Generales |
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Indigentes
no certificados
Engrosan
pérdidas hospitalarias
Doris
Orrego Moscoso
Periodista, Medellín

Foto
Mauricio Gómez
El
aislamiento familiar, el desempleo, la pobreza, el alcoholismo y
el consumo de sustancias psicoactivas hacen que aumente cada día
más la indigencia en Colombia y con ella las responsabilidades
tanto del Estado como del sector privado para atender a esta población
en materia de salud. Pese a que el Gobierno tiene la obligación
de subsidiar el 100% de la salud de los habitantes de la calle,
las Instituciones Prestadoras de Servicios afrontan hoy graves problemas
financieros, debido a la falta de mecanismos de información,
evaluación y control, que permitan una clasificación
clara y actualizada de estas personas por lo general indocumentadas.
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El
aislamiento familiar, el desempleo, la pobreza, el alcoholismo
y el consumo de sustancias psicoactivas hacen que aumente cada
día más la indigencia en Colombia y con ella las
responsabilidades tanto del Estado como del sector privado para
atender a esta población en materia de salud.
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Se calcula que por lo menos un 12% de las
atenciones a los habitantes de la calle que ingresan a los hospitales
y no son certificados como indigentes, generan pérdidas que
pueden ser de un 5%, un 10% y un 30% del valor total de la atención,
en el caso de los sisbenizados. Estas pérdidas se deben a
que los pacientes se niegan a pagar el porcentaje que les corresponde,
bien sea por imposibilidad, desconocimiento de su ubicación
en la Seguridad Social y la falta de un documento que lo respalde,
o bien, por considerar que su salud es responsabilidad del Estado.
Los
centros de atención para los habitantes de la calle, adscritos
a las alcaldías de las principales ciudades del país
son los encargados de certificar la condición de indigencia,
con el fin de que el municipio financie el servicio de urgencias
y el departamento la atención de segundo y tercer nivel.
Esta certificación implica un estudio, en el cual se trata
de establecer mediante encuestas y la verificación de las
bases de datos, que dicha persona no pertenezca al régimen
subsidiado o al régimen contributivo, estudio que debería
ser previo para evitar confusiones en las obligaciones económicas,
pero que por el carácter transitorio de este grupo poblacional,
en muchas ocasiones se hace una vez prestada la atención.
Aunque
no hay una clasificación estricta, podría hablarse
de habitantes de y habitantes en la calle.
Los primeros son aquellos que llegan al espacio público para
proveer su subsistencia: venden, reciclan, limpian carros y hacen
presentaciones artísticas, entre otras actividades; y en
algún momento vuelven a sus ranchos, hospedajes o inquilinatos
que ellos mismos pagan. Son personas clasificadas por Planeación
Metropolitana en los niveles uno y dos del Sisbén, con el
criterio de que tienen un hábitat estable, así sea
con techo de plástico, piso de tierra, en terreno de invasión
y con servicios públicos de contrabando.
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Los
centros de atención para los habitantes de la calle, adscritos
a las alcaldías de las principales ciudades del país
son los encargados de certificar la condición de indigencia,
con el fin de que el municipio financie el servicio de urgencias
y el departamento la atención de segundo y tercer nivel.
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No obstante, por su condición de extrema
pobreza los sisbenizados se ven en aprietos para cancelar el bajo
porcentaje de la atención en salud que les corresponde y
en su mayoría le dejan este saldo rojo al hospital.
Muchos de ellos ni siquiera saben que hacen parte del régimen
subsidiado, puesto que, a pesar de que viven en la calle y no se
reúnen con sus familiares desde hace varios años,
son inscritos en el registro del Sisbén por algún
allegado, que por lástima e ignorancia trata de asegurarle
su salud.
Por
otra parte, como la indigencia no es propia de la población
de bajos recursos económicos, sino también de la descomposición
social, en los albergues transitorios de habitantes de la calle
se detectan personas que por diferentes razones han sido expulsadas
de sus domicilios, por familiares adinerados que los incluyen como
beneficiarios en diferentes EPS, pero en el momento de la atención
no se hacen presentes con la respectiva documentación, dejando
al hospital el total de la cuenta por pagar.
Lo
peor de todo es que los hospitales no pueden convertirse en cárceles
para retener a los pacientes que se niegan a pagar el servicio,
porque con su prolongada estadía la cura resulta más
mala que la enfermedad. Además, su situación
de indocumentados impide demostrar que se trata de las mismas personas
que cuentan con la debida seguridad social, caso en el cual es necesario
levantar el acta ante un notario. En un diagnóstico adelantado
por el Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá,
se observó que 331 indigentes de una muestra de 1.507 no
poseían cédula, lo cual quiere decir que ellos se
despojan de este documento cuando les conviene.
Hay
otro tipo de individuos, que desarrollan su estilo de vida en
la calle; allí duermen, se alimentan, consumen droga,
toman licor y tienen sus relaciones interpersonales. A éstos
se les certifica como indigentes, y por consiguiente, deben estar
en el régimen vinculado de salud. Según Marcela Calle
López, Coordinadora del Centro Día de la Secretaría
de Bienestar Social de Medellín, se ha tratado de establecer
un control mediante la realización de censos que permitan
cuantificar las personas que realmente viven en la calle. Pero la
problemática social y económica de Colombia incrementa
cada día más esta población, con desempleados
y empresarios en quiebra, que se desplazan al espacio público;
además de una gran cantidad de niños que abandonan
las aulas de clases para dedicarse a las costumbres callejeras.
Se estima que un 42% de la población indigente en la capital
de la República (donde se concentran habitantes de distintas
zonas colombianas e incluso de Venezuela), corresponde a menores
de 14 años de edad.
De
otro lado, si se hace una interpretación estricta de las
normas que regulan el actual Sistema de Seguridad Social en Colombia,
las personas que viven de la calle podrían considerarse
como económicamente activas o trabajadores informales y por
ende, si sus ingresos son mayores de dos salarios mínimos,
deberían estar cotizando en el Régimen Contributivo
de Salud. Caemos entonces en la misma falla: la ausencia de la función
de modulación y control dentro del sistema.
En
tal sentido, el Movimiento Nacional por la Salud Pública
propone crear mecanismos como la exigencia de estar registrado en
la seguridad social para poder realizar cualquier trámite
ante entidades públicas y privadas, lo cual requiere además
de un sistema de información confiable y actualizado.
Atención
especializada
El estilo de vida de los habitantes de la calle es el caldo
de cultivo para la violencia y propicia un deterioro constante de
su salud, que demanda una atención altamente especializada,
con largos y costosos tratamientos. Como se dijo anteriormente,
en el caso de los no certificados como indigentes por el respectivo
ente territorial, estos servicios de salud se convierten en una
carga para las instituciones que los prestan. Salta a la vista que
la principal debilidad de los habitantes de la calle tiene que ver
con el consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con un informe
del Dane, el pegante es lo que más consumen los niños
y niñas indigentes hasta los once años de edad, seguido
por el bazuco y la marihuana, en las etapas de la adolescencia y
la madurez.
La
problemática del consumo de droga en la población
indigente es más relevante en Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla, San Andrés y ciudades del Eje Cafetero como
Pereira, Armenia y Manizales. Así lo destaca la última
investigación del Programa Rumbos, según la cual se
observa un aumento de indigentes adictos que buscan ayuda para rehabilitarse,
con un incremento del 1% en 1995 al 40% en 1999.
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El
estilo de vida de los habitantes de la calle es el caldo de cultivo
para la violencia y propicia un deterioro constante de su salud,
que demanda una atención altamente especializada, con largos
y costosos tratamientos.
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Además existe un grupo de habitantes
de la calle con trastornos o disfunción mental, derivados
no sólo del abuso de dichas sustancias, sino también
del aislamiento familiar y social.
Como
consecuencia del hambre, del consumo excesivo de inhalantes y del
frío que tienen que soportar especialmente en horas de la
noche, aparecen las enfermedades infectocontagiosas y la desnutrición
crónica. Se destaca la tuberculosis, cuya tendencia al aumento
está a punto de generar una crisis de salud pública
en las ciudades capitales colombianas, debido a que los pacientes
inician el tratamiento y al notar alguna mejoría no lo terminan.
Adicionalmente
la promiscuidad propicia enfermedades de transmisión sexual
como el Sida que a su vez trae como consecuencia otras patologías
como la Hepatitis. Es el mismo cuadro clínico que se presenta
en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la Casa Camilus ubicada
en el Sur de la Florida, ha contabilizado más de 6.000 indigentes
en el Condado de Dade, de los cuales de un 25 a un 30% son adictos
crónicos, de un 30 a un 50% son enfermos mentales, de un
15 a un 25% están infectados por el VIH y un 50% tienen problemas
primarios de salud.
También,
es común encontrar en los hospitales, habitantes de la calle
que han sido apuñalados o son lesionados con arma de fuego
durante sus actividades ilícitas; al igual que indigentes
víctimas de accidentes de tránsito, cuya recuperación
demanda varias cirugías y procedimientos médicos de
alta especialización
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Foto Patricia Velásquez
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Además
de farmacodependientes, existe un grupo de habitantes de la calle
con trastornos o disfunción mental.
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