Periódico EL PULSO

Ana C. Ochoa- Periodista, Medellínaz.
Darío González Posso, ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo regional, Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, comentó para EL PULSO sus apreciaciones sobre el tema:
¿Qué panorama se presenta para el país en materia de fumigaciones de cultivos ilícitos? ¿Han aumentado los cultivos y qué regiones resultan más comprometidas en la fumigación?
Cuando se inició el narcotráfico en Colombia, se importaba pasta básica de cocaína (PBC), de Bolivia y Perú, para refinar y exportar al mercado internacional. Desde hace algún tiempo el país es productor de la materia prima para la elaboración del clorhidrato de cocaína y también ha desarrollado cultivos de amapola con fines ilícitos.
En 1987 había en Colombia, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Estupefacientes, un total de 24 mil hectáreas en cultivos con fines ilícitos de hoja de coca y marihuana (aún no habían cultivos de amapola). En 1995 habían 50.900 hectáreas de hoja de coca, 6.500 de amapola y 5.000 de marihuana, para un total de 62.400 hectáreas. En el 2000 se estimó que la producción estuvo alrededor de 160.000 hectáreas de coca, 6.700 de amapola y 5.000 de marihuana (éstas últimas se han mantenido más o menos estables desde 1993), para un total aproximado de 171.700 hectáreas.
Se produjo un incremento vertical de tales cultivos. En 10 años, los cultivos de hoja de coca se cuadruplicaron. Por efecto de las fumigaciones aéreas disminuyeron en determinadas regiones, pero se trasladaron a otras. El cuadro anexo muestra algunas de estas variaciones, por ejemplo: en el 2000, en comparación con 1999, los cultivos de hoja de coca se triplicaron en Nariño, posiblemente con población desplazada de Putumayo por las fumigaciones, y aparecieron por primera vez en algunos departamentos como Arauca, Boyacá, César, Guajira, Vichada y Chocó. En Putumayo, el departamento más fumigado, hay alrededor del 40% del total de hectáreas de coca en producción en Colombia.
El número total de hectáreas en producción aumentó, a pesar de la fumigación, o más bien gracias a ella, porque reprimir el primer eslabón de la oferta, tiende a subir los precios de la pasta básica de cocaína en los mercados locales de Colombia y esto estimula la extensión de los cultivos. Pero este es apenas uno de los efectos.
Cambio de piel
En lo ambiental, los resultados son dramáticos. A los efectos devastadores sobre ecosistemas de selva húmeda en el caso de la coca y de bosques alto-andinos y de niebla en el caso de la amapola, generados por el establecimiento de los cultivos, se suman los daños incalculables de la fumigación aérea con un herbicida de amplio espectro para forzar la erradicación, afectando flora, fauna y fuentes de agua.
En lo social, los impactos de la fumigación se manifiestan en destrucción de la seguridad alimentaria, desplazamiento de poblaciones, violación al derecho humano a un ambiente sano, a la salud, entre otros derechos. Esta situación se agrava con la ejecución de la primera fase del Plan Colombia, como lo documenta la Defensoría del Pueblo, mediante informes que indican que se han fumigado toda clase de cultivos, inclusive cultivos de proyectos de "desarrollo alternativo", apoyados por el Gobierno nacional o por la cooperación internacional, y se ha gravado la crisis humanitaria en el país.
Los lucros del negocio de las drogas ilícitas los concentra de manera dominante el capital financiero norteamericano e internacional que se nutre con el 'lavado de los dólares', las mafias de narcotraficantes, de suministradores de "precursores químicos" y de armas. Contra ellos no se dirige la llamada estrategia "antinarcóticos" desarrollada fundamentalmente con las fumigaciones, sino contra los campesinos e indígenas que cultivan plantas para usos tipificados como ilícitos.
Darío González Posso, afirmó que los daños sobre la salud humana no se reducen a los estrictamente 'clínicos' que se manifiestan por ejemplo en dolor de cabeza, fiebre, vómitos, irritaciones en la piel y en los ojos, entre otros males similares en todas las zonas una vez que ocurren las fumigaciones. Si partimos de un concepto amplio de 'salud', como el que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), debemos admitir que ésta no es simplemente la ausencia de 'enfermedad', sino un estado de bienestar físico, mental y social. Los daños en este sentido son graves.
En la guerra ¿todo se vale?
"No sólo se violan los derechos humanos, sino también el Derecho Internacional Humanitario. Para combatir la oferta de drogas ilegales y golpear las finanzas de mafias y grupos irregulares, se pone a la población civil como objetivo militar mediante la fumigación con armas químicas". Al perjudicar inclusive los cultivos que producen alimentos, se utiliza el hambre como un arma de esta guerra y se desplaza población, parte de la cual busca refugio en países vecinos. En particular se violan disposiciones del Protocolo II de 1977, adicional de los Acuerdos de Ginebra de 1949, donde se señala expresamente que "la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares", "se prohíbe atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil tales como cosechas, ganados, las instalaciones de reserva de agua potable y las obras de riego" y se prohíbe "Forzar a personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto" .
Hay que buscar soluciones pacíficas
Es cuestionable y condenable que el Gobierno, por acción o por omisión, contribuya a esta guerra, en lugar de buscar alternativas que garanticen y respeten los derechos humanos como los obliga la Constitución Nacional.
"Yo pienso que se requiere una reorientación radical de las políticas. Este no es un asunto de técnicas para la "sustitución" y no son justos pactos de erradicación manual forzados mediante el chantaje y la amenaza de la fumigación química, como propone el Gobierno. En Colombia se requiere una reforma y una política agrarias que reconstruyan y protejan la economía campesina y aseguren la soberanía alimentaria del país. Las siguientes son medidas urgentes: Parar de manera definitiva las fumigaciones, descriminalizar a los campesinos cultivadores de hoja de coca, amapola o marihuana, indemnizar a las poblaciones campesinas e indígenas por los daños causados y buscar soluciones pacíficas, alternativas a la guerra antidrogas".
Recordando a Lleras Camargo
Las palabras de González Posso, recuerdan las que escribió para Time, en 1979, el expresidente Alberto Lleras Camargo sobre la inconveniencia del prohibicionismo, las guerras que desata, tal y como lo expresa el premio Nobel de economía Milton Fiedman. Tesis que hoy también, para sorpresa de muchos en Colombia, ponen sobre el tapete algunos miembros del partido conservador y que han tomado fuerza en otras esferas. Dice González Posso que es indispensable estimular en el ámbito internacional y nacional el debate sobre diferentes opciones de legalización: ¿Libre mercado o legalización controlada? por ejemplo. El debate cuenta con muchos obstáculos y poderosos opositores, pero conocidos intelectuales insisten en que las organizaciones criminales que actúan alrededor del fenómeno de las drogas sólo serán derrotadas cuando se desvertebre su estructura financiera, edificada sobre los inmensos rendimientos que produce el prohibicionismo.