La actual coyuntura del sistema de salud colombiano exige intervenciones inmediatas, una transición inteligente y, finalmente, una reforma estructural. Esta triple exigencia no es una metáfora ni una secuencia opcional, es la condición mínima para garantizar continuidad en la atención, estabilidad en la red prestadora y legitimidad para cualquier cambio institucional. En este panorama, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria de baja complejidad no puede seguir siendo postergado.

En medio de la discusión legislativa sobre el nuevo modelo de aseguramiento social, atención primaria y gobernanza, se hace evidente que la sostenibilidad del sistema depende, en buena medida, de la capacidad instalada de los hospitales públicos para responder a las necesidades más inmediatas de la población. Estos hospitales —ubicados en municipios intermedios y zonas rurales— no solo representan la primera puerta de entrada al sistema, sino también el último bastión frente al colapso de redes fragmentadas, insuficientemente financiadas y con altos niveles de intermediación.

Hoy, cientos de hospitales de baja complejidad enfrentan riesgos financieros críticos, una acumulación estructural de cartera y una incapacidad operativa para asumir nuevas responsabilidades sin recursos ni infraestructura adicional. La transición hacia un nuevo modelo —con enfoque territorial y acción transectorial frente a los determinantes sociales de la salud— solo será posible si esta red se estabiliza y se fortalece de inmediato.

La propuesta de crear RIISS (Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud) y Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) plantea nuevos arreglos institucionales que requieren claridad en competencias, funciones y articulaciones. Pero estas figuras, aún difusas, no podrán sustituir la infraestructura real ni el trabajo acumulado por los hospitales públicos. Por el contrario, deben integrarse a estos de forma complementaria, sin desdibujar sus capacidades ni trasladar cargas sin respaldo.

La ADRES, en su rol de pagador único, debe convertirse también en un aliado estratégico de esta red pública, garantizando flujos oportunos de recursos y evitando la fragmentación financiera. Igualmente, la definición técnica y suficiente de la UPC, el acceso a nuevas fuentes de financiación —incluidas las previstas en el Proyecto de Ley 298— y la operativización efectiva del nuevo Consejo Nacional de Salud deben tener como norte el asegurar la gobernabilidad de un sistema que hoy necesita decisiones firmes y no solo promesas de transformación.

Como ha sido reiterado en distintos escenarios técnicos, la gobernanza del sistema de salud no puede continuar siendo blanda ni ambigua. Se requiere que las normas y disposiciones establezcan reglas claras, asignen competencias precisas, utilicen verbos imperativos y consoliden una institucionalidad robusta.

Para ello, las funciones deberán definirse, regularse y ejecutarse con fuerza vinculante y no dejarse a la libre interpretación o voluntad política. Nada de lo anterior será viable si no se resuelve, de manera inmediata, la necesidad de estabilizar y fortalecer los hospitales públicos, que son la garantía efectiva del derecho a la salud para millones de colombianos en los territorios.

La reforma debe comenzar por donde más se necesita: por la base.