MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 241 OCTUBRE DEL AÑO 2018 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com
M ás de cinco millones de vehículos en Colombia no tienen el seguro obligatorio, de los casi 13.6 millones de automotores legalmente registrados. El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Adres, afirmó que además de la evasión, los gastos dentro del sistema de salud relacionados con accidentes de tránsito crecieron un 40 por ciento, desde que este seguro se volvió un negocio para algunas IPS, y agregó que más del 37% de los vehículos están evadiendo este requisito obligatorio para movilizarse en el territorio.
“Lo más grave del tema es lo que significa en términos de trauma. El SOAT se creó en la década de los 80 con el objetivo de garantizar atención oportuna a las personas que sufrían un accidente de tránsito, hoy estamos en el otro lado, lo que estamos observando es que un accidentado puede morir por el tema de un negocio que además raya con el código penal, donde una ambulancia transcurre cinco kilómetros pasando por tres hospitales, porque llega al hospital donde está el negocio, situación que está en conocimiento de las entidades de control, y de la fiscalía. Este es un negocio que hay que cerrar, buscando todas las alternativas posibles desde lo fiscal y lo penal, pero también desde la norma”, señaló Ramírez.
Según la Adres, las mayores Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud que reclaman los recursos por el SOAT se encuentran en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Valle, Magdalena, Antioquia, Cesar, Sucre, Bogotá y Bolívar, departamentos donde habría la mayor accidentalidad.
Según el director, “las aseguradoras tienen una pérdida operativa desde hace cinco años y sostienen que este seguro perdió su razón de ser: garantizar la atención oportuna en el hospital más cercano. Por otro lado, y como lo hemos demostrado, a la Adres le creció el gasto por estos eventos en un 40 por ciento en el 2017 con respecto al 2016, es por eso que estamos trabajando con la cámara del SOAT de Fasecolda y con el Ministerio de salud y protección social para buscar una salida y así acabar con el negocio de las IPS que han hecho del SOAT un mecanismo de rentabilidad rápida, haciendo uso y abuso de la tecnología médica y los apoyos diagnósticos sin necesidad, hay que intervenir. Este tema es crítico en la costa caribe y está creciendo en el Valle y en el Tolima”.
De ahí que para la Adres, en compañía de varios ministerios, se busque una salida y bases sólidas, desde lo fiscal y lo penal, hasta la política y la norma, para acabar con el SOAT mal utilizado y los evasores.
El doctor Carlos Mario Ramírez aseguró que en año 2017 del mes de junio a diciembre, canceló 189 mil millones de pesos por diferentes eventos que incluyen accidentes de tránsito, catástrofes naturales y terroristas, de los cuales, 184 mil millones corresponden a accidentes viales. Ante el incremento en el gasto por accidentalidad, la Adres también busca varias estrategias para acabar con los evasores, entre las propuestas está mejorar la tecnología y crear unos dispositivos de detección de vigencia del SOAT que estarían ubicados en peajes.
Según Gustavo Cabrera, asesor de la dirección general de la Agencia de Seguridad Vial de Colombia, la evasión afecta la sostenibilidad del sistema de salud y en general de la seguridad social de diferentes formas, primero quien evade el pago del SOAT no contribuye a la legalidad estipulada en las normas para el funcionamiento regular del sistema; segundo, los recursos existentes por origen del SOAT no corresponden a las estimaciones o cálculos globales para estimar el valor que tienen las pólizas del tipo de vehículos y otras consideraciones que se tienen en cuenta para determinarla.
“Sin el SOAT se hace necesario dentro de la seguridad social y el sistema de salud recurrir a otras cuentas y fondos que el sistema tiene para atender enfermedades catastróficas o de otra naturaleza para cubrir esa falta de recursos relacionados con la atención a lesiones por efecto de los accidentes”, afirmó Cabrera.
Pero además agregó: “Quien no paga el SOAT, deja de pagar el 3 por ciento que exige la ley y que se recoge para fortalecer la financiación de la Agencia de Seguridad Nacional de Seguridad Vial”.
Según la Agencia, “las estimaciones de la evasión del SOAT son diversas; estudios de Fasecolda y de otras fuentes, estiman que puede haber entre un 25 por ciento de propietarios de vehículos que están obligados a comprar el SOAT y mantenerlo vigente y no lo tienen”.
Según Cabrera, el número real de incidentes viales que tienen desenlaces fáltales o que causan otro tipo de lesiones, daños en vehículos, o daños en inmuebles sin que haya muertes, es desconocido y muy difícil de estimar, porque en las secretarias de movilidad solo se registra el 10 por ciento del total de eventos o incidentes en la vía, el subregistro puede llegar al 90 por ciento, esto ocurre por diversas razones, una de ellas es que no hay suficiente personal como guardas de tránsito para atender, documentar, registrar y reportar en el instrumento diseñado en Colombia, en el informe policial de los mal llamados accidentes de tránsito, y otra de las razones es la ocurrencia con fuga o escape de los causantes del accidente, unos porque están alcoholizados y otros porque no tienen los documentos al día entre ellos el SOAT.
El costo total de pagos hechos por las aseguradoras agremiadas en Fasecolda se estima a un billón de pesos anuales, esto equivale a un cuarto del presupuesto anual de una ciudad como Medellín.
Hasta el momento para combatir la evasión se han diseñado diferentes estrategias, como las básicas de control en la vía pública, mientras que se avanza en el desarrollo de los sistemas de información electrónica y un seguimiento de las fechas de vencimiento de pólizas.
En el congreso se estudia una propuesta para reducir el costo del SOAT, sin embargo, expertos dicen que podría terminar afectando las finanzas del sector salud. El más reciente proyecto fue presentado por el representante a la Cámara Alejandro Vega, quien plantea incorporar un artículo a la Ley 769 de 2002 en el que se reconozcan incentivos al propietario del vehículo, cuando no se afecte el seguro durante el año de vigencia.
De darse ese caso, el costo de la póliza para el próximo año bajaría un 10 por ciento y gradualmente hasta obtener un 30 por ciento de descuento. Según el representante “la propuesta es: si el asegurado no tiene ningún accidente de transito que afecte la póliza del SOAT, reciba un incentivo en el año siguiente en la tarifa”.
Tel: (4) 516 74 43
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