MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 320 MAYO DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388
En Colombia, las dificultades para acceder a servicios de salud de alta calidad siguen siendo una realidad, a pesar de contar con una cobertura casi total. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en febrero de 2025 se registró un 98,24 % de la población afiliada, lo que refleja una ligera reducción respecto al 98,56 % de diciembre de 2024.
Por su parte, la calidad del servicio avanza progresivamente, pero aún no llega a los niveles que traía antes de la pandemia, aunque empieza a mostrar un rebote, de acuerdo con la directora del DANE, Piedad Urdinola. En 2019, el 89 % de los encuestados tenía buena percepción de la atención, pero en 2023 esta disminuyó al 83,6 % y para 2024 llegó al 84,7 %.
Sin embargo, tal como lo dio a conocer la entidad, la cantidad de personas que acudieron a una entidad de seguridad social para atender un problema de salud se redujo del 67,8 % al 63,3 % y la de quienes se presentaron en urgencias también bajó del 71,3 % al 64,1 %
Del mismo modo, la formulación de medicamentos, que para 2023 fue del 87,9 %, disminuyó al 87,2 % el año pasado. Además, la entrega de medicinas desmejoró, pues solo al 65 % le dieron todo lo que le recetaron (antes 68 %) y al 19,7 % no le entregaron nada (antes 16,5 %).
Este panorama genera interrogantes sobre la efectividad del sistema de salud. ¿Realmente una alta cobertura es sinónimo de acceso efectivo a servicios de calidad?
Según el Sistema de Evaluación y Calificación de Actores de la Salud (SEA), en 2024 se recibieron 1.728.069 quejas, el 60 % de ellas relacionadas con la falta de oportunidad en las citas y la entrega incompleta de tecnologías en salud.
A esta problemática se le suma la situación de la red pública de baja complejidad, que enfrenta restricciones estructurales.
Mientras tanto, aunque el Gobierno nacional sostiene que el sistema cuenta con los recursos necesarios, tanto las EPS como múltiples expertos advierten que “el financiamiento no es suficiente” para responder a la creciente demanda derivada del envejecimiento de la población, la inflación y el elevado precio de los medicamentos. Estos factores han configurado “una tormenta perfecta” que compromete la sostenibilidad del sistema y deteriora la experiencia de atención de millones de personas.
A esta crisis se añade el desabastecimiento de medicamentos, un fenómeno cada vez más frecuente en diferentes regiones del país. Clínicas, hospitales y farmacias reportan escasez persistente de insumos esenciales, lo que conduce a la suspensión de tratamientos o al uso de vías judiciales para acceder a servicios que, por ley, deberían estar garantizados.
En Colombia, solo hay 2,2 médicos por cada 1.000 residentes, lo cual es inferior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 4,6. En cuanto a camas hospitalarias, la cifra es de 1,9 por cada 1.000 personas, cuando el estándar global es de 4,3.
César Castiblanco, gerente de salud de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), señala que la escasez de médicos en las zonas rurales afecta gravemente el acceso a la atención en niveles de baja complejidad. Según Castiblanco, el 75 % de los profesionales médicos en Colombia son médicos generales, lo que significa que de cada cuatro profesionales, tres son médicos generales y uno tiene especialidad. Sin embargo, “el 61 % de los médicos generales están concentrados en seis territorios: Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y Santander”. Esta concentración crea una grave disparidad en la distribución del talento humano, lo que repercute en la capacidad de los centros de salud de primer nivel para atender adecuadamente a las poblaciones más alejadas.
El año pasado, académicos de la Universidad CES y el Consejo Internacional de Enfermería lanzaron una alerta urgente sobre la escasez de enfermeros en el país.
Según Dedsy Berbesi Fernández, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES, el país enfrenta un déficit significativo en el número de enfermeros por habitante, pues hay menos de 10 por cada 10.000 habitantes, y la recomendación internacional es de al menos 100 por cada 10.000.
“En muchos países, los enfermeros son la puerta de entrada a la Atención Primaria en Salud. No solo realizan la atención clínica, que es tan valiosa, y garantizan la seguridad del paciente, sino que también están en la primera línea para identificar los riesgos que enfrentan los pacientes”, explicó Berbesi Fernández en el comunicado emitido por el CES y el Consejo Internacional de Enfermería el año pasado.
Además, Castiblanco agrega que el 54 % de los enfermeros se concentran en los departamentos de Risaralda, Caldas, Atlántico, Bogotá, Santander, Quindío, Valle del Cauca y San Andrés, lo que evidencia aún más la desigualdad en la cobertura sanitaria, especialmente en las regiones rurales. “Este hallazgo sugiere que la disponibilidad de talento humano en salud está determinada por factores como la oferta de plazas en las instituciones universitarias, la oferta de trabajo, la calidad de vida en zonas rurales y la velocidad de salida del talento por migración o jubilación”, concluye Castiblanco.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), alertó que cualquier modificación al sistema sanitario colombiano resultará ineficiente si no se enfrenta primero la crisis del primer nivel de cuidado. De acuerdo con Giraldo, las circunstancias presentes en los centros hospitalarios de baja complejidad, que no cuentan con recursos y personal formado, obstaculizan una atención eficaz de enfermedades comunes y prevenibles.
El director también destacó la urgencia de implementar medidas inmediatas para mejorar las condiciones de los Centros de Atención Primaria, como la mejora de infraestructuras y la optimización de la distribución del talento humano. Giraldo subrayó que, aunque es necesario avanzar con la reforma estructural del sistema, la atención de la coyuntura actual no puede esperar. De lo contrario, las reformas estructurales no tendrían el impacto esperado, ya que no solucionarían los problemas inmediatos que afectan a las poblaciones más vulnerables, especialmente en las zonas rurales.
Durante su intervención en la audiencia pública sobre la reforma a la salud, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), expuso una lectura detallada de varios artículos del proyecto de ley, en particular sobre el alcance real del aseguramiento social como herramienta de transformación del sistema.
“El primero, el artículo número dos, que es el que define el aseguramiento social en salud, parece que solamente hace esa definición, pero por dentro le muestra a usted unos elementos de gobernanza. Una segmentación de la misma cuando dice que la gestión de los riesgos en salud y operativos está en unos actores y cuando la gestión de los riesgos financieros está en el Estado. A continuación de esa segmentación se llega a una integración, donde se dice que la operación es pública, privada y mixta, y se destaca que se debe juntar el trabajo de la institucionalidad, del Estado y de los Gestores de Salud y Vida para poder conseguir el objetivo del aseguramiento social en salud”, explicó Giraldo.
El análisis también incluyó observaciones sobre la articulación intersectorial, clave para enfrentar los determinantes sociales. En relación con el artículo 3, subrayó: “Habla de la Atención Primaria en Salud, pero rescato un texto que yo creo que muchos no lo han mencionado y a mí me parece que es un elemento para la futura gobernabilidad de este sistema y tiene que ver con la acción intersectorial y la acción transectorial para la intervención de los determinantes sociales. Y le da la orden al Ministerio de Salud, a MinHacienda y al Departamento Nacional de Planeación (DPN) para que destinen los recursos suficientes para enfrentar los determinantes sociales. Ese es un tema muy valioso que de pronto está entreverado acá en este articulado, pero que nos puede resolver muchas de las dificultades que tenemos a futuro con el tema de los determinantes, a presente y a futuro”.
En cuanto a la gobernanza, Giraldo subrayó el artículo 5, que establece responsabilidades en cabeza del Ministerio de Salud, gobernadores y alcaldes. Según indicó, “destaco un par de títulos que hay allí. En el parágrafo 3 hay un texto que determina la construcción de la política de calidad en salud, que es una de nuestras peticiones sentidas a lo largo de todo este debate. Y también, en el parágrafo 4, la construcción e implementación de la política de ciencia, tecnología e investigación en coordinación con el Instituto Nacional de Salud”.
Finalmente, se refirió al artículo 6, que contempla la reactivación del Consejo Nacional de Salud: “Para nosotros es una noticia positiva, es un organismo plural, con nueve miembros del gobierno, diez miembros no gubernamentales y han incluido las IPS, que a pesar de que parezca obvio en los textos anteriores no se había podido lograr, ya ustedes lo acogieron”.
La propuesta de las RIISS (Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud), defendida por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), podría ser una respuesta estructural. Según la OPS, las RISS buscan un modelo de salud más integrado, accesible y centrado en la comunidad. Sin embargo, la pregunta es si las reformas legislativas, como la propuesta en el Proyecto de Ley 339 de 2023, son lo suficientemente amplias para superar la fragmentación del sistema y mejorar la calidad de los servicios.
La salud en Colombia enfrenta una paradoja: a pesar de contar con una cobertura casi total, las barreras de acceso real y oportuno siguen siendo significativas, especialmente para aquellos que dependen de la red pública de baja complejidad. Este contexto exige un análisis profundo: ¿es suficiente con una cobertura o es urgente fortalecer la red pública, mejorar la distribución de los recursos humanos y adoptar un modelo de integración como las RISS?
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