Supersalud sancionó
en primera instancia a Coomeva Medicina Prepagada con 1.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes
a $600 millones, por cobrar tarifas diferenciales en contratos
de medicina prepagada sin consentimiento de sus afiliados. Margarita
Escobar, superintendente delegada de Procesos Administrativos,
señaló: “Encontramos que dichos cobros se
hicieron por razones de la edad del usuario, sin estar amparado
en ninguna de las cláusulas contractuales suscritas y
sin su consentimiento”. Agregó que el caso de ese
usuario se pondrá en conocimiento de la Superintendencia
de Industria y Comercio: “Consideramos procedente poner
en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio
el caso, con el fin de que investigue dentro del ámbito
de sus competencias, la presunta información engañosa
que podría contener el formato de contrato de salud de
Medicina Prepagada de Coomeva”.
Supersalud impuso la sanción por considerar que dicha
práctica no puede ser tolerada y debe ser severamente
sancionada por el ente de control, agregó la delegada:
“Como la sanción se interpuso en primera instancia
y el vigilado interpuso los recursos legales para impugnar la
decisión en aplicación del debido proceso, esta
entidad se pronunciará sobre el contenido de los mismos,
con el fin de confirmar o revocar la sanción impuesta”.
Todos los planes de Medicina Prepagada en 2012 tendrían
un incremento de 6.1% para programas de medicina integral y
de 6.0% para Salud Oral y Emergencia Médica para sus
afiliados; para la usuaria que presentó la queja tendría
un incremento adicional del 3%, en relación con los demás
integrantes del contrato de Medicina Prepagada, en razón
de su edad. La funcionaria aclaró: “Es importante
resaltar que las pólizas de cobertura sí tienen
autorización para tarifas diferenciadas, de acuerdo con
ciertos grupos etáreos, por ejemplo adultos mayores.
En el caso específico, como el contrato estaba en ejecución
y una cláusula no permitía ningún cobro
diferenciado de tarifa por razón de la edad, se consideró
que se estaban haciendo ajustes no consentidos sin justificación
legal alguna” . |
