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| “La
privatización es una operación contra la democracia”.
Noam Chomsky |
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Según Naciones
Unidas, hoy carecen de agua potable más de 1.300 millones
de personas. Según el doctor Santiago Echavarría,
director del Centro de Tecnología de Antioquia, en menos
de 25 años las dos terceras partes de la población
mundial puede entrar en “estrés hídrico”
o consumo superior a la oferta de agua disponible para consumo;
esto, porque si bien tenemos la concepción de que el
recurso agua es inagotable, lo apto para el consumo es poco:
del total de agua del planeta, apenas 2.8% es agua dulce, la
mayoría congelada en polos y glaciares. Sólo el
0.02% es agua superficial y 0.37% son aguas subterráneas
que representan el 99% del agua dulce del planeta -según
el doctor Oscar Mejía de Corantioquia- y cuyo acceso
requiere tecnologías de extracción cada vez más
profunda. Sin embargo, el problema no es si la cantidad existente
alcance para la población mundial: el problema es el
acceso y distribución, su acelerada contaminación
y su despilfarro.
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Una
privatización camuflada de altruismo
El panorama del agua debe ser visto en un contexto global.
Según un principio de la Declaración de Dublín
sobre Agua y Desarrollo Sustentable en 1991, “el agua tiene
un valor económico en los diversos usos a que se destina,
y debería reconocérsele como un bien económico”.
Del mismo modo, Michel Camdessus, exdirector del FMI, en la
Declaración final de la reciente Cumbre de Monterrey,
dijo: “Sólo el sector privado puede asegurar de
manera eficaz el financiamiento necesario para reducir a la
mitad las personas que no tienen acceso al agua y servicios
sanitarios”, dando puntadas iniciales para la privatización
del agua. Los organismos internacionales presionan y se ofrecen
para solucionar la distribución mundial del agua, pero
esta 'liberalización' entendida como desregulación
y privatización, tiene un principio de condicionalidad
que imponen tradicionalmente el Banco Mundial y el FMI; es decir,
un país puede obtener créditos a condición
de que liberalice y privatice los sectores de actividad para
los cuales ha solicitado ese apoyo externo, en donde la prioridad
está dada a la inversión privada.
La consolidación de las políticas privatizadoras
puede ser el inicio de una tragedia, según vaticina el
doctor Saúl Franco, Director del postgrado de Salud Pública
de la Universidad Nacional, al considerar que el agua está
en la base de la salud humana, y una prueba es como las grandes
epidemias de la humanidad han tenido que ver con carencia, utilización
inadecuada o no disponibilidad del agua. En Colombia, continúan
muriendo personas de gastroenteritis relacionadas con el agua
y por infecciones tanto en la primera infancia como en la vida
adulta, y el problema tiende a agravarse: “Si se pasa de
que el agua sea un bien público y de acceso universal
a una mercancía, van a darse efectos devastadores sobre
la calidad de vida de la gente y la salud, y va a incrementarse
la mortalidad por fenómenos que sólo cuidando
adecuadamente este recurso natural se pudieran evitar”.
Para el doctor Franco, el Estado no puede ser un observador
de las privatizaciones: su papel tiene que ser activo en la
solución a los problemas, siendo garante de los servicios
públicos; aunque los procedimientos del agua generan
costos, el Estado debe garantizar que esos procesos no se traduzcan
en exclusión a sectores de la población, dejándolos
sometidos a las leyes del mercado. Afirmó: “Son
responsabilidades que no se pueden delegar sin incurrir en una
grave violación de derechos fundamentales”.
Algunas privatizaciones en Bolivia
El peligro de la privatización no es resultado
de imaginaciones alarmistas, apocalípticas o de oposiciones
al capitalismo; algunos casos con resultados nefastos para la
población, muestran peligros inminentes. En Cochabamba,
Bolivia, las acciones de Bechtel generaron en el año
2000 “la guerra del agua”, que originó su salida
del país: la empresa triplicó tarifas e impuso
un mínimo de 60 dólares mensuales ($141.000 colombianos);
sin embargo, Bechtel demandó al Estado boliviano en 25
millones de dólares «por daños y perjuicios».
En el Alto Bolivia, la concesión en manos de la multinacional
francesa Suez, incrementó tarifas hasta 445 dólares
mensuales ($1'045.750 colombianos - 9 salarios mínimos
mensuales bolivianos), haciendo que unas 200.000 personas quedaran
sin acceso al agua; el gobierno intentó dos veces revisar
el contrato pero la transnacional rechazó la autoridad
de cualquier organismo oficial y demandó por 120 millones
de dólares ante el Centro Internacional para el Arreglo
de Diferencias Relativas a la Inversión -CIADI- oficina
dependiente del Banco Mundial, que 'curiosamente' posee 8% de
acciones de la concesión, convirtiendo al banco en juez
y parte.
En Colombia
Las evidencias muestran que el tratamiento del tema
del agua ha sido caótico; según el doctor Carlos
Zárate, director de la Corporación Ambiental de
la Universidad de Antioquia, en el país existen mas de
16.000 normas que regulan el manejo del agua, convirtiéndola
en una legislación casi inaplicable por su extensión.
Además, cuando se formularon los proyectos de la Ley
99/93 para reorganizar el Sistema Publico Nacional del Ambiente,
una propuesta era crear sólo 5 grandes corporaciones
autónomas regionales en las 5 grandes regiones biogeográficas
del país; esto no fue aprobado y hoy se tienen más
corporaciones que departamentos, lo que lleva a que al momento
de ordenar una cuenca se necesite gran capacidad de concertación
entre las corporaciones, debido a que los ríos no 'respetan'
las fronteras políticas; además, se fragmentan
los recursos repartidos entre diferentes entidades y no es fácil
que coincida la definición de prioridades.
El doctor Luis Alfonso Escobar, coordinador del Plan Estratégico
de Antioquia -Planea-, reconoce que ”nuestra legislación
concibe el agua como un bien público, pero potabilizar,
transportar y entregar el agua implica costos que hacen del
agua un instrumento transable después de potabilizarse;
necesitamos empresas que presten el servicio con un nivel de
flujo de caja adecuado y una participación del Estado
con un criterio regulador, un margen tarifario manejado con
criterio de beneficio económico, pero siempre como un
bien social”.
La doctora Maria Elena Cruz, consultora de la Dirección
de Agua Potable del Ministerio de Ambiente, informó que
se trabaja en un proyecto de decreto para brindar calidad de
agua: “Pedimos unos mapas de riesgo que involucren sistemas
de acueductos y micro-cuencas abastecedoras, de forma que hayan
barreras de seguridad para que desde la toma de agua en la fuente,
se tengan buenas condiciones para hacer sencilla la potabilización;
el proyecto también busca solucionar falencias en seguimiento
a la calidad del agua -que involucra unos 100 parámetros
para controlar-, pues se construye un índice que pondera
los indicadores más representativos”. Sin embargo,
la reducción en los parámetros de medición
parecería un acomodamiento de la normatividad a las conveniencias
de las multinacionales, próximas a entrar gracias al
TLC, que no verían atractivo nuestro mercado al tener
que controlar 100 ítem diferentes con sus costos respectivos.
Ley del Agua
Actualmente el gobierno también prepara una nueva
ley del agua, proyecto que según el doctor Juan Manuel
Díaz, investigador asociado del Instituto Alexander Von
Humboldt, abre la puerta para que el agua se vuelva objeto de
un manejo político que conduce a la privatización
del acceso al recurso, cuando en realidad la ley debería
definir el agua como bien público, y reglamentar las
condiciones de su uso para evitar contaminación: “Tenemos
ley de bosques, vamos a tener ley del agua, la ley del aire
es lo que sigue, todos los recursos del planeta van a terminar
siendo objeto de ese tipo de negociaciones, pero un aspecto
que no hay que olvidar es que el agua no es solo un recurso
para uso exclusivo de la humanidad; si abstraemos el resto de
animales y plantas, vamos a causar la extinción de organismos
y estamos siendo miopes”. El proyecto incluye también
la posibilidad de concesiones sin determinar el tiempo máximo
de las mismas, y si bien un mayor tiempo da seguridad jurídica
a los inversionistas, permite la apropiación ilimitada
por parte de particulares; como lo afirma el doctor Zarate,
“al hacer a la naturaleza objeto de la apropiación
privada, la relación para su uso no queda necesariamente
en la satisfacción de una necesidad básica, sino
en la posibilidad que se tiene o no de pagar por ella, y ese
es el temor que existe a nivel internacional respecto del agua”.
¿Qué sigue?
Ya se plantea el concepto de “cuenca atmosférica”,
como interrelación entre los recursos de la naturaleza;
por ejemplo, el agua en su estado gaseoso también debe
ser objeto de cuidado, al considerar que buena parte de la contaminación
existe en la atmósfera; a esto le sumamos que el articulo
5 de la Ley 99/93 dice que todos debemos participar en el pago
de las labores de descontaminación de los recursos naturales,
por lo que las posibilidades de que en un futuro mediato los
procesos de 'descontaminación' del aire propuestos desde
Kyoto y aplicado en países en vía de desarrollo
a través de siembras de bosques, revierta en cobros a
los ciudadanos por un aire “más limpio” para
respirar. El asunto es: ¿quienes pagarán por un
aire 'limpio', cuando los principales contaminadores (la gran
industria respaldada en capital privado) son quienes muy posiblemente
también entren en el negocio del aire? Si bien el agua
como recurso limitado debe ser objeto de políticas para
su conservación, la tendencia a una privatización
en el manejo del recurso evade el tema de fondo: mientras un
habitante del sur del planeta consume 20 litros de agua en promedio,
un italiano gasta más de 200 y un norteamericano 600... |
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