Muchas dudas frente al proyecto de reforma a la salud 010 de 2020

Casi que simultáneamente con el mensaje de urgencia enviado por el presidente Iván Duque al Congreso de la República para que apruebe el proyecto de ley 010 de 2020 que reforma el sistema de salud, un gran número de organizaciones pidieron también al congreso que se archive por considerarlo nefasto para los colombianos.

El primer elemento que llama la atención de esta solicitud es la amplitud de las organizaciones que han manifestado reparos al proyecto, gremios, sociedades ci8entificas y de profesionales, la sociedad civil, organizaciones ciudadanas, de pacientes u todas provenientes de todas las regiones del país, con lo que en primera instancia hace pensar en un gran rechazo a lo que podría ser la reforma al sistema de salud del administración Duque.

Durante la última semana de septiembre se conoció que muchas de las institucio0nes que pidieron el archivo del proyecto 010 de 2020 vienen preparando una propuesta alternativa para ser presentada en las próximas semanas al congreso, el problema acá es que una vez recibido el mensaje de urgencia, el tiempo se acorta y se corre el riesgo de que se convierta en ley a pupitrazo limpio, como ya ha sucedido muchas veces, con un agravante en esta oportunidad, la virtualidad en las sesiones.

Algunas de las objeciones presentadas al proyecto de ley fueron entregadas a los congresistas de la Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República y entre otros argumentos para solicitar el archivo del proyecto se encuentran que el contenido del proyecto no corresponde a lo establecido por la ley estatutaria 1751 de 2015 y la Sentencia C-313 de 2014 de la Corte Constitucional. Y que por el contrario sería contrario al derecho fundamental a la salud y al bloque de constitucionalidad.

En un aparte de la solicitud se lee: “Se constituye en una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros; retoma normatividad vigente y fallida, que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia, con la profunda crisis de la salud que describe la exposición de motivos de la iniciativa; y otras normas que no han podido ser implementadas por la estructura del modelo de salud, que se fundamenta en la intermediación financiera de las EPS y en la afiliación individual a un pretendido e inexistente sistema de aseguramiento, que obstaculiza las posibilidades de desarrollar un sistema basado en la atención primaria en salud”.

Frente al tratamiento del talento humano en salud, tema que ocupa un capitulo completo del proyecto, señalan: “lo planteado es una burla a este sector poblacional en momentos de crisis, dado que la iniciativa es inocua, solo se ocupa de enunciados exhortativos sin carácter vinculante y recaba sobre normatividad existente, sin resolver los problemas de precarización laboral en los establecimientos públicos y privados del sector”.

En relación con los hospitales públicos, a la que los firmantes consideran “la columna vertebral de cualquier sistema de salud en el mundo”, cuestionan que la iniciativa insiste en plantear modelos privatizadores que no han funcionado en Colombia ni en el mundo.

Por otro lado el texto de la solicitud agrega: “Se ignoran los determinantes sociales de la salud (medio ambiente, agua potable, alimentación y soberanía alimentaria que se está viendo agravada por el desempleo y la falta de ingresos asociados a la pandemia, entre otros), que son parte del derecho fundamental a la salud como lo reconoce el bloque de constitucionalidad, ligado a la Observación General N° 14 de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. El proyecto tampoco asume el problema de las llamadas zonas dispersas donde viven cerca de 22 millones de colombianos y colombianas, donde el modelo ha devenido en un completo fracaso, pues la rentabilidad de los intermediarios financieros que genera la crisis de las instituciones hospitalarias no puede desarrollarse. En estas zonas, más del 70% de nuestros connacionales son del régimen subsidiado y en muchas sólo existen hospitales públicos deteriorados. Pretender que la red de atención hospitalaria se mantenga por venta de servicios es realmente delirante y lo único que ha conllevado es la desaparición de la red pública hospitalaria, dejando a esta población sin alternativas de atención en salud”.

Un componente del proyecto que incluso podría generar un choque entre competencias es el que se relaciona con la educación delos profesionales de la salud, ya que estaría “en franca violación del principio constitucional de autonomía universitaria”.

Igualmente se rechaza el aparente debilitamiento que tendrían los regímenes especiales en salud, los cuales “han sido parte de la construcción de alternativas de distintos sectores poblacionales, atendiendo a riesgos laborales, condiciones insalubres de trabajo, y conquistas de las organizaciones de los trabajadores. Este proyecto retrocede, además, en logros que había alcanzado la ciudadanía colombiana para el acceso a servicios de salud, como lo han mostrado los pueblos indígenas; continúa con la desigualdad derivada de la capacidad de pago y aumenta el gasto de bolsillo de los colombianos más pobres con la llamada “contribución solidaria”, mientras disminuye los aportes de los empleadores y protege los cuantiosos recursos públicos de la salud se quedan en diversos intermediarios del negocio”.

Como conclusión de la carta el articulado del proyecto no resolvería la profunda crisis de la salud en que viene el sistema actual, la cual es “humanitaria, financiera, de derechos humanos, de salud pública, de transparencia institucional, y profundiza los determinantes de una crisis que ha sido develada por la pandemia, ampliamente vivida y conocida por la sociedad colombiana”.