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Supervivencia
de las Empresas Sociales del Estado
En alto riesgo
Patricia
Vargas
Periodista, Medellín
Cuando
en diciembre de 1993 se promulgó la Ley 100, se anunció
un cambio profundo en beneficio de la seguridad social en salud
de los colombianos: ahora si, por fin, todos y cada uno, tendríamos
lo que hasta ese momento era privilegio de unos pocos, es decir,
atención en salud en forma equitativa y universal.
Una
de las orientaciones básicas de la Ley consistía en
convertir a los hospitales públicos en entes autónomos,
autocosteables y eficientes, para atender a la totalidad de los
colombianos segmentados en tres categorías: los del régimen
contributivo, los del régimen subsidiado y los que por no
estar adscritos a ninguno de los dos, se les denominó población
vinculada.
Este
proceso, llamado de descentralización, convertiría
a los hospitales públicos de carácter departamental
y municipal, en Empresas Sociales del Estado -ESE-. Después
de siete años de iniciada la transformación, menos
del 30%de las instituciones, la han culminado en todo el territorio
nacional, y en particular en entes de segundo y tercer nivel y en
los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Caldas.
Sin
embargo, tanto los centros asistenciales que aún no inician
o concluyen el proceso, como los que lo finalizaron afrontan grandes
dificultades, y en palabras del doctor José Darío
Rojas, Presidente de la Asociación de Empresas Sociales del
Estado y de los Hospitales Públicos de Antioquia, AESA, "están
en alto riesgo de supervivencia. Incluso, muchos hospitales han
reestructurado sus plantas de cargos tres, cuatro y cinco veces,
y ni aún así han alcanzado su sostenibilidad económica,
no porque no tengan control de costos, no porque no tengan una buena
gestión, sino porque a muchos de ellos no les pagan todos
los servicios y actividades en salud que desarrollan". El departamento
de Antioquia ha hecho un gran esfuerzo de transformación,
en dos años, ciento treinta y dos (132) de sus hospitales
se transformaron en ESE y a la fecha únicamente en cinco
(5) de sus municipios no se terminó el proceso. De ellos,
La Pintada avanza en el trámite, en tanto que Sopetrán,
Tarazá, Vigía del Fuerte y Murindó, aún
no tienen clara esa transformación. El departamento de Caldas
siguió el ejemplo de su vecino, y hoy más de treinta
(30) de sus centros asistenciales públicos, están
convertidos en Empresas Sociales del Estado. En este territorio
cafetero, la gran mayoría de los hospitales de primer nivel
afronta graves problemas económicos, cuentan con equipos
en mal estado o casi inservibles, presentan atrasos en la cancelación
de sus nóminas de personal. Los hospitales del segundo y
tercer nivel, tampoco escapan a la crisis: el Hospital de Caldas,
en Manizales, se acogió a la figura de la Ley 550, para intentar
salvarse en forma desesperada de la desaparición. Tan complicado
es su estado, que ocho (8) de las doce (12) Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) con que cuenta, están fuera de servicio,
reveló el Diputado de la Asamblea Departamental de esa sección
del país, Darío Velásquez.
¿Quién
pierde?
Según la Dirección del Servicio Seccional de Salud
del departamento de Antioquia, la mayor parte de las ESE presentan
cartera morosa, y han registrado atrasos en sus pagos salariales
de hasta seis (6) y siete (7) meses, lo que se traduce de manera
automática en deterioro de la calidad del servicio. Por otro
lado, el Sistema Nacional de Salud, que según la normatividad
vigente debiera ser universal, es decir, cubrir adecuadamente a
todos los ciudadanos, en el caso de Antioquia -departamento que
transformó el 96%de su red pública hospitalaria y
en el que la mayor parte de las ESE ha hecho una gestión
que se puede calificar entre buena y excelente- se vive un proceso
de reducción de los recursos para atender a la población
de dos millones trescientos cincuenta mil (2 350.000) antioqueños
quienes no están en el régimen contributivo ni en
el subsidiado, y por efecto del proceso de transformación
de recursos, se ha reducido el recurso per cápita. Mientras
en el año 2000 se contaba con $28.450 por cabeza para atender
a la población vinculada, en el año en curso esta
suma se bajó a $10.700, es decir una reducción del
62% en tan solo un año. Así no sólo se restringe
y hace que no exista en la práctica la universalidad del
servicio, sino que se afecta en materia grave la estabilidad económica
de las ESE.
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El
pago de los servicios por parte de todos los intermediarios a
las IPS, pero en particular a las ESE, se produce muy lentamente,
lo que hace incurrir a estas últimas en costos financieros
no previsibles, y a su vez en retraso en los pagos a proveedores
y empleados.
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Entre los aspectos más desestabilizadores,
según se ha opinado, están los siguientes: en primer
lugar los recursos que el estado debiera transferir a los entes
territoriales para la atención de los colombianos más
pobres, en lugar de aumentar al ritmo del aumento de los menesterosos
(desplazados, desempleados, indigentes, etcétera), disminuye.
En segundo lugar, las ESE compiten en cuanto a costos con las IPS
de carácter privado en condiciones desventajosas. Este asunto
lo ejemplifica el solo hecho de que un hospital de un municipio
esté obligado a prestar servicio de urgencias con presencia
médica las veinticuatro horas, lo que es bastante costoso,
mientras el prestador privado no siempre lo hace. En tercer lugar
está el hecho de que la intermediación de las ARS
y de las EPS disminuye el flujo del recurso económico hacia
las ESE, dineros que, además, no siempre llegan a beneficiar
a los pacientes. Las trabas que los intermediarios ponen para autorizar,
por ejemplo, un procedimiento, llevan a situaciones absurdas como
la que describe la Administradora del Hospital de Amagá,
Antioquia, Diana Castaño: "para conseguir la autorización
de una EPS para un procedimiento por el que podríamos cobrar
$7.000 tuvimos que hacer llamadas a Medellín, que costaron
cerca de $4.000".
El
pago de los servicios por parte de todos los intermediarios a las
IPS, pero en particular a las ESE, se produce muy lentamente, lo
que hace incurrir a estas últimas en costos financieros no
previsibles, y a su vez en retraso en los pagos a proveedores y
empleados.
En
palabras del Doctor Juan Guillermo Maya Salinas, Secretario de Salud
de Antioquia, "el grave problema de las Empresas Sociales del
Estado, es que para la población que están atendiendo,
no afiliada a la seguridad social, no les alcanzan los recursos,
y no les alcanzan porque los recursos se han venido transformando,
y el gobierno nacional ha ido delegando esas responsabilidades en
los Departamentos y Municipios y a ellos no les alcanzan las transferencias
de los recursos del situado fiscal, ingresos corrientes de la nación
y rentas cedidas, que entrega el Ministerio para el funcionamiento
de la salud. Como esos recursos no alcanzan, estas instituciones
se ven forzadas a tener que atender sólo los pacientes urgentes".
Con
este panorama crítico descrito por quienes padecen la difícil
situación de las Empresas Sociales del Estado, no se podría
pensar que hubiese cosas más difíciles por venir.
Sin embargo, ahora el Ministerio de Hacienda anuncia y promueve
el Proyecto de Acto Legislativo 012, que modificaría el Situado
Fiscal ocasionando la reducción de los recursos económicos
indispensables para la atención en salud de la población
más vulnerable. Todo parece indicar que el sacrificio solicitado
por el Ministro Juan Manuel Santos a los mandatarios seccionales
el jueves 5 de abril, en reunión efectuada en Bogotá,
será por cuenta de aquellos que no tienen nada más
que sacrificar: los más pobres de Colombia.
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