Las declaraciones oficiales que rodean la orden de intervención forzosa administrativa expedida por la Superintendencia Nacional de Salud contra la EPS Coomeva tienen todo el tinte de frases prediseñadas que han sido escuchadas en el país cada vez que una aseguradora en salud va a ser liquidada. Parecería la anestesia aplicada, o el tratamiento paliativo, a un paciente que no muestra una recuperación luego de todos los intentos.

La Supersalud afirmó al tomar la medida que esta busca: “… garantizar la adecuada atención de sus afiliados y el flujo de recursos a la red de prestadores y proveedores de la entidad” y que fue tomada por: “… considerar que está poniendo en riesgo la prestación de los servicios a sus 1.3 millones de afiliados y no realiza una adecuada gestión financiera de los recursos de la salud en los 21 departamentos donde opera”.

Por su parte Coomeva, en un comunicado en tono tranquilizador, asegura que “Es importante mencionar que estas medidas no tienen como objetivo la liquidación de Coomeva EPS y, por el contrario, buscan dar una garantía de servicio a los 1.3 millones de usuarios con los que cuenta actualmente la EPS”, y reafirma los planteamientos de la Supersalud en el sentido en que el objetivo de la intervención forzosa es dar continuidad a la medida de Toma de Posesión que había sido ordenada el pasado 27 de mayo de 2021 por la Super, y continuar así con “las acciones adelantas para garantizar la prestación de los servicios a los usuarios de Coomeva EPS y sus núcleos familiares”.

Sin embargo el comunicado de la EPS concluye con una afirmación que abre perspectivas para el análisis de lo que sucederá en el futuro con la aseguradora: “el ente de control, ordenó la medida de intervención forzosa para administrar la Entidad”. Esta aclaración deja a partir del momento de la intervención forzosa, el gran peso del potencial salvamento de la EPS en la capacidad de gestión de la Superintendencia.

Y es que la nueva medida tendrá una vigencia de un año con un objetivo central “culminar el plan de fortalecimiento institucional que ya está en marcha, en el que se realizarán acciones de capitalización y saneamiento de pasivos; de manera que se garantice la atención en salud y el bienestar de los usuarios afiliados a Coomeva EPS”.

Hay que recordar que Coomeva se encontraba desde hace cuatro meses bajo una toma de posesión por parte de la Supersalud, sin embargo los indicadores no parecían mostrar una tendencia significativa hacia el mejoramiento. Con corte a julio de 2021 la EPS registraba indicadores financieros críticos con pérdidas acumuladas por $81 mil millones, un déficit de patrimonio de $743 mil millones, un índice de solvencia de -486 mil millones de pesos y un nivel de endeudamiento de 1,56 veces el valor de sus activos.

De ahí que en el informe de la Supersalud se indique que la medida se toma como respuesta a las debilidades presentadas por Coomeva en el pago oportuno de sus obligaciones y en el suministro de medicamentos, la baja cobertura de red en los tres niveles de complejidad, deficiencias en el modelo de atención que se reflejan en los indicadores de efectividad y gestión del riesgo, afirmó Henri Philippe Capmartin, delegado (e) para Entidades Administradoras de Servicios de Salud de la Superintendencia.

Coomeva desde hace años ha mostrado según los mismos informes de la Supersalud, un deterioro preocupante en su comportamiento dentro del SGSSS. Las deudas con los proveedores ha sido una queja constante por parte de las IPS, y las más de 3.500 tutelas interpuestas por usuarios hasta julio pasado, y las 37.000 quejas y reclamos, explican el porqué agosto de 2020 y agosto de 2021, la EPS perdió el 17 % de su población afiliada, es decir 268.484 afiliados, siendo una de las disminuciones más fuertes entre las empresas del sector del aseguramiento en salud para ese periodo, según el informe de la Supersalud, entidad que además constató que Coomeva “no realiza el diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas, tales como cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, y presenta deficiencias en la gestión del riesgo en la población gestante”.

Las causas más recurrentes dentro de las acciones de tutela presentadas contra Coomeva incluyen la falta de oportunidad en la prestación de los servicios, demora en la expedición de órdenes no quirúrgicas, inconformidad con el prestador asignado y la falta de pertinencia médica e inoportunidad del prestador en la práctica quirúrgica.

La intervención forzosa se extenderá por un año tiempo durante el cual al frente de la EPS continuará el doctor Felipe Negret Mosquera como agente especial interventor, quien deberá implementar un programa gradual de salvamento que posibilite la recuperación de los indicadores de Coomeva, elaborar un plan de pagos para los acreedores y corregir la prestación de los servicios a los usuarios, tarea compleja si se tiene en cuenta que según la Supersalud, la EPS, además de los problemas financieros, también tiene fallas relacionadas con la operatividad, disponibilidad y suficiencia de la red de servicios, lo que afecta la capacidad de atención y detección temprana de enfermedades, y aumenta la severidad de las patologías y conllevan a congestión en los servicios de urgencias.

Desde la perspectiva financiera, el informa del ente de control señala que Coomeva presenta un riesgo de liquidez porque no ha constituido las inversiones que le permiten dar cumplimiento al indicador de régimen de inversiones que respaldan las reservas técnicas.

Plan de salvamento

La resolución que ordena la intervención forzosa administrativa, establece una serie de actividades que deberá desarrollar el agente especial interventor con el fin de alcanzar el salvamento de la EPS, entre ellas: garantizar que la Red Integrada de Servicios de Salud permita el acceso de servicios a la población afiliada en términos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad; implementar estrategias orientadas a garantizar la continuidad, acceso a servicios, oportunidad y seguridad en la prestación de los servicios médicos y tecnologías en salud de sus usuarios; implementar procesos periódicos de auditoría a la red de prestación de servicios de salud contratada que incluyan análisis de peticiones, quejas, reclamos y denuncias; ejecutar acciones orientadas a la conciliación, depuración y pago de las obligaciones pendientes con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud, garantizando la estabilización del flujo de recursos y la atención a la población afiliada; cumplir con las condiciones financieras y de solvencia (capital mínimo, patrimonio adecuado, reservas técnicas), y ejecutar el proceso de identificación, alistamiento, presentación y conciliación de los cobros y recobros ante las entidades responsables de pago de servicios.