La reciente decisión de EPS SURA de retirarse del mercado colombiano ha generado un importante revuelo en el sector de la salud. Este movimiento, que afectará a millones de afiliados y a numerosos proveedores de servicios de salud, ha sido recibido con preocupación por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del país. La salida de EPS SURA plantea una serie de desafíos logísticos y financieros que las IPS deben enfrentar para asegurar la continuidad de la atención médica de sus pacientes. Uno de los mayores impactos de la salida de EPS SURA es de naturaleza financiera.

Las IPS, que dependen en gran medida de los pagos realizados por las EPS para mantener sus operaciones, podrían enfrentar retrasos en los pagos y la recuperación de deudas pendientes. Esto podría llevar a una reducción en la liquidez, afectando la capacidad de las IPS para pagar a su personal y adquirir suministros médicos esenciales.

Además, la logística de reubicar a miles de afiliados a otras EPS representa un desafío significativo. Las IPS tendrán que adaptarse rápidamente a nuevas relaciones contractuales y sistemas administrativos, lo que podría causar interrupciones en la atención a los pacientes. Las demoras en la reasignación de afiliados también podrían llevar a una sobrecarga en el sistema, con un aumento en los tiempos de espera para consultas y procedimientos médicos.

Durante las tres décadas del funcionamiento del sistema de seguridad social, se han acumulado deudas entre los actores. La Superintendencia Nacional de Salud tiene una cifra de 25 billones de pesos en cuentas por pagar, que equivale al total de la cartera teniendo en cuenta tanto privados como públicos; asimismo la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC) reporta una deuda de 12.3 billones, correspondiente a los privados.

Esta agremiación reconoció que “Sura es una de las compañías que mejor comportamiento ha tenido en materia de relacionamiento con la red de prestación de servicios”, refiriéndose al estricto cumplimiento de la normatividad vigente. El sistema de seguridad social establece que las EPS contratan los servicios con clínicas, hospitales y proveedores para garantizar la atención de su población afiliada.

Sobre el cumplimiento de obligaciones de Sura, “ha respondido de una manera adecuada, siempre se ha destacado como una de las entidades con menor nivel de cartera vencida. Entonces, genera un estrés grande que adiciona la noticia de Sura para todo el sector salud”, dijo Juan Carlos Giraldo, presidente de la ACHC.

El sector prestador ha manifestado que el sistema de salud colombiano necesita la creación de mecanismos y herramientas para enfrentar la salida de las administradoras del Plan de Beneficios en Salud. También es esencial evitar colapsos derivados de la inexistencia de actores que asuman los distintos roles que hoy hacen parte del sistema. “Así como en otros sectores hay institucionalidades y herramientas, por ejemplo en el sector financiero: fondo de garantías financieras, ley de quiebras o regímenes de insolvencia. Este momento reitera una necesidad de crear al menos ese fondo de garantías”, expresó Giraldo.

Los gremios de las IPS del país reconocen que Sura es una de las entidades que tienen debidamente constituidos los requisitos de habilitación, pero señalan que es una excepción. La mayoría de las aseguradoras no tienen los recursos para responder ante eventuales liquidaciones o salidas del sistema.

¿Qué problemas tendrán las clínicas y los hospitales por la salida de EPS SURA?

Pese a las declaraciones de la presidenta de Suramericana, Juana Francisca Llano, sobre tener debidamente constituidas las reservas técnicas para responder a sus colaboradores por los servicios contratados hasta la fecha, hay preocupación debido al incremento de servicios derivado de la incertidumbre que la noticia genera en los afiliados. “Esto tiene implicaciones para los usuarios, porque los afiliados a Sura que tienen atenciones ambulatorias programadas o por programar empiezan a llegar a nuestras IPS, la gran mayoría a través de servicios de urgencias para que les resuelvan su situación. Esto deriva en una sobrecarga en la demanda de atenciones y en algunos momentos podríamos colapsar”, explicó Jorge Toro, presidente de la Unión de IPS de Colombia (UNIPS).

Según UNIPS, la decisión de Sura puede generar futuros problemas en las garantías de contratación que los prestadores ofrecen a los profesionales de la salud. Esto es predecible considerando que durante el reciente semestre se ha dejado una afectación del 35 % a la cartera del sector, cifras que se han socializado en la mesa de seguimiento conformada por la Contraloría. “Hacemos un llamado al Gobierno nacional, tal y como lo ha hecho la Corte Constitucional, para que revise con urgencia la estructura de la UPC (Unidad de Pago por Capitación o prima de la salud). Hay que analizar con detenimiento si lo que se está reconociendo en esa prima corresponde al incremento en los costos y gastos que actualmente hay en salud”, concluyó Toro.

Los hospitales públicos en Antioquia han manifestado una profunda preocupación ante el anuncio del retiro de la EPS SURA del sistema de salud. A pesar de las deudas que Sura mantiene con estas instituciones, las cuales ascienden a 45 000 millones de pesos, se reconoce que la EPS ha sido cumplida en sus pagos. “Aunque las tarifas que nos pagan los hospitales pueden no ser las mejores, Sura paga muy puntualmente, lo cual proporciona un flujo de caja constante a los hospitales”, explicó Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas del Estado de Antioquia (Aesa).

Sin embargo, el retiro de Sura genera inquietud respecto a la capacidad de otras EPS de cumplir con los pagos. “Nos preocupa muchísimo, porque ya enfrentamos dificultades en el cobro de cartera con Nueva EPS, Savia Salud y Cosalud. Pasar de un buen cliente a uno menos confiable podría traer serias dificultades”, advirtió Sánchez.

Además, el director de Aesa señaló que los hospitales privados podrían enfrentar mayores repercusiones debido a su mayor dependencia de los servicios proporcionados por estas entidades. La incertidumbre sobre la eficacia y responsabilidad de las EPS que recibirán a los usuarios de Sura añade una capa de complejidad a una situación ya preocupante para el sector salud en Antioquia.

Las IPS también deben enfrentarse a la posible pérdida de confianza por parte de los pacientes, que pueden sentir inseguridad sobre la continuidad de sus tratamientos y la cobertura de sus necesidades médicas. Este escenario podría provocar un aumento en las quejas y reclamaciones, lo que a su vez podría sobrecargar los sistemas de atención al cliente de las IPS.

Adaptaciones y datos a tener en cuenta

En respuesta a estos desafíos, las IPS están implementando estrategias para mitigar el impacto de la salida de EPS SURA. Algunas acciones que deberán ser implementadas por el gobierno incluyen la diversificación de sus relaciones con otras EPS, la optimización de procesos administrativos para acelerar la reasignación de afiliados, y el fortalecimiento de sus reservas financieras para asegurar la estabilidad operativa.

Las asociaciones del sector salud también están trabajando en conjunto con el gobierno para asegurar una transición lo más fluida posible. Se han establecido mesas de trabajo y comités de crisis para monitorear la situación y ofrecer apoyo a las IPS afectadas. Además, se están promoviendo campañas de comunicación para mantener informados a los pacientes y minimizar la incertidumbre.