Medicamentos para Colombia, otro reto que debe abordar la reforma a la salud

Por: Iris Montoya

elpulso@sanvicentefundacion.com

La última versión de la reforma al sistema de salud presentada por el gobierno de Gustavo Petro, además de rememorar los acalorados debates de su viabilidad financiera y de ejecución, pues implica un cambio de paradigma trascendental, también debe encarar la entrega de medicamentos y las crisis subyacentes de disponibilidad y acceso a estos. Dicha situación, desde lo que aborda el papel, presentaría cambios en cinco ejes principales:

Pagos: estos pasarán a ser realizados de forma directa por la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), que desembolsará a clínicas y hospitales, lo que se puede interpretar como una estrategia que bien llevada agilizará el financiamiento y podría evitar retrasos en el acceso a los medicamentos.

Supervisión y control: la Superintendencia Nacional de Salud ahora también se encargaría de asegurar que los servicios farmacéuticos cumplan con la entrega completa de los medicamentos prescritos, implementando indicadores de cumplimiento en el servicio, a través de un monitoreo trimestral. Asimismo, “el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) regulará los mecanismos de compras conjuntas o centralizadas de medicamentos, […] dentro y fuera del país y generará modelos de gestión que permitan disminuir el precio de los mismos”.

Regulación de los servicios farmacéuticos: según el artículo 86, el Ministerio de Protección Social definirá la política farmacéutica, además “establecerá y desarrollará mecanismos y estrategias dirigidas a optimizar la utilización de medicamentos, insumos y dispositivos” para evitar las inequidades en el acceso y asegurar la calidad. Por otro lado, las farmacias deberán demostrar su capacidad técnica, administrativa y tecnológica para operar, lo que posiblemente impactará la cobertura y el acceso a nivel nacional.

Restricciones: MiniSalud establecerá una lista de medicamentos que solo podrán dispensarse con receta, regulando el acceso a fármacos como antibióticos y sustancias adictivas.

Beneficios para los pacientes: la propuesta asegura que garantizará la entrega completa de medicamentos para prevenir interrupciones en los tratamientos y reducir desplazamientos frecuentes de los pacientes.

El Invima asegura que hace lo posible

A principios de noviembre, el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Francisco Rossi, aseguró que el desabastecimiento de medicamentos respondía a causas estructurales, caracterizados porque la producción “está en manos del sector privado que tiene sus razones para privilegiar qué medicamentos produce”.

Y centró la respuesta en que MinSalud, el Invima y demás instituciones públicas hacen “lo que la ley y la reglamentación nos permita”, que vendrían siendo los trámites y tareas financieras, donde no está la compra, solo autorizar lo que le solicitan. Pero, también destacó que se han realizado más de 100 mesas de concertación con todos los actores para identificar el problema y las medidas para solucionarlo.

Frente a la crítica por los tiempos de demora en aprobación de medicamentos, Rossi trajo a colación que existen mecanismos de aprobación rápida para países desarrollados que se piden adoptar en Colombia, asunto que descarta porque, asegura, va en contravía de la correcta evaluación de la seguridad y eficacia de los fármacos para proteger a los pacientes.

El desabastecimiento no da espera

En marzo, la Defensoría del Pueblo instó, a través de un comunicado, a los diferentes actores para que ejerzan sus funciones en el proceso relacionado con los medicamentos. Al MinSalud le indicó que debe hacer cumplir la legislación; al Invima le recordó que “tiene la misión de proteger y promover la salud de la población; y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) que están legalmente obligadas a entregarles los medicamentos a sus afiliados”.

Pero también aseguró que “los laboratorios fabricantes de medicamentos son los directamente responsables de la fabricación y distribución de medicamentos en el mercado farmacéutico, pues ni el MinSalud, ni el Invima, ni las EAPB tienen la competencia legal o técnica para realizar esas actividades”.

Por su parte, Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo, hizo un llamado a todos los actores del sistema de salud, a través de un video en la cuenta oficial de la Defensoría en la plataforma de Youtube, “para que implementen medidas cuyo fin sea reducir el impacto negativo que pueda generar el desabastecimiento, escasez y problemas de suministro de medicamentos, que está afectando grave y sistemáticamente el derecho a la salud de los colombianos. Los medicamentos son esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas, huérfanas y raras”.

En ese sentido, el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU) y la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) expusieron sus consideraciones sobre la situación de los pacientes con diagnóstico de enfermedades raras, debido al desfinanciamiento del sistema de salud, pero también al desabastecimiento y fueron críticos por sus redes sociales compartiendo información en la cual aclararon que no fueron convocados a las mesas técnicas.

El 1 de octubre, a través de su cuenta de X, FECOER pidió ayuda directa al presidente Gustavo Petro, para “que garantice el suministro de medicamentos vitales y el giro de recursos. La falta de estos tratamientos está causando daños irreversibles en pacientes con enfermedades huérfanas, su deterioro ya está provocando muertes”. Y el 9 realizó, nuevamente en compañía de ENHU, un plantón frente al MinSalud, como consecuencia de las afectaciones sin resolver.

El 15 de ese mes, el MinSalud se reunió con representantes de asociaciones de pacientes con enfermedades raras, huérfanas, de alto costo, epilepsia, fibrosis quística y otras patologías para abordar el tema del “acceso a medicamentos y su abastecimiento, la sistematización y cuantificación de la no entrega en relación con el cálculo de la UPC y las dificultades con el desmonte de cuidadores de pacientes en situación de discapacidad”. En un espacio donde estuvo presente el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y que dio un balance inicial positivo.

Pero para el 30 de octubre FECOER publicó un post donde aclaró que no fueron convocados ni participaron en las mesas técnicas de las cuales habría un registro con marca del Congreso de la República, que calificó de falso. “Nos excluyeron y ahora vienen con falsedades. Exponemos nuestra preocupación y rechazamos el uso del nombre de nuestro director Diego Gil en este documento, donde no participamos”. De esta manera, se demuestran las tensas relaciones con el gobierno, generando duda sobre la veracidad del documento en cuestión y de algunas declaraciones oficiales.

Entrado el mes de noviembre, las publicaciones realizadas por la federación incluyeron el rechazo a la “deslegitimación de las organizaciones de pacientes” por parte del Invima, ADRES y MinSalud, demostrando un claro descontento e iniciando el posicionamiento del #VictimasDelInvima.