La Superintendencia Nacional de Salud emitió la Resolución No. 2024160000003002-6 de 2024, fundamentando la intervención en la EPS Sanitas conforme al numeral 72 del artículo 72 del Decreto 1080 de 2021, que detalla la toma de control de los activos y negocios de la EPS. Aunque la autorización de operación de la EPS Sanitas se sustenta en varias resoluciones anteriores, como la 0981 de 1994, la 008683 y la 011735 de 2018, así como su renovación en 2023, la Superintendencia ha identificado incumplimientos significativos, especialmente en el manejo financiero y la prestación de servicios.

El superintendente Luis Carlos Leal ha explicado que la intervención tiene como objetivo corregir errores administrativos y asegurar la prestación de servicios de salud en todo el país. La EPS Sanitas ha mostrado un preocupante aumento en la tasa de siniestralidad y un alto número de reclamaciones, lo que amenaza la atención adecuada a los afiliados.

Ante esta situación, se ha designado a Duver Dicson Vargas Rojas como agente interventor, encargado de implementar un plan de trabajo para subsanar las deficiencias identificadas. Se han establecido diez órdenes de obligatorio cumplimiento, incluyendo la resolución de reclamaciones pendientes y la mejora en la gestión financiera.

Además, se han tomado medidas preventivas inmediatas, como la protección de los bienes de la EPS y la notificación a las autoridades pertinentes sobre la suspensión de procesos judiciales contra la entidad intervenida. El agente interventor deberá presentar informes periódicos y un informe final evaluando la posibilidad de restaurar adecuadamente la entidad o liquidarla, según corresponda.

Pacientes Colombia, una coalición de 198 organizaciones de pacientes, ha manifestado su preocupación por la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas. Denis Silva, portavoz de Pacientes Colombia, ha expresado que estas intervenciones históricamente han llevado a la liquidación de las EPS, deteriorando la calidad de la atención y aumentando la mortalidad hasta en un 25 %.

Según Silva, la intervención de Sanitas parece estar motivada por intereses políticos más que por criterios técnicos de salud, generando indignación entre los actores del sistema de salud. Esta situación refleja los desafíos y tensiones dentro del sector en un momento en que el debate sobre la administración de los recursos está en primer plano.

La intervención administrativa implica la remoción de la junta directiva y el gerente actual de la EPS, siendo reemplazados por un administrador designado por el Estado. Esto podría llevar a la liquidación de la EPS y comprometer la calidad de la atención médica, según estudios que indican un posible aumento en la mortalidad.

Denis Silva expresó su inquietud por el control que el presidente Petro ejerce sobre una parte considerable del sistema de salud y la aparente falta de supervisión efectiva por parte de las entidades reguladoras. Esta situación ha llevado a preguntas sobre si la intervención es una medida rutinaria o el inicio de un proceso de expropiación.

Por su parte, Keralty ha reaccionado ante la intervención de EPS Sanitas, destacando su compromiso histórico con la salud y el bienestar de sus usuarios. Sin embargo, la empresa rechaza enérgicamente la intervención de su EPS, considerándola improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria. Keralty ha señalado deficiencias en el análisis gubernamental sobre la situación financiera de la EPS y la falta de reconocimiento de la deuda acumulada, así como la falta de consideración del plan de reorganización institucional presentado anteriormente.

El abogado de Keralty, Juan David Riveros, se pronunció sobre la denuncia penal y la recusación presentadas contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Riveros no descartó la posibilidad de emprender más acciones legales en función de cómo evolucionen las acciones.

Riveros subrayó que, en el pasado, el funcionario ha evidenciado una animadversión hacia Keralty, lo que, desde su perspectiva, plantea dudas sobre la imparcialidad del superintendente en las decisiones relacionadas con la empresa.

En cuanto a la denuncia por el delito de prevaricato, Riveros argumentó que el superintendente estaría impedido para tomar decisiones sobre asuntos relacionados con Keralty debido a manifestaciones públicas previas que denotan un sesgo contra la empresa.

Riveros también cuestionó la fundamentación de la decisión de intervención de la EPS Sanitas, señalando que considera infundada la medida y que se basa en manipulación de cifras financieras y en una supuesta desviación de poder por parte de la Superintendencia de Salud.

Respecto a la recusación presentada contra Leal, Riveros explicó que se basa en las posturas públicas anteriores del funcionario, las cuales sugieren prejuicios en relación con Keralty.

Ante la posibilidad de que el superintendente no se declare impedido, Riveros mencionó la opción de llevar el caso al Ministerio de Salud y adelantó que también estudian otras acciones legales, como una demanda ante un tribunal de lo contencioso administrativo o acciones de carácter constitucional como la tutela o las acciones populares.

En cuanto a los plazos para conocer una decisión sobre estas acciones legales, Riveros señaló que es difícil precisarlos, ya que dependerán del avance de las investigaciones y de las decisiones judiciales que se tomen en cada etapa del proceso.

En cuanto a la atención médica en otras entidades, Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo directivo de ENHU (Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas), ha destacado los retrasos recurrentes en la atención y asignación de citas, así como la falta de continuidad en la prestación de servicios en entidades como Emsanar, Asmet Salud, Savia y Famisanar. Estas dificultades afectan especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, quienes requieren un abordaje diferencial.

La falta de recursos y los retrasos en los giros por parte del gobierno han generado una crisis financiera que afecta directamente la prestación oportuna de servicios y vulnera los derechos de los pacientes, según el Observatorio ENHU. Esta situación pone en riesgo la vida de más de 92 mil pacientes en el país.

Por otro lado, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha manifestado su compromiso con la mejora del acceso equitativo a servicios de salud de calidad. Tras el archivo de la iniciativa de reforma del sistema de salud, la ACHC ha destacado la importancia de considerar ajustes y mejoras, especialmente en la calidad de los servicios y el acceso en regiones apartadas.

La ACHC ha expresado su preocupación por la situación financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), tanto públicas como privadas, en el país, resaltando el alto riesgo en el que se encuentran. Por esta razón, la asociación ha urgido a la ejecución urgente del plan extraordinario de liquidez propuesto por la ACHC. Asimismo, ha solicitado al Gobierno garantías para el pago de las deudas pendientes, la normalización del flujo de recursos y un giro justo, continuo y suficiente, con el objetivo de permitir que los hospitales y clínicas puedan seguir brindando atención de manera efectiva a la población.