EPS SURA, una de las entidades más del sector de la salud en Colombia, presentó una solicitud ante la Superintendencia Nacional de Salud para llevar a cabo un Programa de Desmonte Progresivo.

Vale destacar que EPS SURA supera los 5.3 millones de afiliados a diciembre de 2023. Su presencia se extiende a lo largo y ancho del país, con una destacada cobertura en 91 municipios, lo que representa un pilar fundamental en la atención médica a nivel nacional. Además, su compromiso con la equidad se refleja en que el 93,2 % de sus afiliados tienen ingresos menores a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con más de 1 500 prestadores y un riguroso control de gastos, esta entidad gestiona diariamente más de 350 mil solicitudes de servicios de salud, consolidándose como un actor clave en la atención médica del país.

Esta medida, considerada un mecanismo jurídico ordenado y diligente, busca una transición coordinada y planificada de sus afiliados, garantizando la entrega completa de información clínica y favoreciendo la continuidad del tratamiento de acuerdo con las necesidades de salud de las personas. “Se han tomado medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que nos impida cumplir con las obligaciones asumidas”, mencionó Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, entidad matriz de EPS SURA.

Frente a ello, los directivos anunciaron: “Durante esta difícil coyuntura, desde EPS SURA hemos comunicado la desafiante situación por la que pasamos al Gobierno, al Congreso de la República y a la sociedad en general. Hemos realizado un gran esfuerzo por continuar en el sistema protegiendo la salud de nuestros afiliados, hemos cambiado nuestra forma de hacer las cosas para ser más eficientes, hemos fortalecido los modelos de atención que promuevan la prevención y el manejo oportuno de la enfermedad, hemos conversado con clínicas y hospitales para buscar soluciones conjuntas a este problema estructural, hemos buscado caminos para mantener un rol en el sistema, incluso, analizando mecanismos dentro del contexto legal actual y reformas que el Gobierno ha propuesto al país”.

A lo que agregaron: “Sin embargo, el tiempo se agotó y en este momento se deben tomar medidas para evitar un mayor deterioro, que le impida a EPS SURA cumplir con sus obligaciones. Tal y como lo hemos reiterado, el país gasta más de lo que el sistema de salud tiene disponible para costearlo. La inadecuada financiación de nuestro sistema de salud es histórica y estructural, con un marco jurídico que otorga coberturas y servicios ilimitados, junto con un presupuesto limitado. Aspectos como el aumento en la longevidad de las personas, el perfil epidemiológico de la población, el uso de nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades y el aumento en el consumo de salud, demandan más servicios y, por ende, mayor financiación”.

Pablo Otero, gerente de EPS SURA, reconoció los esfuerzos realizados para mantener la calidad y responsabilidad en la prestación de servicios de salud, pero destacó la inviabilidad de continuar bajo las condiciones actuales.

“Después de múltiples esfuerzos económicos y administrativos, reconocemos que hoy es imposible para EPS SURA garantizar la continuidad de sus servicios con la calidad y la responsabilidad que le han caracterizado”, afirmó Llano.

EPS SURA espera una respuesta pronta por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Mientras tanto, la entidad continuará prestando servicios de manera habitual, asegurando la atención y el cuidado de sus afiliados. Los canales de comunicación seguirán abiertos para resolver cualquier inquietud que puedan tener los afiliados durante este proceso.

El gobierno responde

En primer lugar, el gobierno del presidente Gustavo Petro dio parte de tranquilidad a los usuarios de esta EPS, asegurando que “todos los pacientes continuarán recibiendo los mismos servicios en las mismas instituciones donde los han recibido hasta ahora”. “No tendrán que cambiar de médico, solicitar nuevas citas de especialista o de operaciones pendientes, ni solicitar nuevas autorizaciones para los servicios previamente aprobados”, aclaró el Gobierno nacional.

Asimismo, la administración de Petro dice estar libre de culpas por la crisis del sistema de salud de Colombia, lo cual atribuye a los problemas estructurales que ha habido durante varios años. “No es cierto que el Gobierno nacional esté destruyendo el sistema de salud. La crisis de las EPS es el resultado de problemas estructurales y sistémicos que se han acumulado a lo largo de los años”, señaló el Gobierno nacional. Además, desmintió que no haya garantizado los giros de recursos a la EPS SURA, detallando que le giró, entre el 1.° de enero y el 30 de abril de 2024, más de $3.5 billones.

También afirmó que la solicitud puede ser aprobada o negada por la Supersalud, por lo que nada está decidido. Al respecto, el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, dio un parte de tranquilidad a los usuarios y precisó que el ente de control, inspección y vigilancia recibió la documentación presentada por la entidad e inició el proceso de revisión y verificación de la solicitud. “Una vez verificados los documentos, se dará inicio a los tiempos de ley que corresponden a 65 días hábiles para estudiar la solicitud de autorización y definir si se niega o se aprueba la salida ordenada a través de un programa de desmonte progresivo”, aseguró el superintendente Nacional de Salud.

Entre tanto, la Supersalud aclaró que bajo esta situación, la EPS SURA tiene la obligación de continuar prestando todos los servicios de salud de forma integral, adecuada, oportuna y de calidad hasta que la entidad veedora tome una decisión al respecto. Del mismo modo, la afiliación de los usuarios continúa vigente y el Gobierno nacional seguirá girando los recursos para la atención y prestación de los servicios de salud en todo el territorio colombiano.

El superintendente también hizo un llamado para que cualquier usuario de la EPS SURA que sienta vulnerado su derecho a la salud, se comunique inmediatamente con las líneas de atención de la entidad.

Preocupación en diversos sectores

La decisión de EPS SURA de solicitar su salida progresiva del Sistema de Seguridad Social ha generado una profunda preocupación en diversos sectores. Entre las voces críticas se encuentra el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, quien también lidera el Consejo Gremial Nacional. Mac Master lamentó que esta decisión sea el resultado de las acciones tomadas en los últimos meses, las cuales han puesto en peligro un sistema de salud ya bastante desafiante.

Según él, “lo único que han hecho es poner en peligro un sistema de salud que ya tenía suficientes dificultades y desafíos como para que las autoridades se empeñaran en producir una crisis”. Además, señaló que estas decisiones han afectado no solo al sector empresarial, sino también a millones de pacientes y miles de empleados del sector salud. Criticó la postura arrogante del Ministerio de Salud y resaltó la necesidad de implementar un plan de salvamento del sector en lugar de crear una crisis.

Por otro lado, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, destacó la necesidad urgente de un diálogo sincero entre las EPS y el Gobierno para abordar los problemas del sistema de salud. Para Ocampo, la decisión de EPS SURA evidencia la insuficiencia de la UPC y la demora en los pagos, lo que hace insostenible la operación. Propuso que el Ministerio de Salud traslade fondos de otros programas al aseguramiento en salud y revise el valor de la UPC asignado.

Asimismo, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, expresó su pesar por la situación, calificando como “muy triste” el camino de “destruir sobre lo construido” y mucho más con afectación a la vida y la salud de los colombianos. Manifestó la necesidad de una reforma a la salud respaldada por todos, pero no una que ponga en riesgo el propio sistema en su gestión de riesgo operativo, de salud y financiero.

Restrepo afirmó: “Triste haber llevado, por intereses ideológicos y de ausencia de consenso en una mala reforma a la salud, y por forzar en el sistema problemas de liquidez, a que una empresa tan importante como EPS SURA tomase esta decisión”. Destacó que el riesgo recae en la vida y salud de millones de colombianos, así como en cerca del 65 % de los antioqueños, y recalcó que “le corresponde al Gobierno responder por estas decisiones y otras como la del manejo de la salud en el caso de los maestros, ambas que lesionan algo tan sentido como la vida y la salud de la población”. Por ello, enfatizó la urgencia de que el Gobierno señale qué sigue ahora y asuma la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones.

David Escobar, director de Comfama, expresó su pesar por la decisión de Sura de retirarse del sistema de salud colombiano. “Duele que Sura se haya visto obligada a tomar esta decisión”, afirmó Escobar. El directivo de la caja de compensación recalcó que es una gran pérdida para el país, ya que Sura ha sido una de las mejores y más innovadoras empresas del sector, “siempre comprometida con el cumplimiento de las normas, el bienestar y la vida de sus 5.4 millones de afiliados, entre ellos tres millones de antioqueños”.

Ante esta situación, Escobar planteó dos puntos clave. El primero se relaciona con la necesidad de más presupuesto, destacando que el Estado debe destinar más recursos para garantizar el derecho a la salud, ya que, según estudios académicos, este año faltarán en el presupuesto nacional unos $4 billones y en los dos años anteriores faltaron $7.7 billones, para un total de casi $12 billones. En segundo lugar, señaló la importancia de lograr una reforma concertada y viable, enfatizando en la necesidad de acordar entre los actores una reforma que resuelva la inmensa incertidumbre actual y construya un camino sólido hacia el futuro.