Migración de venezolanos
genera nuevas necesidades en salud
Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@sanvicentefundacion.com
Colombia no ha sido un país propenso
a recibir migrantes; un antecedente se
presentó en los años 40 cuando miles
de libaneses arribaron a la costa norte
huyendo del conflicto independentista
que vivía su país, aunque fueron apodados
todos de manera general como
“turcos” , debido a que sus pasaportes
tenían esa procedencia; acá se radicaron,
la mayoría se adaptó e incluso han
alcanzado lugares de privilegio en nuestra
sociedad. En los últimos meses, la
recepción de ciudadanos venezolanos
que llegan a Colombia ha sido tan masiva
que comienza a sentirse en todas las
esferas: “A la peluquería a la que asisto
, quien me atiende es una venezolana”,
señala alguien; “yo veo vendedores ambulantes
que inician diciendo: “amigo, yo
soy de Venezuela y para ayudarme estoy
vendiendo…” indica un taxista; y en los
centros de salud de las ciudades fronterizas
y las principales capitales del país, se
comienza a hacer familiar en las áreas
de recepción la frase: “buenas, yo vengo
de Venezuela y necesito saber si acá me
pueden atender…”.
Para enfrentar este último aspecto de la
migración venezolana, fue que el Ministerio
de Salud y Protección Social expidió
la Circular 025 de 2017 que dicta a las
autoridades territoriales y de salud los
parámetros de atención a una población
que hasta ahora se comporta de manera
flotante y que ha sido recibida sin
muchos tropiezos, pero que en un futuro
podría acarrear problemas en cuanto a la
capacidad de las instituciones para atenderlos
y del mismo Sistema General de
Seguridad Social para cubrir los costos
que esto conlleva.
Contexto general
Si bien es el puente fronterizo Simón
Bolívar, que comunica a San Antonio del
Táchira con Cúcuta, donde se observan
las mayores multitudes de venezolanos
pasando hacia Colombia, otros sitios de
ingreso como la Guajira, Arauca, o cualquier
lindero en los santanderes también
es utilizado por miles de personas, y dentro
de ellos muchos abrigan la esperanza
de quedarse por un periodo de tiempo
indefinido casi siempre expresado en la
frase: “hasta que las cosas mejoren”. Es
este grupo poblacional quien más demanda
servicios aún no cuantificados.
Datos de Migración Colombia muestran
que de 202.624 personas que ingresaron
en 2010, la cifra saltó a 329.478 en
2016, cambiando radicalmente la relación
migratoria entre ambos países. En
los años setenta, del siglo pasado, miles
de colombianos migraron hacia Venezuela
buscando aprovechar la bonanza
petrolera que demandaba mano de obra
barata para una economía en crecimiento.
Cuántos compatriotas fueron a vivir
al vecino país es difícil de saber; en Venezuela
se hablaba de cuatro millones
llegados entre 1973 y 1979, pero un cálculo
más realista indica que podría estar
por los lados del millón.
La nueva realidad es que son los venezolanos
quienes vienen a Colombia desde
2005 cuando se dio el despido masivo
de 18.000 trabajadores de Petróleos de
Venezuela (Pdvsa). Esta primera ola pertenecía
a una clase adinerada que de alguna
forma se insertó bien en los círculos
sociales y de poder y comenzó a ejercer
cierta oposición desde el exterior a las
políticas de Hugo Chávez. Una segunda
ola se puede ubicar alrededor de 2010
esta vez encabezada por empresarios
que buscaban salvar sus capitales de posibles
expropiaciones, la alta inflación y
la devaluación del bolívar. La tercera ola
la conformaron personas de clase media
y media-baja a partir de 2014, después
de las protestas contra el gobierno de
Maduro y la motivación fue el desencanto
ante el deterioro económico de su país
y la pérdida de oportunidades, lo que motivó
a que muchas familias enviaran sus
hijos a estudiar principalmente a Bogotá
y otras ciudades. La que se puede empezar
a llamar la diáspora venezolana llega,
según cálculos de Migración Colombia, a
1´046.708 personas que se han quedado
como residentes en el país, siendo la
oleada de los recientes meses mucho
más variopinta, de todas las clases sociales,
diversos niveles de educación y
una motivación basada en el desespero y
miedo de lo que podría pasar con hechos
políticos como la Asamblea Constituyente
y la represión a las protestas contra el
gobierno de Nicolás Maduro.
Medidas de choque en salud
Ante el fenómeno migratorio, tal vez la
declaración que más reúne el sentir nacional
es la del gobernador Eduardo Verano
de la Rosa, quien dijo a SEMANA:
“Cuando los colombianos llegaban al Zulia
eran bien recibidos, ahora debemos
corresponderles recibiéndolos bien y
vincularlos a nuestros programas sociales
porque la mayoría son colombianos o
sus hijos”. Esta última referencia es cierta
pero también es cierto que muchos
de los llegados no tienen ningún tipo de
arraigo con Colombia y por lo tanto su indefensión
es mayor.
Las directrices emitidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social de Colombia
en la Circular 025 de 2017 están encaminadas
en tres direcciones: atención
por parte de las IPS; comportamiento
de las Entidades Administradoras de
Planes de Beneficios (EAPB), y una serie
de medidas generales. Las instrucciones
para las EAPB son simples: garantizar el
aseguramiento de la población migrante
y la gestión integral del riesgo en salud
de la misma, siempre y cuando dicha
población cumpla con los decretos 2353
de 2015 (de afiliación al SGSSS) y 1459
de 2016 (afiliación de migrantes colombianos
repatriados) pero que además
presenten un documento válido de identidad
(cedula de extranjería, pasaporte,
permiso especial de permanencia, carné
diplomático, o salvoconducto de permanencia).
En relación con las IPS la Circular señala:
garantizar la atención de urgencias, actualizar
los planes de Emergencia Hospitalaria
para responder adecuadamente
al fenómeno migratorio, intensificar la
búsqueda de casos a través del BAI (Búsquedas
Activas Institucionales) y BAC
(Búsquedas Activas Comunitarias) y fortalecer
los procesos de notificación y las
unidades de análisis de mortalidad para
los casos de interés en salud pública.
En cuanto a las disposiciones generales
estás son más ratificaciones de actividades
de las entidades territoriales que,
por lo menos en teoría, deberían funcionar
siempre en el territorio nacional: gestionar
la salud pública de la población
migrante con coordinación intersectorial,
capacitar al recurso humano en el manejo
de la situación, verificación de las
condiciones de los albergues temporales,
coordinar con el INVIMA el ingreso
de alimentos al país con un enfoque de
gestión del riesgo. Frente a potenciales
riesgos de salud pública , la Circular señala:
caracterizar a la población migrante,
activar equipos de respuesta inmediata
ante sospecha de casos de interés
en salud pública, así como notificar ante
la presencia de brotes y situaciones de
alerta, fortalecer las capacidades de vigilancia
en SP, implementar estrategias de
información al viajero en cuanto a signos
de alarma y rutas de atención, promover
que en sanidad aeroportuaria y en otros
puntos de entrada al país, se notifiquen
casos de especial interés a la vez que se
garanticen entornos seguros a los viajeros.
Otros elementos consignados son
del mismo tenor general: protección especial
a los menores de edad, cuidado
de los derechos sexuales y reproductivos,
fortalecer espacios de convivencia,
y prevenir condiciones transmisibles.
La realidad de la calle
Pero qué tan eficaces pueden ser en la
práctica estas medidas. Carmen es una
mujer venezolana, de mediana edad,
y que camina por el paseo peatonal Junín,
en Medellín , vendiendo galletas, y
los fines de semana pasteles que hace
en la casa de una vecina que le presta
la cocina. Está alojada en una residencia
donde convive con su hijo, quien padece
un extraño síndrome clasificado como
enfermedad huérfana. Hace meses que
el niño no recibe atención y ella, mientras
busca algunas monedas para entregar
el cambio, aprovecha para conseguir
información sobre el sistema de salud
colombiano y preguntar cómo conseguir
atención.
Para Leopoldo Giraldo, gerente de Metrosalud
en Medellín, en este tipo de
casos radica la esencia del problema: “
Tenemos una dificultad básica y es que
para el paciente que es urgente tenemos
una norma que protege esa urgencia y se
atiende, pero gran cantidad de pacientes
son crónicos, o mujeres embarazadas,
niños, consultas por control prenatal, y
hoy no tenemos forma de atender estas
poblaciones; y si bien hay una decisión
tomada, no devolvemos ningún paciente,
administrativamente no hay pagador y
eso nos va generando un aumento de la
cartera, pero además es que el fenómeno
de la migración desde Venezuela está
creciendo y se agudiza.
Frente a la circular del Ministerio, el doctor
Giraldo plantea dudas en su efectividad:
“Si partimos del criterio que el
sistema funciona para los residentes en
el país, alguien que llega de Venezuela
legalmente a trabajar, se afilia a la seguridad
social y no hay problema, pero los
que no están legalmente, no tienen un
pasaporte o un documento de identidad,
y no se pueden afiliar. Esta gente viene
sin ninguna protección laboral, y muchos
incluso están siendo explotados; empleadas
del servicio doméstico que trabajan
por un techo y comida, y otros miles que
trabajan por lo que haya y el riesgo para
esas personas es muy alto.
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