El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 1255 a través de la cual se les asignan recursos por $1.700 millones de pesos a las entidades territoriales para financiar las medidas consistentes en alojamiento, alimentación, transporte y atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas, en un lugar diferente al de sus agresores. La Resolución busca fortalecer la gestión que las entidades territoriales realizan para prevenir y atender la situación de violencias contra las mujeres.

Las violencias por razones de género en Colombia son un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas además de la gravedad y magnitud con la que se presentan. En nuestro país hay más de 24 millones de mujeres que representan el 51,2 % de la población total. Para el año 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) reportó en datos preliminares un total de 47.524 casos de violencia de género, de los cuales, 40.760 fueron contra mujeres, para una tasa preliminar de 161,293 por cada 100.000 mujeres.

Según el Observatorio de Feminicidios en Colombia se han cometido 359 feminicidios entre enero y agosto de 2020, de los cuales el 52% han sido realizados por hombres en armas, y de estos, 243 fueron cometidos durante la cuarentena. De estos, se presentaron 24 casos en mujeres menores de 18 años, de las cuales 13 eran menores de 14 años. Para la entidad, “Los hombres en armas y sus actividades económicas, entre ellas, la economía sexual, hacen parte de la estructura de dominación patriarcal y capitalista que despliega repertorios de violencia clásica, racista, y sexista sobre los cuerpos de la población oprimida en razón de su sexo, clase y raza”.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, afirmó a través del Boletín II del 5 abril del 2020, “Contexto de medidas de aislamiento preventivo por Coronavirus en Colombia” que: “Al desagregar respecto del sexo de la víctima se encuentra que entre los registros el 52% fueron niñas y adolescentes y el 48% niños y adolescentes. Se observa que mientras que en el caso de las mujeres (niñas y adolescentes) el número asociado para cada rango etario es similar, para el caso de los hombres (niños y adolescentes) 8 de cada 10 son menores de 13 años, lo que sustrata el argumento asociado al continuum de violencias contra las mujeres y niñas que señala que ellas están expuestas a violencias constantes, repetidas y simultáneas a lo largo de sus ciclos vitales”.

En Colombia se han incrementado las cifras de mujeres afectadas por violencia de género, el confinamiento a causa del Covid-19, ha sido uno de los factores que lo ha originado. Para la profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Isabel Posada: “se vienen incrementando las violencias que tienen que ver con el ámbito mental, pero también las sexuales y las físicas. Incluyendo de hecho, un aumento significativo en los feminicidios. Con la cuarentena se incrementan situaciones de tensión que ya se estaban viviendo desde antes. También, en las familias se están incrementando estas situaciones porque vienen en una crisis económica. Pero, también porque se generan tensiones en términos psicológicos a causa de la convivencia obligada. Muchas de estas mujeres están desvinculadas de su red de apoyo”.

Es de ahí que el ministerio de salud busca a través de acciones establecidas en la resolución 595 de 2020 atender las mujeres víctimas de violencias de género. Por ello, se determinan los criterios para la asignación y distribución de recursos para la implementación y prestación de las medidas de atención por parte de las entidades territoriales con el fin de garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, el ejercicio pleno de los derechos, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, además de las políticas públicas necesarias para su realización, teniendo en cuenta la ley 1257 de 2008.

En esta línea de acción también se incorpora el Decreto 780 de 2016 que establece que las medidas dirigidas a las mujeres víctimas de la violencia deben incluir los servicios temporales de habitación, alimentación, y transporte, de acuerdo a la valoración de la situación especial de riesgo.

Óscar Javier Siza, jefe de la Oficina de Promoción Social del ministerio de salud, argumentó que la medida cubre también a hijos e hijas menores de 25 años con dependencia económica y a los mayores de edad con discapacidad, dependencia funcional y económica. “Esta medida es temporal por seis meses, prorrogable hasta por seis meses más”.

A su vez, Siza explicó que una vez la autoridad competente otorga el beneficio: “estas medidas podrán implementarse bajo dos modalidades: casas de acogida, albergues, refugios o servicios hoteleros; o recibirán un subsidio monetario en los términos del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008”.

Por otro lado, el jefe de la Oficina de Promoción Social comentó que “Se recibieron certificaciones de 14 de las 40 entidades territoriales del orden departamental y distrital del país, de las cuales siete (Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Buenaventura, Cali, Valle del Cauca y Cauca) fueron territorios que cumplieron con los criterios establecidos en la normatividad acreditando la capacidad de implementar y hacer seguimiento a las medidas de atención”.

La atención legal también está contemplada y se implementa de manera posterior al otorgamiento de las medidas de protección y de atención, ya sea con el comisario de familia, juez promiscuo municipal, juez civil municipal o juez de control de garantías. En relación, Siza pidió a las autoridades territoriales realizar una nueva identificación de las casas refugio, casas de acogida o albergues existentes en sus territorios: “con el fin de que puedan acreditar los requisitos de la Resolución 595 en un término no superior a 15 días y puedan acceder a los recursos dispuestos por el ministerio”.

Los recursos se destinan a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y serán transferidos a las entidades territoriales para la implementación. Las medidas se financiarán o cofinanciarán con cargo a los recursos disponibles en dicha entidad.

Acciones para el abordaje integral de las violencias de género

Las medidas que ha tomado el sector salud para enfrentar hechos de violencia, según el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, han estado enmarcadas en: “garantizar que las víctimas de violencias tengan atención y servicios, para esto creamos la Línea 192, opción 4, para atender la salud mental. Pero esta atención debe ser continua, con seguimiento a los casos con riesgo de salud y con valoración médica, continuamos con la capacitación a nuestros profesionales de la salud para que identifiquen el riesgo”.

Así mismo, la consejera para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, hizo un balance de la situación de violencia contra la mujer. “Cuando se hace el análisis de la Línea 155, vemos registrado un incremento del 150% en las llamadas por violencia intrafamiliar, entre el 25 de marzo y el 18 de junio de 2020, frente al mismo periodo del año anterior”.

Según el ministerio se ha priorizado como un asunto de interés en salud pública el abordaje integral de las violencias de género, y para ello desarrolla estrategias enfocadas en la instalación de una sala de control y monitoreo exclusiva para combatir crímenes de violencias en contra de las mujeres. También, el Consejo de Seguridad Nacional monitoreará permanentemente los casos de violencia de género para prevenir y castigar feminicidios, violencia intrafamiliar y sexual contra mujeres y niñas. Incorporará la violencia del sector en el monitoreo periódico para atención y prevención de violencias.

Por otro lado, se implementará una plataforma tecnológica con inteligencia artificial para prevención, atención y seguimiento a casos de violencias en contra de mujeres.