MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA      AÑO 3      Nº 32      MAYO DEL AÑO 2001      ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co
  Generales
 

Supervivencia de las Empresas Sociales del Estado
En alto riesgo

Patricia Vargas
Periodista, Medellín

Cuando en diciembre de 1993 se promulgó la Ley 100, se anunció un cambio profundo en beneficio de la seguridad social en salud de los colombianos: ahora si, por fin, todos y cada uno, tendríamos lo que hasta ese momento era privilegio de unos pocos, es decir, atención en salud en forma equitativa y universal.

Una de las orientaciones básicas de la Ley consistía en convertir a los hospitales públicos en entes autónomos, autocosteables y eficientes, para atender a la totalidad de los colombianos segmentados en tres categorías: los del régimen contributivo, los del régimen subsidiado y los que por no estar adscritos a ninguno de los dos, se les denominó población vinculada.

Este proceso, llamado de descentralización, convertiría a los hospitales públicos de carácter departamental y municipal, en Empresas Sociales del Estado -ESE-. Después de siete años de iniciada la transformación, menos del 30%de las instituciones, la han culminado en todo el territorio nacional, y en particular en entes de segundo y tercer nivel y en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Caldas.

Sin embargo, tanto los centros asistenciales que aún no inician o concluyen el proceso, como los que lo finalizaron afrontan grandes dificultades, y en palabras del doctor José Darío Rojas, Presidente de la Asociación de Empresas Sociales del Estado y de los Hospitales Públicos de Antioquia, AESA, "están en alto riesgo de supervivencia. Incluso, muchos hospitales han reestructurado sus plantas de cargos tres, cuatro y cinco veces, y ni aún así han alcanzado su sostenibilidad económica, no porque no tengan control de costos, no porque no tengan una buena gestión, sino porque a muchos de ellos no les pagan todos los servicios y actividades en salud que desarrollan". El departamento de Antioquia ha hecho un gran esfuerzo de transformación, en dos años, ciento treinta y dos (132) de sus hospitales se transformaron en ESE y a la fecha únicamente en cinco (5) de sus municipios no se terminó el proceso. De ellos, La Pintada avanza en el trámite, en tanto que Sopetrán, Tarazá, Vigía del Fuerte y Murindó, aún no tienen clara esa transformación. El departamento de Caldas siguió el ejemplo de su vecino, y hoy más de treinta (30) de sus centros asistenciales públicos, están convertidos en Empresas Sociales del Estado. En este territorio cafetero, la gran mayoría de los hospitales de primer nivel afronta graves problemas económicos, cuentan con equipos en mal estado o casi inservibles, presentan atrasos en la cancelación de sus nóminas de personal. Los hospitales del segundo y tercer nivel, tampoco escapan a la crisis: el Hospital de Caldas, en Manizales, se acogió a la figura de la Ley 550, para intentar salvarse en forma desesperada de la desaparición. Tan complicado es su estado, que ocho (8) de las doce (12) Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con que cuenta, están fuera de servicio, reveló el Diputado de la Asamblea Departamental de esa sección del país, Darío Velásquez.

¿Quién pierde?
Según la Dirección del Servicio Seccional de Salud del departamento de Antioquia, la mayor parte de las ESE presentan cartera morosa, y han registrado atrasos en sus pagos salariales de hasta seis (6) y siete (7) meses, lo que se traduce de manera automática en deterioro de la calidad del servicio. Por otro lado, el Sistema Nacional de Salud, que según la normatividad vigente debiera ser universal, es decir, cubrir adecuadamente a todos los ciudadanos, en el caso de Antioquia -departamento que transformó el 96%de su red pública hospitalaria y en el que la mayor parte de las ESE ha hecho una gestión que se puede calificar entre buena y excelente- se vive un proceso de reducción de los recursos para atender a la población de dos millones trescientos cincuenta mil (2 ’350.000) antioqueños quienes no están en el régimen contributivo ni en el subsidiado, y por efecto del proceso de transformación de recursos, se ha reducido el recurso per cápita. Mientras en el año 2000 se contaba con $28.450 por cabeza para atender a la población vinculada, en el año en curso esta suma se bajó a $10.700, es decir una reducción del 62% en tan solo un año. Así no sólo se restringe y hace que no exista en la práctica la universalidad del servicio, sino que se afecta en materia grave la estabilidad económica de las ESE.

 

El pago de los servicios por parte de todos los intermediarios a las IPS, pero en particular a las ESE, se produce muy lentamente, lo que hace incurrir a estas últimas en costos financieros no previsibles, y a su vez en retraso en los pagos a proveedores y empleados.

 


Entre los aspectos más desestabilizadores, según se ha opinado, están los siguientes: en primer lugar los recursos que el estado debiera transferir a los entes territoriales para la atención de los colombianos más pobres, en lugar de aumentar al ritmo del aumento de los menesterosos (desplazados, desempleados, indigentes, etcétera), disminuye. En segundo lugar, las ESE compiten en cuanto a costos con las IPS de carácter privado en condiciones desventajosas. Este asunto lo ejemplifica el solo hecho de que un hospital de un municipio esté obligado a prestar servicio de urgencias con presencia médica las veinticuatro horas, lo que es bastante costoso, mientras el prestador privado no siempre lo hace. En tercer lugar está el hecho de que la intermediación de las ARS y de las EPS disminuye el flujo del recurso económico hacia las ESE, dineros que, además, no siempre llegan a beneficiar a los pacientes. Las trabas que los intermediarios ponen para autorizar, por ejemplo, un procedimiento, llevan a situaciones absurdas como la que describe la Administradora del Hospital de Amagá, Antioquia, Diana Castaño: "para conseguir la autorización de una EPS para un procedimiento por el que podríamos cobrar $7.000 tuvimos que hacer llamadas a Medellín, que costaron cerca de $4.000".

El pago de los servicios por parte de todos los intermediarios a las IPS, pero en particular a las ESE, se produce muy lentamente, lo que hace incurrir a estas últimas en costos financieros no previsibles, y a su vez en retraso en los pagos a proveedores y empleados.

En palabras del Doctor Juan Guillermo Maya Salinas, Secretario de Salud de Antioquia, "el grave problema de las Empresas Sociales del Estado, es que para la población que están atendiendo, no afiliada a la seguridad social, no les alcanzan los recursos, y no les alcanzan porque los recursos se han venido transformando, y el gobierno nacional ha ido delegando esas responsabilidades en los Departamentos y Municipios y a ellos no les alcanzan las transferencias de los recursos del situado fiscal, ingresos corrientes de la nación y rentas cedidas, que entrega el Ministerio para el funcionamiento de la salud. Como esos recursos no alcanzan, estas instituciones se ven forzadas a tener que atender sólo los pacientes urgentes".

Con este panorama crítico descrito por quienes padecen la difícil situación de las Empresas Sociales del Estado, no se podría pensar que hubiese cosas más difíciles por venir. Sin embargo, ahora el Ministerio de Hacienda anuncia y promueve el Proyecto de Acto Legislativo 012, que modificaría el Situado Fiscal ocasionando la reducción de los recursos económicos indispensables para la atención en salud de la población más vulnerable. Todo parece indicar que el sacrificio solicitado por el Ministro Juan Manuel Santos a los mandatarios seccionales el jueves 5 de abril, en reunión efectuada en Bogotá, será por cuenta de aquellos que no tienen nada más que sacrificar: los más pobres de Colombia.

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