Realidad de la migración y la atención primaria en Colombia

A los desafíos que afronta la Atención Primaria en Salud (APS) en las ciudades y la ruralidad colombiana, se le suma la situación de la población migrante, refugiada y de alta movilidad, que viene al país buscando oportunidades o lo recorre como parte del tránsito a Estados Unidos.

Informes de Médicos Sin Fronteras revelan que solo a la estación migratoria de San Vicente, ubicada en la provincia del Darién (Panamá) en 2021 llegaron 134 000 personas, de Haití (62 %), Cuba (14 %), países africanos (3 %) y de Venezuela (2 %). Entre enero y septiembre de 2022, según el gobierno panameño, cruzaron exponiendo sus vidas otras 151 182 personas: 130 012 adultos y 21 570 menores.

Otras fronteras del país como los Santanderes, La Guajira y Arauca son, por el contrario, receptoras permanentes de migrantes, especialmente desde la crisis venezolana del 2010. Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que por el país han transitado 7.1 millones de venezolanos que decidieron migrar, de los cuales Colombia ha acogido alrededor de 2.48 millones.

En un país que no tiene tradición de inmigrantes, ha resultado todo un reto poder brindar condiciones dignas de vida y salud a los que están de paso y a quienes deciden quedarse. Según Olga lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), para llevar a cabo la APS se han identificado dificultades que aplican tanto para los locales como para los migrantes, listado que estaría encabezado por personas que se han adscrito a más de un asegurador o los que no están afiliados al sistema de salud, como es el caso de la población migrante no regularizada.

“Otras dificultades son la alta movilidad de la población; la inexistencia de un trabajo intersectorial que permita abordar los determinantes sociales como principal generador de problemas en salud; y que las IPS públicas estén supeditadas a la contratación del plan de intervenciones colectivas por parte de las entidades territoriales y esta no se genera de manera oportuna, lo que ocasiona que las brigadas no tengan un mayor impacto”, cuenta la directora ejecutiva de ACESI.

Desde su perspectiva, para mejorar esas condiciones, “las IPS deben contar con personal capacitado, competente y comprometido según las necesidades de la comunidad, y con financiación permanente, que garantice la continuidad de la estrategia”. También considera crucial “definir el territorio a cargo de las instituciones de salud, independiente de la aseguradora y acorde con el sitio de residencia del usuario; y hacer trabajo intersectorial liderado por la entidad territorial”.

ACESI, en alianza con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), inició recientemente diversas acciones de fortalecimiento en APS para departamentos priorizados del país, para apoyar al Gobierno Nacional en la respuesta a las necesidades en salud de la población refugiada y migrante, y además fortalecer la red pública hospitalaria, “acompañamiento que ya ha tenido resultados en hospitales de La Guajira, como el hospital de Maicao donde hay avances importantes en la implementación”.

APS en las fronteras

Para la llegada del COVID-19, departamentos fronterizos como Chocó, Nariño y La Guajira tenían las más débiles condiciones para la atención en salud, debido a la ausencia de infraestructura, dotación y personal médico.

Aunque la Dra. Zuluaga afirma que los hospitales públicos fueron fortalecidos en infraestructura y dotación gracias a la pandemia, también considera necesario “garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, para lograr el fortalecimiento de las instituciones según las necesidades de la población y que su financiación no dependa de la venta de servicios”.

Uno de los centros médicos que recibe migrantes de forma permanente es la ESE Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), ciudad donde, según el censo de Migración Colombia para 2022, se ubicaban 52 182 venezolanos (109 809 en todo el departamento de Santander).

Germán Gómez Lizarazo, gerente de la ESE ISABU, coincide en el avance de la institución, gracias a sus 22 centros de salud y dos unidades hospitalarias que cuentan con infraestructura moderna, equipos biomédicos y recurso humano capacitado, además de “un programa de atención primaria estructurado y protocolizado, y una historia de trabajo en participación comunitaria en salud y medio ambiente”.

No obstante, en esta ciudad que también recibe migrantes de Chile y Perú, Gómez Lizarazo revela que las barreras para llevar a cabo la Atención Primaria en Salud son contractuales, seguidas del desconocimiento de los servicios por parte de los usuarios, la movilidad de la población y la afiliación oportuna a las EPS, aspecto que considera se debe priorizar para la atención a los migrantes.

La ESE ISABU atiende en su mayoría a mujeres migrantes embarazadas y primera infancia (controles prenatales, atención del parto, urgencias de morbilidad y controles de crecimiento y desarrollo), además de eventos de violencia de género.

Las atenciones en lo extenso del territorio colombiano suman y requieren recursos. En el contexto de la reforma, Zuluaga afirma que los recursos para la financiación de los centros hospitalarios y de los equipos extramurales,que hagan el abordaje directo con la población migrante, están definidos y consignados dentro de la propuesta de reforma. “Es importante resaltar que muchos de esos recursos ya existen, pero deben redireccionarse hacia la promoción y prevención”, argumentó.

Se calcula que para el 2023 el país necesitaría USD 665 millones para atender necesidades de salud, seguridad alimentaria, protección y educación de 1.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, según lo anunciaron el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) y el Gobierno Nacional en el lanzamiento del Capítulo Colombia del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2023-2024.

Salud de los venezolanos en Colombia

En febrero pasado se presentaron los resultados de la primera “Encuesta bioconductual sobre el VIH, la sífilis y el estado de salud de los venezolanos que viven en Colombia”, iniciativa de la Red Somos y la Universidad Johns Hopkins, con apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social.
El estudio reveló que, de los 6 221 venezolanos encuestados, el 86 % no cuenta con empleo formal y un 92 % afronta inseguridad alimentaria, es decir, come una o dos veces al día. Cerca del 8 % migra por razones de salud y, de estos, 7 % lo hace por condiciones asociadas al VIH. Un 47 % ha experimentado discriminaciones, incluso cuando buscan atención en salud, y las personas con estatus migratorio irregular tienen un 70 % menos de probabilidades de controlar el virus del VIH, frente a quienes están regularizados.