MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 320 MAYO DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 320 MAYO DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388
El Gobierno Nacional declaró emergencia sanitaria y económica debido a un brote de fiebre amarilla que ha causado al menos 20 muertes en el país. La medida busca fortalecer la respuesta institucional y facilitar el flujo de recursos.
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, encabezó una reunión extraordinaria del Puesto de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional, donde se discutieron acciones para frenar la expansión del virus, como instar a las autoridades locales y al Ministerio de Transporte a intensificar los controles de entrada y salida de personas en los municipios clasificados como zonas de alto riesgo de contagio.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, hay 111 municipios en estado crítico, ubicados en departamentos como Tolima, Putumayo, Arauca, Casanare, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
Con el objetivo de mitigar los contagios, el Ministerio de Salud inició una "Campaña por la Vida", que se trata de un programa de vacunación masiva, especialmente en zonas de riesgo como Tolima, Caquetá y Putumayo. La vacuna ofrece protección de por vida con una sola dosis. El Ministerio de Salud puso a disposición de la ciudadanía la plataforma web MiVacuna #FiebreAmarilla como una herramienta clave, que permite consultar el antecedente vacunal de nacionales o extranjeros que se hayan aplicado la vacuna contra la fiebre amarilla en cualquier punto de salud.
Pese a que el país tiene su foco de atención sanitaria en la fiebre amarilla, en ciudades como Bogotá, la Secretaría de Salud reportó su preocupación por el incremento significativo de infecciones respiratorias agudas (IRA). En lo corrido de abril, se han notificado más de 595.600 atenciones por IRA en la población general.
Se estima que factores como cambios de clima, el aumento de las aglomeraciones y el no cumplimiento con las medidas de higiene propician que los contagios aumenten. Durante el año pasado y este 2025, los virus respiratorios que se han mantenido en circulación en la capital son Influenza H1N1, H3N2, Rinovirus, Adenovirus, Virus Sincitial Respiratorio y SARS-CoV-2 (COVID-19).
Frente a la situación, el Ministerio de Salud inició el lunes 21 de abril la distribución de dosis de la vacuna contra la influenza. Las dosis pediátricas y para adultos serán entregadas a lo largo del territorio nacional como parte de la estrategia anual de protección contra enfermedades respiratorias causadas por este virus.
La distribución se realiza a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con prioridad a poblaciones de niñas y niños entre 6 y 23 meses de edad, personas mayores de 36 meses con enfermedades de riesgo, convivientes de menores de 18 años con cáncer, gestantes a partir de la semana 14 de embarazo, adultos mayores de 60 años y personal de salud.
Las autoridades de salud recomiendan no bajar la guardia con el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón mínimo por 20 segundos, el uso de tapabocas siempre que se tengan sospechas de infección y mantener el aislamiento en caso de presentar síntomas respiratorios.
Luego de denuncias y actividades de inspección, vigilancia y control, el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos (Invima) identificó la comercialización fraudulenta de los productos “GAF PLUS” y “GAF PLUS ADVANCE”, los cuales estaban siendo promocionados en redes sociales, páginas web y plataformas de comercio electrónico como multivitamínicos sin registro sanitario que prometían beneficios para la salud, como alivio de dolores, inflamación y problemas articulares, además de combatir el cansancio y la fatiga.
Según el Invima, los productos “GAF PLUS” y “GAF PLUS ADVANCE” son comercializados como una bebida a base de malta con cúrcuma, manzanilla, colágeno y magnesio, con registro sanitario vencido RSA-0008451-2019. Al no contar con una autorización de comercialización vigente, el producto es considerado un alimento fraudulento y no debe ser vendido ni publicitado bajo el registro sanitario citado.
De acuerdo con la Ley 9 de 1979, en cualquier mensaje publicitario se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebida.
El Invima recomienda abstenerse de adquirir estos productos y, a quienes los hayan adquirido, suspender su consumo e informar a las autoridades sobre el lugar de expendio o publicidad.
El año pasado, el 11,5 % de la población colombiana (cerca de 6 millones de ciudadanos) se encontraba en situación de pobreza, según los datos más recientes del Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM) del DANE. Y aunque el informe es positivo en casi todos los aspectos, el gran lunar es la situación del acceso a la salud, pues se registró un aumento en las 'barreras de acceso a servicios de salud', con una variación de 1,1 %, pasando del 1,8 % en 2023 al 2,9 % de hogares que experimentaron esta privación en 2024.
Las barreras son mayores en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Boyacá, Bogotá, Tolima, Cauca, Nariño, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Guainía. Según expertos, estos resultados son consecuencia de la crisis del sistema de salud, además de que podrían ser un acelerador de pobreza debido al gasto de bolsillo que los pacientes deben hacer.
De acuerdo con el reporte, 2,2 millones de ciudadanos afirmaron haber padecido alguna afección en 2024, frente a los 1,6 millones que dijeron lo mismo en 2023. Una cifra que incrementó, con la particularidad de que muchas de estas personas decidieron no tratar su enfermedad a través del sistema de salud, lo que incrementó los servicios médicos particulares, la automedicación y las consultas a yerbateros o curanderos.
A largo plazo, esta informalización puede derivar en un mayor número de muertes evitables y en la normalización de la precariedad en salud como única alternativa para millones.
En el marco de la Semana de la Seguridad Social 2025, que se celebra entre el 22 y el 29 de abril, la Secretaría Distrital de Salud entregó cifras positivas en cuanto a cobertura: el 99,8 % de la población de la ciudad de Bogotá se encuentra afiliada al sistema de salud (SGSSS). De acuerdo con datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de este universo poblacional, el 75 % pertenece al régimen contributivo, mientras que el 22,4 % está vinculado al régimen subsidiado.
“La Seguridad Social no puede entenderse solo como un trámite; es una herramienta vital para garantizar equidad y bienestar. Nuestra labor es acercar el sistema a las personas y facilitar su permanencia en él”, afirmó Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento.
La Secretaría de Salud enfatizó su compromiso con la consolidación de una cultura de la Seguridad Social, alineada con las directrices del Ministerio de Salud, por lo que es oportuna una sensibilización que inste a la articulación entre el sistema, las instituciones y la ciudadanía.
Aunque existen desafíos importantes relacionados con la actualización de la base poblacional bajo la metodología IV del Sisbén, herramienta indispensable para validar la pertenencia al régimen subsidiado.
Mauricio Tamayo, presidente corporativo Hospital San Vicente Fundación y Andrés Trujillo Clínica CES
19 clínicas y hospitales de Antioquia advierten que la deuda acumulada hasta la fecha por parte de diferentes entidades del sistema de salud supera los $2.3 billones de pesos, lo que representa un riesgo para la continuidad de sus operaciones. Mientras la cartera va en aumento y el recaudo disminuye, la prestación de servicios vitales y el bienestar del talento humano en salud se ven comprometidos, al igual que la atención oportuna y de calidad.
Entre las instituciones afectadas por la falta de pago están la Clínica Cardio VID, Clínica CES, Clínica del Norte, Clínica del Prado, Clínica El Rosario, Clínica Emmsa, Clínica Las Vegas, Clínica Medellín, Clínica San Juan de Dios de La Ceja, Clínica Soma, Clínica Somer, Clínica Universitaria Bolivariana, Clínica Vida, Hospital Alma Máter, Hospital General de Medellín, Hospital Pablo Tobón, los Hospitales San Vicente Fundación Medellín y Rionegro, y el Instituto Neurológico de Colombia.
Mauricio Tamayo, presidente corporativo del Hospital San Vicente Fundación, describe que el crecimiento de la cartera es desbordado y preocupa a los prestadores: “Si no hay radicación de cuentas, se hace insostenible el desarrollo de las clínicas y hospitales. El 47 % de la población antioqueña está concentrado en cinco de las nueve EPS que han sido intervenidas por parte del Gobierno”.
Estas clínicas y hospitales, que representan la mayor proporción de servicios de alta complejidad en el departamento, no han bajado la guardia en garantizar la atención a los usuarios y velar por el bienestar de 22 mil colaboradores. La deuda corresponde a EPS con y sin medidas de vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud, la ADRES y entidades responsables del SOAT. Además, el problema estructural de flujo de recursos, la insolvencia del sistema y problemas en la radicación de facturas agravan la situación.
El doctor Andrés Trujillo, de la Clínica CES, califica como enorme el impacto económico sobre clínicas y hospitales en caso de que las EPS no cuenten con reservas técnicas: “Indiscutiblemente, dentro de la particularidad de la cartera con cada institución, esto tiene un impacto en la sostenibilidad de los prestadores de atención médica”. Si bien le corresponde a cada entidad hacer los análisis pertinentes sobre las afectaciones en sus prestaciones, se estima que debido a los altos costos de operación, los servicios de alta complejidad, los procedimientos quirúrgicos y las unidades de cuidados intensivos serían los más afectados.
Ante la compleja situación, estas IPS hacen un llamado prioritario para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y evitar un colapso que podría generar afectaciones graves en la atención de pacientes neonatales, pediátricos y adultos mayores. De no darse una solución oportuna, el acceso a la salud de miles de personas en la región que requieran una respuesta hospitalaria ante emergencias y tratamientos especializados estaría en riesgo. La atención de pacientes neonatales, pediátricos, adultos y adultos mayores con enfermedades crónicas, cardiovasculares, oncológicas, renales, respiratorias, entre otras, no da espera.
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