Desde el sábado 1 de febrero de 2025, la EPS Sanitas comenzó a recibir nuevos afiliados como resultado de la redistribución de usuarios provenientes de la Asociación Indígena del Cauca (AIC) y Compensar EPS.

En total, 683 personas fueron reasignadas a distintas entidades tras el proceso llevado a cabo por el Gobierno nacional. Según lo establecido en las Resoluciones 2024310000016804-6, del 31 de diciembre de 2024, y 2025310010000215-6, del 16 de enero de 2025, ambas EPS deberán cesar sus operaciones en determinadas zonas.

A la AIC se le trasladaron 425 usuarios correspondientes al régimen contributivo. Estos se encuentran en Barrancas y Hato Nuevo, en La Guajira, y en Garzón, Isnos y Guadalupe, en Huila.

Es importante recordar que la Superintendencia Nacional de Salud revocó la autorización de funcionamiento de la Asociación Indígena del Cauca (AIC EPSI) en ocho de los nueve departamentos donde tenía presencia, debido a incumplimientos en su operación.

Durante el transcurso de este procedimiento, la Asociación Indígena del Cauca debe garantizar la prestación de los servicios de salud a la población afiliada y mantener los puntos de atención para trámites administrativos, tanto presenciales como virtuales, según informó la Supersalud.

Según la medida de la Supersalud, “AIC debe entregar las bases de datos con la información de sus afiliados en estos ocho departamentos al Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de realizar la efectiva asignación de los usuarios y garantizar su derecho fundamental a la salud”.

De acuerdo con la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), la Asociación Indígena del Cauca registra un total de 89.152 afiliados pertenecientes a comunidades indígenas.

En el proceso de asignación de usuarios, el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá en cuenta a la población indígena afiliada, con el objetivo de que estos puedan escoger voluntariamente la EPS a la que desean ser trasladados.

Mientras tanto, Sanitas también recibió a 258 afiliados del régimen contributivo de la EPS Compensar. Estos se encuentran en Caloto, Piendamó y Santander de Quilichao, en Cauca; Chitagá, en Norte de Santander, y en Cali y Bogotá.

Frente a estos cambios, “Hacemos un llamado a nuestros nuevos afiliados a ingresar a nuestro sitio web www.epssanitas. com, donde encontrarán un micrositio diseñado para facilitar el acceso a los servicios, resolver dudas y verificar si han sido asignados. En EPS Sanitas reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la atención de cada uno de nuestros usuarios”, señaló la entidad.

¿Y los afiliados de Compensar?

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud anunció una decisión crucial que impacta directamente la operación de Compensar EPS. De conformidad con la resolución emitida por la entidad, se aprobó la revocatoria parcial de su autorización de funcionamiento, limitando sus actividades como promotora de salud exclusivamente a Bogotá y Cundinamarca.

Un aspecto clave del procedimiento es que la transferencia de usuarios a nuevas EPS se hará de manera estructurada y organizada, para evitar interrupciones en el acceso a los servicios médicos. Al respecto, la entidad indicó: “El traslado se realizará de forma ordenada para garantizar la continuidad en la atención médica”.

Aspectos a tener en cuenta

Durante el año 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud intervinieron a Sanitas EPS, debido a diversas razones, entre ellas la falta de cumplimiento en la habilitación financiera, las deudas acumuladas y la gran cantidad de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios.

“Las deudas que presenta esta EPS con los prestadores de servicios venían incrementándose y, al cierre de diciembre del año pasado, ascendían a $2 billones, lo que claramente afecta la prestación de los servicios de salud”, señaló el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

Actualmente, la intervención de la Superintendencia genera controversia y deriva en una demanda arbitral que afecta al Estado colombiano. Las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, propietarias de la EPS, presentaron una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), exigiendo una compensación de 1.200 millones de dólares por la intervención.