La ANDI mira el sistema
de salud de Colombia
Redacción EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com
El actual es un momento coyuntural
para el país que invita a reflexiones
desde diferentes orillas con el fin
de construir lo que se ha denominado la
Colombia del posconflicto. La Asociación
Nacional de Industriales, ANDI, elaboró
un documento donde aborda principalmente,
además de un análisis de coyuntura
propuesto desde su perspectiva, las
propuestas para elaborar una estrategia
para una nueva industrialización, y que
incluye al sector salud.
En la visión de la ANDI, en los últimos 25
años, se ha dado una mejora sustancial
en el servicio de salud y en particular,
para la población más vulnerable. La
afirmación la justifica en varios datos:
el aumento de la cobertura en casi 63%
entre el 2000 y 2015, al pasar a un 98%
de población afiliada; los esfuerzos significativos
por reducir el gasto de bolsillo
los cuales según la Encuesta del BID
sobre el sistema de salud (2013), se u
bica al país con un gasto de bolsillo per
cápita inferior a US$1.000. Para la ANDI
Colombia ha avanzado en promover mayor
equidad en la prestación del servicio
de salud al incrementar el porcentaje de
la población afiliada al régimen subsidiado
con condiciones parecidas a las del
contributivo, con un aparente mejoramiento
en el acceso ya que el porcentaje
de personas a las cuales se les negó
algún servicio en su EPS, en los últimos
seis meses, fue inferior para el régimen
subsidiado que para el contributivo.
Otros aspectos en los que Colombia habría
logrado progresos relevantes es en
la reducción de los tiempos de espera,
y para esta afirmación parte de información
del Ministerio de Salud, según la
cual: “cerca de la mitad de los colombianos
está satisfecho con los tiempos de
espera para ser atendido y no se encuentran
diferencias significativas entre los
dos regímenes”.
Tres elementos
Ahora bien, los aspectos a mejorar, y
citando a los usuarios como fuente, la ANDI identifica tres elementos para lograr
el mejoramiento del sistema: mejorar
la eficiencia y asignación de recursos,
progresar en términos de regulación y
fiscalización del sector y, avanzar en la
infraestructura y un enfoque preventivo
de las enfermedades.
Por otro lado, y calificándolo como “indicador
subjetivo” de la calidad y efectividad
de los servicios de salud, el estudio
da una mirada sobre las incidencias y
mortalidad de enfermedades consideradas
como prevenibles, y cita The Lancet
(2015) “Colombia es el segundo país
de la muestra en obtener la calificación
más baja en mortalidad de desórdenes
maternos, enfermedades neonatales,
diabetes y leucemia. Adicionalmente,
obtuvo la segunda calificación más baja,
antecedido por México, en la calidad del
servicio de salud según mortalidad prevenible”
a lo cual agrega que Colombia
registra la tasa de incidencia del cáncer
de próstata más baja aunque con una
de las tasas de mortalidad más elevada.
Igualmente menciona que la incidencia y
mortalidad de la diabetes es de las más altas, al igual que la mortalidad por hipertensión.
En términos de pesos, destaca como
existe una tendencia creciente generalizada
del gasto en salud como porcentaje
del PIB aunque continua siendo bajo al
compararlo con otros países incluso al
mirar la evolución del gasto en términos
per cápita, resultando aún más bajo y
siendo superado por países como Chile.
En la misma línea de análisis se indica
que los gastos se han incrementado en
mayor medida que los ingresos y como
el uso de los recursos incluyen pago de
UPC, actividades de salud pública, financiación
de oferta pública a población
pobre no asegurada, prestación de servicios
y acceso a tecnologías no incluidas
en el POS.
En cuanto a las fuentes de financiación,
el diagnóstico es que el sistema ha registrado
choques importantes en el nivel de
gasto que no han venido acompañados
de incrementos en igual proporción, de
las fuentes de ingreso, con incrementos
en la necesidad de recursos impulsados
por factores de política pública. Y en
este sentido señala que “la interpretación
que se le ha dado al derecho a la
salud en Colombia resulta en un nivel de
servicio más costoso del que se puede
financiar con los recursos que cuenta el
sistema. Califica a los recobros y su tendencia
creciente, y a la diferencia entre
los recobros presentados y aprobados
como evidencia de la distancia entre el
servicio de salud que se quiere prestar y
el que la Nación puede financiar.
Otros factores que pueden marcar el futuro de la presión financiera sobre el
sistema de salud colombiano serían el
incremento en la edad de los ciudadanos,
ya que actualmente las personas
mayores de 65 años le estarían costando
al sistema $7,7 billones, al pasar este
grupo poblacional de ser el 5,7% de la
población en el 2000 al 7,9% en 2017
(DANE) lo que aportaría al déficit actual
cercano a $2 billones: “Las fuentes de
desequilibrio seguirán acentuándose
hacia el futuro y la brecha por financiar
irá en aumento” señala el informe. Otros
componentes que afectan serían: la innovación
con influencia mundial que implica
servicios más costosos, las mayores
facilidades en el uso de las instalaciones
de salud y que promueven un aumento
más que proporcional de la frecuencia
de uso de los servicios.
Si bien el veredicto parece ser positivo:
“a partir de 2019 el balance fiscal del régimen
contributivo será positivo, debido
al incremento esperado de la población
afiliada. Así, el balance del régimen contributivo
permitirá financiar parcialmente
el déficit del régimen subsidiado”, la
ANDI hace una serie de recomendaciones:
Identificar fuentes de financiación y
acciones de eficiencia adicionales para
el sistema de salud, y desde el gobierno
garantizar su suficiencia, contemplar una
reasignación de los recursos del presupuesto
teniendo en cuenta las prioridades
de gasto establecidas en la Constitución,
reasignar el gasto de la nación
desde algunos sectores hacia la salud.
Y revisar los porcentajes de participación
de la salud en el SGP, incrementar los
copagos y cuotas moderadoras, teniendo
en cuenta el nivel de ingreso y la tecnología
para racionalizar la demanda y
aumentar los ingresos derivados de esta
fuente, profundizar el mercado de las
prepagadas y complementarias, fortalecer
el diálogo con el sector judicial para
crear una versión unificada del derecho
a la salud, la interdisciplinariedad en las
intervenciones colectivas, fomentar el
mejoramiento de la capacidad resolutiva
profesional en puertas de entrada, promover
la gestión del riesgo individual y
poblacional, llevar a cabo medidas de
eficiencia administrativa, plantear nuevas
formas de contratación, diseñar un
esquema de pago por resultados, y promover
la implementación efectiva de políticas
de prevención.
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