MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 307 ABRIL DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
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El papel crucial de las políticas públicas y el sistema de salud en la evitabilidad de la mortalidad es evidente. Un sistema eficiente y equitativo, combinado con políticas preventivas y programas de atención primaria efectivos, puede reducir significativamente el número de muertes evitables.
Entre 1979 y 2021, Colombia registró un total de 7 993 591 muertes, de las cuales 4 132 013, equivalentes al 50,7 % del total, se atribuyeron a causas consideradas evitables según el listado implementado. La tasa de mortalidad general en el país ha experimentado cambios a lo largo de este período, alcanzando su punto más alto en 1981 y mostrando un descenso continuo hasta 2020. Sin embargo, esta tendencia fue interrumpida por la pandemia de COVID-19, que generó un aumento significativo en el número de muertes y revirtió la tendencia descendente observada en años anteriores.
En términos de proporción de muertes, al inicio del período analizado, la mortalidad evitable por políticas públicas representaba el 64,7 % del total, mientras que para el año 2019 esta cifra descendió al 40,3 %. Sin embargo, con el repunte en las tasas de mortalidad evitable en los años 2020 y 2021, debido principalmente a la pandemia de COVID-19, el porcentaje de participación de la mortalidad evitable en el total de muertes ha aumentado nuevamente.
La metodología de la forma evitable, en términos técnicos, se refiere a la medición de la mortalidad mediante indicadores como los años de vida saludables y los años de vida potenciales perdidos.
Estos indicadores permiten evaluar el impacto de las políticas públicas y los sistemas de salud en la prevención de muertes prematuras y en la promoción de la salud a lo largo de la vida de la población. Los años de vida saludables se refieren a los años de vida vividos sin discapacidad o enfermedad, mientras que los años de vida potenciales perdidos miden la cantidad de años que una persona hubiera vivido si no hubiera fallecido prematuramente. Estos enfoques metodológicos ayudan a identificar áreas de mejora en la atención de la salud y a orientar políticas y programas para maximizar la calidad y la cantidad de vida de la población.
Es importante destacar que la clasificación de la pandemia como causa de muerte evitable no estaba contemplada en los listados originales de mortalidad evitable, dado que estos fueron creados antes de la emergencia sanitaria global. No obstante, listados más recientes, como el emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pueden incorporar esta nueva realidad en su clasificación de causas evitables de muerte.
La Corte Suprema de Justicia, en su Sentencia SC-71102017, establece claramente que el accionar de los sistemas de salud es de medio y no de resultado, reconociendo las limitaciones inherentes a la capacidad de prevenir todas las muertes evitables. La Organización Panamericana de la Salud habla del desempeño del sistema de salud como un determinante de la mortalidad prematura potencialmente evitable, enfatizando la importancia de prevenir muertes que ocurren antes de los 75 años y que podrían haberse evitado mediante iniciativas de prevención primaria o una atención médica oportuna y de calidad.
El término “mortalidad evitable” fue acuñado en 1976 con la publicación de la primera lista destinada a este tipo de análisis, con el objetivo de medir la calidad en la atención médica. A lo largo de los años, diversos autores han propuesto listas de causas de mortalidad evitable basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), adaptadas a diferentes regiones geográficas.
El Informe No. 15 del Instituto Nacional de Salud-Observatorio Nacional de Salud, titulado “Cuando la muerte es evitable”, publicado a finales del año 2023, ha revelado un dato alarmante: el 50 % de todas las muertes ocurridas en Colombia entre 1979 y 2021 eran muertes evitables por políticas públicas. De estas muertes evitables, el 39 % se debió a la falta de una atención sanitaria oportuna y de calidad, lo que sugiere fallas en el sistema de salud del país. Además, por cada muerte atribuible al sistema de salud, se identificaron 1,6 muertes adicionales atribuibles a otras políticas públicas.
Giovanny Rubiano García, director general del INS, enfatiza la importancia de desarrollar un sistema basado en la Atención Primaria en Salud (APS). “Lo que vemos en el décimo quinto Informe del ONS es que en los 43 años (1979 - 2021) de medición y análisis realizado, hay una proporción muy importante de muertes evitables que corresponden al 19,7 %, 1 600 000 fallecidos atribuibles de manera directa al sistema de salud. Por lo tanto, estrategias y propuestas para desarrollar un sistema de salud basado en la APS, en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, en la gestión del riesgo, superando radicalmente las barreras administrativas que afectan la dinámica de la ruta de atención con calidad y oportunidad del paciente y no en el enfoque de la medicalización y del tratamiento de la enfermedad instaurada en altos niveles de atención, tendrán sin duda un impacto importante en la reducción de la mortalidad evitable, garantizando el acceso real a los servicios de salud con enfoque comunitario y de empoderamiento social”.
Este hallazgo resalta la importancia de abordar las causas de mortalidad evitable, que en su mayoría están relacionadas con los Determinantes Sociales y Ambientales, como la pobreza, los contextos sociales, económicos y políticos, así como la contaminación y factores de riesgo de consumo como el tabaquismo.
El análisis de la Mortalidad Evitable (ME) atribuible a políticas públicas, según los eventos contemplados, revela que de los 27 grupos desagregados del estudio de carga global de enfermedad (GBD), la mayor proporción de muertes evitables se asoció a los grupos de enfermedades no transmisibles, representando el 38,8 % del total, seguido de las lesiones de causa externa, que comprendieron el 29,8 %. Dentro de este último grupo, las mayores cantidades de muertes se debieron a lesiones autoinfligidas (suicidio) y violencia interpersonal, con un 19,9 % (equivalente a 820 627 muertes), seguidas de enfermedades cardiovasculares con un 18,4 % (760 532 muertes) y neoplasias con un 8,5 % (349 445 muertes).
Sin embargo, en los años 2020 y 2021, la proporción de muertes por COVID-19 dentro del grupo de muertes evitables desplazó a los eventos no transmisibles y las lesiones de causa externa como los principales motivos, reflejando el impacto significativo de la pandemia en la mortalidad y resaltando la necesidad de medidas específicas para abordar esta nueva realidad en las políticas de salud pública.
El análisis de la distribución geográfica de las tasas de ME atribuible a políticas públicas, según los municipios, para los periodos 1985-1989, 2015-2019 y 2020- 2021, comparados con la tasa ajustada del promedio nacional entre 1985 y 2021, revela una heterogeneidad en los valores de ME a lo largo del país. Se observa que las tasas más altas se concentran en municipios como Tarazá, Segovia, Valdivia y El Bagre en el departamento de Antioquia durante los tres periodos analizados. Estos municipios han sido identificados previamente como áreas con un mayor impacto del conflicto armado, lo cual puede estar relacionado con los altos índices de ME por cualquier política pública.
Por otro lado, se destaca que municipios como La Virginia en Risaralda muestran una variación porcentual significativa entre el primer y segundo periodo, lo que sugiere cambios en las condiciones locales que pueden influir en la mortalidad evitable.
Durante los años de la pandemia, se identificaron algunos municipios que reportaron las tasas más altas de ME, entre ellos Puerto Santander y Tibú en el departamento de Norte de Santander, Morichal en Guainía, Leticia en Amazonas, Mutatá, Valdivia, Segovia y Tarazá en Antioquia, Maicao en La Guajira, y Arenal en Bolívar.
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