La “cartelización” de la salud Hernando Guzmán Paniagua - Periodista elpulso@elhospital.org.co Contrario a lo que preveían algunos: un modelo de salud con “entidades privadas” pero sin ánimo de lucro, esas empresas (ONG, cooperativas, cajas de compensación) cogieron los vicios de las lucrativas: negación de servicios, abuso en recobros de No-POS, especulación con medicamentos, integración vertical, y ahora “cartelización”, estimó el consultor en salud y seguridad social, Iván Jaramillo. No obstante, en su concepto, SaludCoop y otras EPS sin ánimo de lucro también tienen sus méritos propios y legítimos: Afilian en forma preferencial a trabajadores de salario mínimo con familias numerosas, las cuales aportan poco dinero y generan un déficit de al menos $1,8 millones/familia/año. Subsisten porque el sistema de “compensación” del régimen contributivo les permite absorber recaudos de las EPS de los ricos (Sanitas, Sura, Colpatria), cuyos afiliados generan superávits iguales o mayores de $2 millones familia/año. Estas EPS, a falta de otras opciones, financiaron su expansión con recursos de la UPC; con ellos, SaludCoop adquirió activos fijos, estimulando la “integración vertical” y anulando la libre competencia entre clínicas y hospitales. Señaló que las “EPS de los pobres” descubrieron que a largo plazo es más barato atender grandes volúmenes de trabajadores e independientes pobres que a pacientes ricos, y al parecer las EPS de los ricos obtienen sus ganancias como “agrupadoras de clientes”, al ser la afiliación “obligatoria”. El negocio de las EPS es el manejo del grupo económico, el encadenamiento de negocios; por ello, la Ley 1438/11 les exige rendición de cuentas por grupo económico, no por EPS aislada. “Debe haber una articulación entre intereses públicos y privados, para neutralizar sus defectos y maximizar sus virtudes, donde el derecho a la salud sea compatible con los negocios, para pagar a los prestadores ante todo por mantener a las personas sanas, no tanto por atender a los enfermos”. Iván Jaramillo. Opinó que en los últimos 10 años se abrió en forma más nítida la puerta de la tutela para acceder a servicios, tecnologías y medicamentos No-POS, dando poder a “funcionarios no especializados”, los “jueces”, por tanto más manipulables, a más de la autorización legal a los Comités Técnico-Científicos para aprobar estos servicios y de la falta de mecanismos ágiles para actualizar el POS. Para Jaramillo, se habría dado un uso razonable de la tutela y de las autorizaciones del CTC “de no existir los recobros”, a los cuales llamó “estímulo perverso” de las EPS para explotar el No-POS, sobre todo después de la Ley 715/01, que llegó a representar un gasto adicional entre 10 y 20% anual sobre el POS, y en unos años traerá la quiebra irremediable del sistema. Añadió que el Ministerio de la Protección Social trató de corregir esta “dinámica suicida” con mecanismos erróneos: la “emergencia social”, criminalizando a los profesionales y la Ley 1438 que eliminó el concepto de “No-POS”. Según denuncias de la Superintendencia de Industria y Comercio -anotó el consultor-, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), decidió “constituir un cartel en toda regla”, para controlar precios; dijo que el control de precios a las EPS se hará transfiriendo servicios del POS al No-POS, a la medicina prepagada y al mercado libre o no regulado, como respuesta a las nuevas leyes reguladoras. El experto llamó a una articulación entre intereses públicos y privados, para neutralizar sus defectos y maximizar sus virtudes, donde el derecho a la salud sea compatible con los negocios, para pagar a los prestadores “ante todo por mantener a las personas sanas, no tanto por atender a los enfermos”.   Más información... Gobierno descubre “carrusel” y “cartel” en la salud El pasado 2 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la fuerza de tarea especial conformada por la Policía Nacional, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la... 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