Para
el doctor Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de Acemi
(entidad que agrupa las EPS), “éste es el certificado
de defunción de estas empresas en el país.
La situación es mucho más grave teniendo en cuenta
que entre enero y marzo del presente año, las EPS del
país han acumulado pérdidas por $45.000 millones.
El directivo gremial señala que el patrimonio acumulado
de las EPS asciende a sólo $600.000 millones”, por
lo que el programa de ambulancias aéreas representaría
una tercera parte de lo que valen estas empresas. Además,
la Sentencia C-463 de la Corte Constitucional obliga a las EPS
a castigar los recobros no reconocidos por Fosyga, lo que representaría
otros $400.000 millones, que también atentarían
contra el patrimonio.
Entretanto, el gestor del artículo y presidente de la
Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, reitera
que el servicio beneficiará unas 50.000 personas cada
año, que no cuentan con atención en salud por
vivir en sitios alejados de los centros urbanos. Indicó:
“Las ambulancias aéreas y la telemedicina garantizarán
el acceso a toda la población, sin distinciones de raza
o condición social. Hay que aclarar que desde la Ley
100/93 se obliga la prestación de este servicio”.
Y agregó que el contrato de la operación del programa
fue adjudicado en licitación a la empresa Sarpa, que
tiene una flotilla de 19 helicópteros y 12 aviones para
atender desastres naturales, accidentes viales y brigadas de
salud.
Otra crítica a este programa además del excesivo
costo a cambio de un corto beneficio, es el peligro de que se
convierta en un nuevo fortín político que sólo
traiga despilfarro en las regiones. Por ahora, Acemi le solicitó
al gobierno impulsar un proyecto de ley que derogue la iniciativa,
pues de lo contrario las EPS entrarían en causal de disolución
. |
