Uno de los mayores retos que tendrán que enfrentar las naciones en los próximos años, según la OCDE, es el envejecimiento poblacional y con ello el gasto público y social que acarrea sostener vía subsidios o pensiones la calidad de vida de su población.

Con el incremento del desempleo, del trabajo informal y de la pobreza, ha disminuido la cobertura de la seguridad social en Colombia, así como la solidaridad social.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL ha recordado que “las crisis crean desequilibrios financieros en la seguridad social porque los ingresos disminuyen por la caída en las contribuciones salariales, los aportes fiscales, la rentabilidad de la inversión y las reservas, combinados con incrementos en la evasión y la morosidad; y los gastos aumentan debido a la mayor demanda por prestaciones de desempleo y asistencia social, aumento en los costos de medicamentos y equipo sanitario, y presión para ajustar las pensiones a la inflación”.

En Colombia el número de cotizantes al sistema de pensiones aumentó 1,6 veces entre 2005 y 2017. Sin embargo este crecimiento no es homogéneo entre el Régimen de Prima Media (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual (RAIS).

Mirando un lapso de tiempo más amplio, entre 1997 y 2017, mientras el promedio de cotizantes a RPM cayó en 2,7 %, el promedio en RAIS aumentó en 5,8 %, este fenómeno responde al cambio en la estructura del sistema que se volcó hace dos décadas hacia el ahorro individual, de tal forma que el porcentaje de cotizantes efectivos en RAIS pasó de representar el 31% en 1997 al 72 % en 2017. Además existe una baja proporción histórica del número de cotizantes, que, para el 2017, apenas representó un poco más de una tercera parte de la población laboralmente activa. Las tasas más bajas de cotización se encuentran en la población pobre (US $50 diarios), la discrepancia entre el porcentaje de trabajadores pobres y de altos ingresos que cotizan hace de Colombia uno de los países más heterogéneos comparativamente frente a América Latina en este indicador.

Partiendo de estos datos, para el 2021, en nuestro país la proporción de ocupados informales en las ciudades y áreas metropolitanas fue 48,5 % (Cúcuta, Riohacha, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Armenia, Montería, Cartagena, Florencia, Barranquilla, Quibdó, Pasto, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Popayán, Neiva, Cali, Pereira, Tunja, Bogotá D.C. Medellín, Manizales).

En cuanto a la población ocupada afiliada al sistema de seguridad social en salud y cotizante a pensión, según el Dane, “el 90,5 % de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período abril - junio 2021 reportaron estar afiliados a salud. En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 50,3 %”.

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre abril - junio 2021, el 57,6 % del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante, y el 8,6 % pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario y el 24,0 % de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado.

Sostenibilidad y rentabilidad para el sistema de seguridad Social

Según el economista y magíster en Ciencias Naturales y Matemáticas, Santiago Jiménez Londoño, la necesidad de un sistema de pensiones sostenible radica en que “en primer lugar, la cobertura del sistema representa alrededor del 23 % de la población, esto sobre una base de un 40 % de cotizantes con respecto al total de afiliados, lo cual implica que el sistema pensional, en un muy bajo estándar, cumple con su objetivo en términos de beneficiarios, pero presenta una relación cotizante – beneficiario insostenible en el tiempo”.

Jiménez afirma en su investigación “Evaluación de la sostenibilidad del sistema de pensiones” que los principales problemas del sistema pensional colombiano pasa por la existencia de deficiencias institucionales, baja cobertura presente y futura, alto costo del RPM, alta inequidad, deficiente funcionamiento del RAIS en su fase des-acumulación y un alto riesgo jurídico. Desde esta última perspectiva, la respuesta de los jueces a los alegatos jurídicos relativos a pensiones restringiría el sistema, sin considerar sus efectos en la administración y asignación de beneficios pensiónales.

¿Qué pasará con la protección social de los trabajadores informales?

En materia de protección social, la CEPAL sostiene que la actual crisis acentuará la insuficiencia preexistente en América Latina y el Caribe y ejercerá una presión adicional sobre los países con un espacio fiscal reducido. Tales efectos se verán acentuados, entre otros elementos, por las altas tasas de informalidad, el aumento del trabajo por cuenta propia y las brechas de acceso a la protección social contributiva por los efectos financieros que enfrentarán los sistemas contributivos de protección social ante la mayor demanda de prestaciones por licencia de enfermedad por parte de los trabajadores del sector formal y, porque será necesario ampliar los programas de protección social no contributiva que se financian con impuestos y que apoyan a los más pobres y a las familias de bajos ingresos en riesgo de caer en la pobreza.

La CEPAL expone que una situación compartida por los trabajadores en la informalidad es su realidad de desprotección y brechas de acceso a los diversos instrumentos de la seguridad social, así como de la protección social no contributiva.

Frente al tema el ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz, argumentó que la protección social en Colombia involucra acciones que se hacen desde el bienestar social y desde el propio sistema de compensación, y reconoce cierta desarticulación difícil de abordar. “Lo que siento es que con toda la institucionalidad que tenemos, lo más importante es integrar los sistemas de información”.

Asimismo, señaló que es relevante el esfuerzo que se está haciendo en este ítem “todo lo que es información de compensación, de riesgos laborales, de salud, va a ser una ganancia muy importante para el sistema, porque nosotros no sabemos desde salud lo que en otros aspectos le está ocurriendo al ciudadano”.

Para el ministro, allí es donde se debe trabajar “y esa visión de protección social, necesariamente, debe pasar por la evaluación de lo que es la información al interior de los propios sistemas”.

De otro lado, Alba Lucia Moreno Franco, magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo explica que “la seguridad y salud en el trabajo en Colombia presenta un progreso en el marco normativo y es consecuente con los lineamientos y políticas internacionales en el tema, sin embargo, en la práctica no se garantiza a toda la población trabajadora. Cabe señalar que se evidencia el esfuerzo que han puesto los gobiernos por avanzar en la reglamentación sobre el trabajo doméstico, el trabajador independiente y la seguridad y salud en el trabajo, pero aún queda mucho por hacer en la protección y prevención para las labores tradicionales categorizadas como informales, entre otras, el trabajo doméstico en la familia y los que emergen con la globalización”.

Y añadió: “en el marco del SGSS en Colombia, el régimen subsidiado garantiza el acceso a los servicios de salud, pero presenta limitaciones en la prestación de los mismos. La seguridad social no es integral para todos los colombianos (riesgos laborales y pensión de vejez invalidez o muerte por causa común) y además se queda corto en la gestión del riesgo en salud y su relación con el trabajo informal, con la salud individual y colectiva, al igual que con la promoción y prevención de los riesgos en las poblaciones que se encuentran en desventaja económica, profesional, política y social”.