L a historia de Medimás tiene todos los componentes de una buena novela, drama, misterio, intrigas, lo único confuso es el final. El miércoles 3 de octubre la agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverri, anunció en rueda de prensa que se reversaba la venta de Cafesalud a Prestnewco S.A.S, con lo cual la existencia de Medimás quedaba en el limbo puesto que desecha la negociación, y el activo más importante, los afiliados, debían regresarse a Cafesalud, y como esta EPS ya no existe operativamente, solo quedaba redistribuirlos entre otras aseguradoras. El anuncio, que sorprendió al país a pesar de ser algo esperado por las reiteradas quejas de los usuarios frente a la mala calidad en la atención de Medimás, se dio por otras causas y vías.

Desde hacía más de un año el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, venía cuestionado el proceso de venta de Cafesalud, que a su vez era uno de los últimos activos de la también extinta Saludcoop, y en el mes de agosto pasado, como lo informó en su momento EL PULSO, en un documento enviado a la agente liquidadora de Saludcoop, además de afirmar que Medimás estaba colocando en riesgo la salud y vida de los afiliados, reiteró con pruebas irregularidades en la conformación del grupo de accionistas de Prestnewco, que alterarían las condiciones de cumplimiento de la cláusula que exigía experiencia certificada en gestión de la salud, a lo cual se agregaban incumplimientos en las fechas acordadas para los pagos de la venta. Estas situaciones, según el contrato firmado entre las partes, ameritarían reversar el proceso, y fue bajo estas consideraciones que actuó la agente liquidadora.

Si bien la primera reacción de la mayoría de actores del sistema fue que la medida era acertada y respondía a los problemas de atención de la EPS, lo curioso es que al no haber sido esta la causa de la revocatoria, el anuncio fue tomando con las horas giros inesperados. El primero de ellos fue la reacción de los socios quienes indicaron que no era el Procurador quien tenía la competencia para tomar este tipo de decisiones, lo cual puede ser cierto, pero se olvida que los dineros de la salud son de carácter público y tienen una destinación específica, la salud de los colombianos, factor que sí le entrega a la procuraduría las competencias para la vigilancia tanto de los recursos como de los procesos relacionados con la salud. Sin embargo, lo que sí fue claro fue el anuncio de demanda al estado por parte de los socios de Medimás por el posible pánico generado por el anuncio.

Mientras esto sucedía otro capítulo se desarrollaba de manera paralela. Se realizó una reunión que incluyó la presencia del Ministro de Salud Juan Pablo Uribe, el Superintendente de Salud Fabio Aristizabal y el Procurador Fernando Carrillo, acompañados del Defensor del Pueblo, la Contraloría y varías EPS. En la rueda de prensa efectuada el 4 de octubre se le dio un parte de tranquilidad a los afiliados y el ministro indicó que las personas seguirían recibiendo los servicios y atención, y a los prestadores y proveedores les pidió calma en el actuar asegurando que el sistema tiene como afrontar, reaccionar y acompañar lo que denominó “este proceso”. Por su parte El Superintendente Fabio Aristizabal indicó que su entidad adelantaría un programa especial de vigilancia para la garantía de la calidad y continuidad en los servicios de salud de todos los afiliados a Medimás; agregó que se adoptaría un “plan de contingencia que garantice el aseguramiento y la continuidad de los afiliados” y anunció otras medidas como la creación de una línea especial de comunicación para resolver dudas, además de realizar inspección y vigilancia sobre los recursos de la UPC, tato del giro directo como del 20% adicional, para lograr equidad en el universo de proveedores de la EPS. La rueda de prensa incluyó en declaraciones del procurador, el compromiso de las EPS asistentes a la reunión para acompañar el proceso que se desprendía del plan de contingencia. Se notificó que las personerías y contralorías regionales harían seguimiento a dicho plan.

Un hecho adicional se dio a conocer, y fue la existencia de una instancia de coordinación interinstitucional conformada por la Supersalud, la Procuraduría y la agente liquidadora de Saludcoop, y la cual seguiría operando para hacer seguimiento a las acciones jurídicas frente a Medimás y Esimed.

Hasta ese punto entes de control y gobernó parecían alineados frente a las consecuencias naturales que tendría la revocatoria de la venta, sin embargo horas después las cosas dieron un giro cuando la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer la Resolución 010087 firmada el 2 de octubre, o sea dos días antes de la rueda de prensa conjunta y uno previo a el anuncio de la revocatoria, donde concede un plazo de treinta días calendario a Medimás para reportar la totalidad de los documentos que soportan el cumplimiento del 100% de los criterios y estándares para la autorización establecidos en la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social 2515 de 2018. El plazo varía entre los uno y tres meses dependiendo del indicador a demostrar, incluyendo criterios financieros y de solvencia, cobertura de red de servicios de salud, indicadores de experiencia en atención, entre otros, pero también advierte la obligación de anunciar posibles transacciones de activos. Este anuncio de la Supersalud fue interpretado como una modificación de la postura del Superintendente puesto que son varias las preguntas que surgen: ¿Por qué no anunció la Resolución en la rueda de prensa? ¿Por qué estaba firmado un día antes de que se informara la reversión del negocio? ¿Fue coincidencia y en este caso la Super también estaba a punto de tomar acciones frente a Medimás? ¿La Resolución es parte del plan de contingencia? ¿Estaba previamente enterado el Procurador de las medidas de la Supersalud? ¿Por qué la Super participó en la reunión del Procurador si sus acciones eran de otro tipo?

Como parte de la estrategia se incluyó desde el principio contar con un evento de conocimiento especializado. Si bien en el sector Salud se realizan gran cantidad de actividades académicas, la mayoría se orienta a temas clínicos y de especialidades médicas o a temas de gerencia y administración; de ahí la importancia de tener en el país y Latinoamérica un gran encuentro bajo el modelo de congreso dirigido a fortalecer el quehacer de la atención de pacientes internacionales. Fue así como nació un evento que en 2018 cumple su décima edición.

Reacciones desde todas la esquinas

Desde el mismo día del anuncio los pronunciamientos no se hicieron esperar. Olga Lucia Zuluaga, directora ejecutiva de Acesi se mostró satisfecha al considerar que el gobierno nacional había emprendido la ruta para dar solución a múltiples dificultades de los usuarios de Medimás; no obstante agregó: “se hace necesario que se tomen decisiones urgentes y se adopte un plan de choque en donde se logre el pago total de la cartera de Medimás que con escasos 14 meses en el sistema ya adeuda a la red pública del país alrededor de doscientos mil millones de pesos; así mismo generar un plan de contingencia que garantice el pago de lo facturado en la prestación de servicios a los usuarios y una revisión por regiones para el traslado a las EPS que logren garantizar una adecuada prestación de servicios y un giro a los prestadores”. Y agregó que esta podría ser la oportunidad para aprovechar la coyuntura y adelantar una verdadera reforma estructural del sistema: “lo hemos dicho muchísimas veces. El modelo tocó fondo y se requiere una reforma estructural”.

Por su parte Jaime Arias, expresidente de Acemi, relacionó la situación de Medimás con la historia de Saludcoop a la que calificó “como un enfermo difícil de morir” a la vez que advertía que la situación podría tener consecuencias para el estado: ““no sé si existen suficientes razones para que se resigne ese contrato y volvamos a una situación cero, donde la empresa posiblemente tendría que volver a manos de Cafesalud, que es una entidad que todavía existe pero que está en liquidación. Esto va a terminar generando grandes líos de tipo jurídico, procesos complejos entre los dueños”. Aclaró también que: “tengo la impresión de que Medimás habían mejorado mucho el servicio, que estaban haciendo un esfuerzo grande, no sé si satisfactorio para la Supersalud”.

La crisis en la que desencadenó el caso Medimás no puede calificarse como sorpresiva puesto que desde el proceso de preventa de Cafesalud había sido advertida, como lo recordó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia –AESA- organización que denunció ante la Corte Constitucional los peligros que acarreaba la expedición de los Decretos: 2702, 2117 y 718 por parte del Ministerio de Salud y que facilitaban la venta de Cafesalud a empresas sin la idoneidad y capacidad suficiente. “Infortunadamente los hechos nos dan la razón, y los peligros ante la posibilidad de que la deuda no sea cancelada son inminentes para las ESE que verían aún más afectada su situación financiera”.

Otros que se pronunciaron, pero rechazando el anuncio, fueron los representantes de los trabajadores de Medimás afiliados a Unitracoop. El abogado asesor de la CGT, Octavio Rubio, manifestó: “lo fundamental que tenemos que decir es que hay un acto de irresponsabilidad por parte de la liquidadora de Salupcoop, cuando sale a mencionar un tema frente a una reversión de un proceso de venta de todo lo que era Cafesalud a Medimás. Esta es una situación que se tiene que resolver en otros escenarios y no por una orden de la liquidadora, porque es un contrato que resolverse por vía de un tribunal de arbitramento”.