Fisuras del sistema de salud lo hacen vulnerable a corrupción Elizabeth Cañas Rodríguez - Periodista elpulso@elhospital.org.co Un sistema proclive para que se presente las defraudaciones, los robos y los asaltos; un Estado que no ha logrado controlar los desmanes de agentes operadores y que además, es débil para aprovechar la información como insumo e incapaz de avalar la vigilancia del sector, son factores que hacen parte de los enredos de la telaraña de la salud en Colombia. La inoculación de la corrupción en el sector salud, puso en evidencia la falta del Estado al no controlar los agentes que operan y las fisuras estructurales que tiene el sistema. Sin embargo, el descalabro del sistema de salud no es exclusivo, porque refleja la situación del país. Así lo señaló Jairo Humberto Restrepo, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia y presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud ACOES. “No sería muy apropiado buscar la responsabilidad total en el sistema o pensar que éste es inviable. Lo que el país está viviendo es una crisis tremenda y da cuenta de la gran frustración de tener un Estado realmente interesado en satisfacer las necesidades de la sociedad y la incapacidad de la sociedad de controlar el comportamiento del Estado”. El sector y su crisis, es apenas un botón de muestra de las irregularidades colombianas y pone al descubierto que el sistema de salud hace parte de una sociedad débil y de un Estado capturado por agentes que están buscando renta para su propio beneficio: “Por eso, sea cual sea el sistema de salud que tengamos en el país, hay agentes preparados para robar. Sin embargo, se podría concluir que la estructura del sistema tiene algunos elementos que lo hacen más vulnerable para la corrupción”. Telaraña sin control Agentes privados y públicos, hacen parte de la telaraña tejida por el sistema de salud en Colombia. De ambos lados, la corrupción emerge como un veneno ponzoñoso y entre las causas figura que el sistema de salud debilitó profundamente la capacidad del Estado para ejercer el control. Especialmente en lo que se refiere a la falta de manejo de la información como insumo para el análisis y la toma de decisiones, tareas que pasaron a manos de algunos agentes privados de manera individual o asociada, y que como en el caso de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral -Acemi-, gremio de las EPS, han surgido para cumplir ese rol. No obstante, asegura el economista de la Universidad de Antioquia, Fernando Tobón: “A pesar de las dificultades con los sistemas de la información, la complejidad de ésta es uno de los grandes problemas para decidir el valor de la UPC y la información que sale de los prestadores la recoge la EPS y tiene que ser validada por el Ministerio”. En esa telaraña sin control, otra fisura que facilita la corrupción es la concesión de incentivos para que los agentes privados participen en el mismo, posibilitando manejos como el de la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, para la prestación de servicios, promoción y prevención de enfermedades y siguiendo un modelo de atención de bajo costo. Per se, no habría ningún inconveniente, pero “la crisis en el valor de lo público y el manejo de la salud en manos de agentes que buscan rentabilidad, son condiciones que facilitan el manejo de recursos como bien privado sobre lo público. Aquí es donde hay que pensar en la ética”, dijo el presidente de la Junta Directiva de ACOES. Por su parte, Tobón considera que “esa primera lucha ya representa un conflicto enorme, especialmente porque se establece el POS con reducciones para que pueda rendir y todo lo que queda por fuera de ello es más grande. La otra batalla es ocasionada por la perversión de la Ley 1122/07, al cargar exageradamente a la rama jurisdiccional de las tutelas por inequidades en la salud y establecer que la resolución de los casos sería por cuenta del CTC y que si éste no lo resuelve y se persiste en la demanda, al Fosyga sólo puede reclamar la EPS el 50% del costo”. En la administración de los recursos está el gran detonante para la situación actual y ha ocasionado situaciones paradójicas. Según ejemplo citado por Jairo Humberto Restrepo, en 2009 cuando se decretó la emergencia social con el argumento de que era necesario establecer ajustes para generar más ingresos al Estado, no se atendieron las objeciones y el llamado para priorizar la revisión del manejo de recursos del sector. “La posición en la Asociación Colombiana de la Economía de la Salud era que antes de pensar en nuevos impuestos, era necesario examinar 'la caja negra' del sistema de la salud: $2.4 billones que se reconoce, fueron gastados el año pasado para atender las prestaciones no incluidas en el POS. Nunca se mencionaba claramente en qué se estaban gastando y simplemente se dijo que correspondían a acciones de tutela interpuestas por los usuarios, o a la atención de casos formulados ante los Comités Técnicos-Científicos. La cifra que pasó de unos cuantos millones de pesos a finales de la década de los 90, hoy representa cerca del 20% de los recursos del régimen contributivo”. El Wikileak de la salud “Hipotéticamente, se presume que muchas prestaciones o atenciones pudieran no tener una efectividad probada y ha quedado en evidencia que el gobierno no ha tenido propiamente la voluntad de leer la 'caja negra', sino que de ella salió un Wikileak revelador de la existencia de una red encabezada por funcionarios de la entidad que jugaban sucio con ese recurso. Sin embargo, de los $2.4 billones no todo lo que se perdió todo fue por corrupción y la sospecha es que parte del Fondo se ha desperdiciado por cuenta de apropiaciones a través de comisiones y otro tipo de modalidades ó a favorecimientos de usuarios con tratamientos con baja efectividad”. La lectura de la “caja negra” debe mostrar cuántos usuarios del sistema se benefician, qué tipo de enfermedades se atiende, los tratamientos y la inversión para lograrlo. “Las sospechas que nosotros teníamos era que develaría a los principales beneficiarios de esos recursos, quienes pueden ser personas de ingresos altos que a través de alianzas incluso con personal vinculado a las EPS o exigiendo mediante las tutelas, han buscado el acceso a servicios más costosos de alta tecnología, y medicamentos y tratamientos más onerosos, en tanto son personas con mayor información e influencia”. Rehacer la red El billón de pesos como recursos adicionados y aprobados por la emergencia social, aunque pueden ser insuficientes para la salud en Colombia, son recursos importantes para buscar mejores resultados en materia de salud. Aun así, no habrá fondos que alcancen, si la red no cuenta con hilos fuertes. Es decir, si no se cumple con la búsqueda de mejores resultados, se hace un mayor control de los fondos y se tiene una información sistematizada para el seguimiento de precios, costos de tratamiento y tipos de usuarios. En opinión de Jairo Humberto Restrepo, se requiere además establecer vigilancia, y para lograrlo, es necesario mantener el monopolio sobre el manejo de la información. Añadió que un sistema de información eficaz no es suficiente si el gobierno carece de recursos humanos capaz de obrar positivamente sobre la fijación de los precios, dar cuenta de la evolución del gasto y ejercer el control y la regulación especialmente en el tema de UPC. Por su parte, el economista Tobón dijo que ha faltado dirigir el trabajo, porque “todos los ojos están puestos en el sector salud pero es necesario definir bien los roles que intervienen y cómo controlar el No-POS. En especial porque si bien la Ley 100 se instauró sobre la ilusión de que la participación en el mercado laboral iba a ser muy importante por el lado de los asalariados y del mercado formal, el mercado laboral no se comporta de esta forma y cada vez es más deteriorado. Esto hace parte de la debilidad del sistema y obliga a que el régimen subsidiado demande cada vez más apoyo del Estado, porque aumentarón los vinculados a esa categoría. El sistema de salud es un tejido que requiere de mecanismos más rigurosos como un esquema de auditorías estricto a las EPS, entidades que están obrando por delegación del Estado y manejan recursos superiores a los $20 billones. Por eso, hay que celebrar que “pese al pobre papel de la Supersalud, ha sido capaz de poner sobre la mesa la problemática en el sector de la salud en Colombia”. Restrepo y Tobón, coinciden en que el rol de la Superintendencia de Salud ha sido débil, sobre todo por su tamaño y su falta de operatividad; se espera en que gane efectividad y capacidad para la movilidad en el país con libres accesos a las auditorías. Asimismo, en que la corrupción existe en todos los escenarios, pero que es necesario garantizar compromisos éticos y sancionar ejemplarmente los malos manejos en las EPS.   Más información... Gobierno descubre “carrusel” y “cartel” en la salud El pasado 2 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la fuerza de tarea especial conformada por la Policía Nacional, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la... 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