se informa
en qué bancos), bonos y títulos de desarrollo
agropecuario; y rendimientos financieros por $239.000 millones,
para unos recursos aproximados de $4.8 billones. Dichos recursos
deberían destinarse al Sistema de Seguridad Social en
Salud, según diferentes fallos, tanto del Consejo de
Estado que ordenó su ejecución antes de mayo de
2008 y de la misma Corte Constitucional que en su sentencia
SU-480 de 1997 dice:
el Estado es un mero recaudador
de esos recursos que tienen una finalidad especifica: atender
las necesidades de salud. En consecuencia, las entidades nacionales
o territoriales que participen en el proceso de gestión
de estos recursos no pueden confundirlos con los propios y deben
acelerar su entrega a sus destinatarios, fallo consecuente
con el articulo 48 de la Constitución: No se podrán
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de seguridad
social para fines diferentes a ellas, lo cual en plata
blanca, prohíbe su utilización en TES, CDT y demás
papeles de inversión.
Más inconveniente que ilegal
El abogado Jaime Gañan, especialista en seguridad
social, considera que si bien la participación en la
administración del Fosyga de grupos económicos
con intereses en la salud está permitida en la ley, es
una figura inconveniente: La normatividad debería
hacer que la fiducia que administra los dineros de la salud
sea pública, para garantizar cierta transparencia; es
muy inconveniente que grupos económicos privados manejen
recursos que tienen destinación especifica y social,
y cuando son de la salud con mayor razón debería
estar prohibida la participación del sector financiero,
así como sucede con la banca, en donde habiendo más
capacidad de mercado, existe esa prohibición. En el manejo
de los dineros destinados a temas sociales debe primar la prestación
de los servicios, y si quien los maneja tiene intereses económicos,
se presta a especulación.
Para el doctor Gañan es preocupante la tentación
permanente que recae sobre el Fosyga en la toma de decisiones
por parte de la fiducia, sobre los dineros de la salud: Se
pueden tomar decisiones que lleven a mejorar sus propios intereses.
Esa especulación, más que de dinero, es una triangulación
de decisiones y de conveniencias; por eso, quien maneje los
dineros de la seguridad social y de la salud debe ser neutro.
Y frente a la participación de fiducias del Estado, agregó:
Ahí se explica la demora de liberar los dineros,
y preocupa más cuando sabemos que son dineros que desde
la Constitución deben estar destinados solamente hacia
la salud. Que se inviertan en TES es una triangulación,
donde grupos económicos manejan dineros que debían
estar circulando para la atención en salud de la población
pobre y vulnerable, y no como capital de riesgo. |
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