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Tras el descubrimiento de la telaraña de corrupción
en la salud, se desencadenó una serie de pronunciamientos
y continuaron las denuncias.
El vicepresidente Angelino Garzón comparó a
las mafias de la salud, que esquilman dineros públicos,
con las bandas criminales, los guerrilleros y los narcotraficantes.
A través de Twitter, el ex presidente Uribe señaló
que en su lucha contra la corrupción había reformado
las clínicas del Seguro Social y 200 hospitales, expidió
la planilla única contra la evasión y canceló
EPS controladas por guerrillas y paramilitares. Y la Procuraduría
recordó que desde fines de 2010, consideró inviable
el pago de recobros en forma automática y sin verificación
por parte del Fosyga a las EPS.
La Superindustria y Comercio recordó que adelanta investigación
contra un "cartel" que habrían conformado
14 EPS y su gremio Acemi, por presunto acuerdo para negar
"de manera coordinada y sistemática" servicios
del POS a sus afiliados y luego recobrarlos ante Fosyga como
servicios No-POS, vía aprobación de tutela o
Comité Técnico-Científico (CTC), para
así aumentar sus ingresos; la multa sería de
$14.450 millones. La investigación concluiría
en 1 o 2 meses, y la multa contemplada por ese acuerdo es
de 100.000 salarios mínimos legales (podría
ascender hasta $50.000 millones a cada una). Estos recobros
se convirtieron en incentivo económico: "En 2006
los recobros participaban con el 5,6% en el total de ingresos
operacionales de estas EPS, en 2009 constituían el
18%". En 2006, vía tutelas y CTC, estas 14 EPS
recobraron al Fosyga $336.000 millones por servicios No-POS
y en 2009 subió a $1 billón 798.000 millones,
con aumento de 434% en 4 años, reveló el informe
de Superindustria.
La Dijín reveló que el análisis de cerca
7.000 gygabytes de información y del contenido de más
de 2.000 correos electrónicos sobre el Fosyga, Ministerio
de la Protección Social y EPS tardará varios
meses y se presentará a Fiscalía para que emita
órdenes de captura.
La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, consideró
la corrupción como algo más grave que la violencia
y el narcotráfico: "Existe en el país una
crisis estructural, porque los delitos de corrupción
nos han desbordado. Si esto sigue estallando, los 4.000 fiscales
que hay van a tener que dedicarse solamente a los casos de
corrupción en la administración pública
que se roba el Estado… Esto se produjo por permisividad,
falta de controles, fácil enriquecimiento. Quizás
por atender con intensidad el combate al narcotráfico
y el terrorismo, fueron pasando soterradamente los delitos
contra la administración, que son los más difíciles
de combatir porque encierran niveles de sofisticación
enormes. En las investigaciones por el escándalo de
salud, hubo que conformar todo un equipo de técnicos
y especialistas en informática e Internet, para lograr
descubrirla".
Supersalud investiga pagos de Fosyga de $889.180 millones
a las EPS enero de 2005 y septiembre de 2010, por 118 tipos
de medicamentos de uso común incluidos en el POS (como
oxígeno, acetaminofén, diazepam, loratadina
y omeprazol), que deberían haber sido cubiertos por
ellas. Se recobraron por ejemplo, 4,5 millones de dosis de
insulina por casi $51.000 millones, 2,8 millones de dosis
de omeprazol por $24.000 millones, $117 millones por fenitoína,
$921 millones en fenobarbital, $150 millones en furosemida
y $1.500 millones en hidrocortisona. Y cuando la Súper
consultó la base de datos para verificar que los medicamentos
de los recobros aprobados estuvieran incluidos en la lista
de precios reportada por las EPS, encontró que más
de 3 millones no coinciden; y que los precios de los medicamentos
recobrados eran muy superiores a los de las listas entregadas
por las EPS (en 2010, hubo 5.492 casos). Incluso en recobros
legítimos se encontraron fraudes: el micofenolato se
pagó a casi $38.000 millones por encima de los valores
promedio del mercado, la lamotrigina $12.500 millones de exceso,
el clopidogrel con $13.700 millones de más y la pregabalina
fue pagada por $3.000 millones más; en algunos, los
sobrecostos superan el 400% del valor promedio (ej: el precio
unitario del clopidogrel es $708 y los recobros en promedio
se hicieron a $3.198). Estas prácticas se evidenciaron
en el 41% de las EPS. Si estos 4 medicamentos se hubiesen
recobrado a los valores mínimos del mercado, el sistema
se hubiera ahorrado casi $162.000 millones.
La Supersalud también reveló: 55.403 casos de
recobros de medicamentos duplicados con los que se defraudó
al sistema por $664.463 millones; mesas "temporales"
de compensación creadas en 2006 para revisar 21.000
recobros específicos, siguieron funcionando y justificando
pagos a las EPS, que en 2010 llegaron a casi $16.000 millones;
entre 2005 y 2010 se encontraron 28.347 registros de personas
por quienes se radicaron recobros de medicamentos, vía
tutela, sin que sus tipos y números de documentos de
identificación se encontraran en la Base de Datos Única
de Afiliados -BDUA- del sistema (ej: un afiliado con un mismo
documento de identidad, tiene 15 registros diferentes de recobros);
y 124 recobros autorizados por tratamientos de medicina alternativa
realizados por una clínica a una sola paciente entre
2007 y septiembre de 2010, incluyendo colonterapias y terapia
de campos magnéticos pulsantes, ordenados vía
tutela, por lo que una EPS recobró $4.513 millones,
presumiéndose irregularidades de la clínica
y Fosyga.
Pero en este "mayo negro" para la corrupción
en el sector salud, siguieron presentándose delicadas
situaciones. En debate en el Congreso de la República
el 3 de mayo, Supersalud revela que las EPS con mayor número
de investigaciones son: Humana Vivir con 49, Saludcoop con
43, Nueva EPS con 32, Solsalud con 31, Saludvida con 27 y
las EPS Cafesalud y Coomeva con 24 procesos cada una. De la
muestra de las 22 EPS, Salud Colpatria no figuraba con investigaciones,
mientras que Multimédicas y Red Salud Atención
Humana tienen 2 cada una. Según Conrado Gómez,
el 25% de recobros que hacen las EPS al Fosyga son fraudulentos,
pues son por medicamentos y servicios incluidos en el POS:
"Encontramos que por tutela son cerca del 18% de los
recobros, de esos más de la mitad están incluidos
en el POS; en recobros autorizados por CTC, que son el 82%,
encontramos que entre el 21% y el 23% son productos incluidos
en el POS". Gómez sostuvo que no es necesario
eliminar los recobros, ya que la mayoría ha beneficiado
a los afiliados, permitiéndoles acceder a servicios
no incluidos en el POS.
El 11 de mayo pasado, la Supersalud ordenó la toma
de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios
y la intervención forzosa administrativa de SaludCoop
EPS, tras visita de inspección entre el 14 y 18 de
marzo pasado en la que se hallaron situaciones administrativas
y financieras irregulares, relacionadas con el manejo contable
y de tesorería frente al flujo de los recursos y el
pago de las deudas a los prestadores de servicios de salud
y los proveedores, que ponen en riesgo la estabilidad de la
aseguradora y la calidad y oportunidad en la prestación
de los servicios de salud a 3'978.822 afiliados (ver artículo:
"SaludCoop: minotauro que busca salir de laberinto"
en esta misma edición). En los medios, empiezan a revelarse
toda clase de detalles sobre actuaciones cuestionadas de la
EPS y sus directivos.
El ex ministro Diego Palacio admite que fallaron los controles
en el sistema de salud durante su ejercicio, pero reitera
que él ya había denunciado recobros irregulares
y que está dispuesto a comparecer ante las autoridades
a dar cuenta de sus actuaciones. El 9 de mayo, la Fiscalía
citó para el 13 mayo de mayo a interrogatorio, al ex
viceministro Técnico del Ministerio de la Protección
Social, Jorge Carlos Rodríguez, para rendir cuentas
por el fraude de la salud. También citó a la
ex directora de Financiamiento, Luis Fernanda Bellini, y la
ex contratista María de los Ángeles Pascualli.
El 12 de mayo, el superintendente Conrado Gómez anuncia
que en dos semanas se definirá la suerte de otras 6
EPS que podrían ser intervenidas y que avanza la visita
de inspección al Fosyga, de la mano con la investigación
penal que adelanta allí la Fiscalía por el presunto
desembolso irregular de dineros a EPS. Ese mismo día,
el vicepresidente Angelino Garzón dice que continuarán
las investigaciones por corrupción en el sector salud
y denunció que varias transnacionales de la industria
farmacéutica venden en Colombia medicamentos con precios
superiores a los de otros países de la región,
incluso hasta en 10 veces más. Y declaró: "Todo
este proceso de intermediación que creó la Ley
100 lo que ha facilitado son prácticas fraudulentas,
engaños y un deterioro de los servicios de salud y
de la red hospitalaria en Colombia". Agregó que
el gobierno debe analizar la posibilidad de intervenir con
fines de expropiación las EPS implicadas en corrupción.
La Policía Nacional declaró el 13 de mayo, que
la Dijín e Interpol identificaron bienes de algunas
EPS colombianas en el exterior, los cuales podrían
ser intervenidos en próximos días; se inició
la ubicación en Panamá, Méjico, Suiza
y Dubai. El superintendente Conrado Gómez dijo que
las EPS, entre ellas SaludCoop, no pueden excusarse en los
recobros para no pagar sus deudas. Se conocen nombres de políticos
que hicieron lobby en el Congreso por EPS, IPS y operadores
con posibles nexos con paramilitares.
En mayo 14, Sergio Isaza, presidente de la Federación
Médica Colombiana, denuncia la actitud negligente del
Ministerio de la Protección Social y del Fosyga, por
pagar recobros ilegales a las EPS. Y el 15 de mayo, Carlos
Palacio presidente saliente de la EPS SaludCoop, reconoce
que los problemas de liquidez y los servicios No-POS, llevaron
a la intervención. El 17 de mayo en sesión conjunta
de las comisiones séptimas de Senado y Cámara
se realizó un debate al Fosyga; también se cuestionó
la posición dominante de las EPS y se plantea si el
sistema lo debe manejar el Estado o los privados.
El 19 de mayo se revela un video que demuestra que el ministro
de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, sí intervino en
reforma a la salud, algo que había negado. Y ante la
denuncia de millonarias deudas sin pagar a IPS e iliquidez,
Caprecom dice que es una EPS viable y que no ha podido pagar
deudas porque los entes territoriales le deben más
de $550.000 millones. También, el general Oscar Naranjo
informa que se descubrieron "IPS de papel", ficticias,
creadas para desfalcar al Estado.
En mayo 23, la Procuraduría General de la Nación
anuncia que iniciará investigación y emprenderá
acciones disciplinarias contra funcionarios y empresas del
sector salud que hayan sido sancionadas en los últimos
dos años por la Superintendencia de Salud. El 24 de
mayo se realizan movilizaciones en varias ciudades del país
por indignación con las EPS y para pedir desmonte de
la Ley 100. Entretanto, la Fiscalía y la Dijin allanaron
las sedes de 5 EPS (Sanitas, Coomeva, Salud Colpatria, Ecoopsos
y Nueva EPS) en busca de indicios sobre el carrusel de contratación.
La inspección no significa que todavía haya
motivos para acusaciones, dijo el general Naranjo. Nueva EPS
aclara que solicitó dicha inspección. Contraloría
anuncia que creará un grupo especial para evitar más
desangres en la salud.
Supersalud informa el 25 de mayo, que en visita de inspección
al Fosyga detectó posibles irregularidades en el trámite
de los recobros de medicamentos No-POS y fallos de tutela.
También el 25 de mayo, Acemi en carta al gobierno le
advierte del grave riesgo de inviabilidad en la que se encuentran
las EPS por las investigaciones en el sector salud, señalando
que la situación de las EPS es crítica y se
ha agravado; destaca que el actual sistema de salud perdió
su legitimidad y credibilidad ante el país, y que las
EPS en su conjunto han visto su reputación totalmente
cuestionada. Asegura que las EPS están siendo responsabilizadas
de situaciones en las que otros actores del sistema también
tienen participación. Señala que "esto
constituye un alto nivel de inseguridad jurídica y
genera un ambiente que no es propicio para la inversión
privada en el sector, que se suma a la ya difícil situación
financiera de las EPS que es de carácter estructural
y se origina por tener que asumir servicios No-Pos que son
responsabilidad del Estado, lo cual se traduce en una situación
patrimonial precaria y en problemas creciente en materia de
liquidez". Destaca que la situación financiera
es inviable y el problema de liquidez podría incrementarse
a niveles críticos que pondrían en riesgo el
funcionamiento del sistema y piden una reunión con
el presidente Santos, el ministro de Hacienda y el Supersalud
para examinar la crítica situación.
El representante Alfredo Deluque anuncia el 28 de mayo que
de aprobarse el proyecto de Seguridad Ciudadana en el Congreso,
se reconocerá como nuevo delito el tráfico ilegal
de medicamentos. El 30 de mayo se conoce que Mincomercio estudia
fijar precios a los medicamentos asociados al POS, para evitar
especulación. Y asociaciones de pacientes le piden
al gobierno el cambio del régimen de salud.
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