¿Reforma a la salud por decreto en Colombia?

El pasado 2 de julio el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 1085 de 2023, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira por 30 días, con el propósito de atender la crisis humanitaria en dicho territorio y dio a conocer que llevará a cabo otra reforma a la salud que se aplicará solo en la costa caribe.

“Hay una reforma a la salud que haremos también con decretos de emergencia, esos decretos de emergencia de la salud es configurar en todo el territorio de La Guajira los distritos de salud por 800 000 familias y equipos de salud que visitarán casa por casa, cada ranchería, cada barrio, cada punto veredal de La Guajira, llevando vacunas y estableciendo las condiciones de la salud en el mismo territorio. Es el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso, pero lo vamos a aplicar de una vez”, dijo el presidente Gustavo Petro desde San Juan del Cesar, La Guajira.

Vale destacar que según análisis se evidencia que una reforma a la salud por decreto implica cambios y modificaciones en el sistema sanitario de un país, los cuales se implementan a través de un decreto presidencial u otra medida ejecutiva similar. Por ejemplo, el decreto podría introducir transformaciones a las leyes existentes relacionadas con el sistema de salud. Esto puede incluir variaciones en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, regulaciones para los proveedores de servicios, mecanismos de financiamiento, entre otros aspectos legales. Además, esto podría incluir la expansión de los programas de aseguramiento, la inclusión de nuevos servicios en el plan de beneficios o la implementación de estrategias para reducir las barreras geográficas o económicas para acceder a la atención médica.

En el caso de La Guajira, a través de unos decretos, se construirán 300 equipos extramurales de salud, que se expandirán por todo el territorio con el objetivo de atender a las familias en sus hogares y de esta manera impulsar la salud preventiva. Además, según la información dada por el Gobierno, se convocó a las facultades de medicina de las universidades para que apoyen este programa con estudiantes de último grado. Así mismo, el Ministerio de Salud entregó recursos por cerca de 37 mil millones de pesos para la construcción del nuevo hospital del corregimiento de Nazareth, en el municipio de Uribia.

“En total, esta cartera destinó 85 mil millones de pesos para construcción o acondicionamiento de hospitales en Nazareth ($37 000 millones), Manaure ($36 000 millones), El Molino ($7 200 millones) y Distracción ($5 300 millones)”, dice un comunicado publicado por Presidencia de la República.

Sobre la reforma a la salud por decreto, el ministro Guillermo Jaramillo afirmó: “Queremos poner en práctica la reforma y uno de los importantes ítems que tiene que ver con la declaratoria de emergencia, es que vamos a sacar un decreto exclusivamente para que desde el ADRES, desde la Superintendencia de Salud, del ministerio, podamos desarrollar la reforma y ponerla en práctica lo más pronto posible”.

El ministro también explicó que el Decreto 1085 de 2023 será la hoja de ruta que permitirá establecer las acciones en materia de salud que se pondrán en marcha en La Guajira para atender la emergencia y que a su vez hará que ese departamento se convierta en el primero en donde se implemente la reforma.

Además, según lo ha planteado el propio Gobierno, la idea es llevar la experiencia de La Guajira a los departamentos de Guaviare, Chocó, Amazonas y Cauca. Allí se podría también implementar la reforma de la salud y lo que se vio durante la semana pasada, llevando al Ejecutivo fuera de Bogotá a zonas tradicionalmente olvidadas.

En contraste, y luego de que se conociera el Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, expresó estar en desacuerdo con los propósitos que tendría el Gobierno a través de dicha disposición.

Frente a ello, enfatizó que la emergencia en La Guajira se ha prestado para que “el Gobierno dicte decretos con fuerza de ley (Leyes de la República) sin pasar por el Congreso para modificar tributos o implementar medidas a corto plazo para enfrentar la emergencia”.

“(...) El decreto es bastante débil para demostrar que hay un hecho sobreviniente y menos sobre sus impactos (fenómeno de El Niño), e increíblemente las cifras históricas que se anexan en salud por desnutrición y mortalidad infantil parecen probar todo lo contrario”, señaló.

Además, argumentó que “sorprende por ello que se pretenda que la nueva emergencia haga una reforma a la salud por decretos de emergencia, así sea solo en La Guajira. Mucho más cuando nuestro mandatario ha insistido en este instrumento tres veces. La primera en campaña, cuando la propuso para enfrentar el hambre, la segunda en septiembre- 2022 para enfrentar el eventual fenómeno de La Niña (lluvias) y ahora por el fenómeno de El Niño que se avecina en La Guajira”, indicó.

En ese mismo sentido, la oposición ha cuestionado la posibilidad de aplicar la reforma de la salud a través de decretos de emergencia. “El presidente Petro no logró pupitrear su reforma a la salud en el Congreso en esta legislatura y ahora pretende reglamentarla haciendo uso de su decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, comentó el senador David Luna.

Luna calificó de “inhumano” que se use a la población de La Guajira “como excusa para por fin hacer realidad su punto de honor que nos devuelve al fracasado y corrupto Instituto de Seguros Sociales”.

EPS también en desacuerdo

El Decreto 1085 de 2023 señala que en La Guajira se necesitan para “reorganizar la estructura y el funcionamiento del sistema de salud” y que para lograrlo se debía “establecer un mecanismo de administrativo y financiero en el que se dispongan los recursos excepcionales necesarios para atender, mitigar, y superar las causas que dieron origen a la declaratoria de emergencia económica”.

Esto se traduce en que mientras se aseguran estos recursos con el decreto, las EPS advierten que no llegarán a final de año si el Gobierno no les garantiza $10.45 billones.

Paula Acosta, quien se desempeñó hasta julio como la presidenta de Acemi (gremio de las EPS del régimen contributivo), indicó que “los recursos no serán suficientes para cubrir las necesidades este año, pero además tenemos deudas que vienen, incluso, desde 2021 y que el Gobierno no ha programado para cubrir adecuadamente. Esto son $3.9 billones”.