MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 14    No. 166  JULIO DEL AÑO 2012    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Sistema de salud colombiano:
entre nuevos ajustes o su desmonte


Revisar el modelo
de salud pide la Contralora

Hernando Guzmán Paniagua - Periodista elpulso@elhospital.org.co

“El problema de la salud en Colombia no ha sido la falta de recursos, ni de la Ley 100/93 o reformas posteriores. Lo que debe reprocharse es el modelo que se ha desarrollado desvirtuando el mandato original de nuestra Constitución y la Ley, producto de operadores y reguladores, interesados más en la búsqueda de un modelo financiero en donde se privilegian las cifras de la población carnetizada, y no de la real y efectivamente atendida”, afirmó la Contralora General de la República, Sandra Morelli, en debate del Congreso al sistema de salud el pasado 15 de mayo. Antes del debate, denunció además un detrimento de $32.000 millones por la red que manipula sobrecostos de medicamentos
En el Congreso, la Contralora dijo que el modelo de aseguramiento vigente desde la Ley 100/93 y sus reformas no garantiza los derechos de los usuarios, trae grandes pérdidas, no ha logrado cobertura universal, la UPC ha sido manipulada y distorsionada. Y expresó: “Mientras que el Presidente de la República habla de un POS sin exclusiones, integral y garantista del derecho pleno a la salud de los colombianos, el Ministerio de Salud lo contempla como un paquete de beneficios por patologías y la Comisión de Regulación en Salud (CRES), que es la instancia que lo define, lo contempla como un listado al que se le hace periódicamente un ejercicio de inclusión y exclusión de contenidos”.
La Contralora recomendó cooperación
de los entes de control para evitar la
impunidad, y pidió una regulación transparente,
un sistema de información sólido, eliminar
desviaciones de recursos y crear un Fondo
de Garantías del Sector Salud.
Señaló que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad sólo cubren entre 30 y 40% de la población, teniendo las EPS la UPC que la respalda. Pese a los $38 billones que circulan en el sistema, no hay flujo adecuado a los prestadores, las EPS superan el porcentaje legal de integración vertical y desvían recursos del régimen contributivo hacia créditos, leasing, contratos de compraventa, comisión a directivos, honorarios a abogados por asuntos ajenos a los servicios de salud, adquisiciones de clínicas, sobrevaloración de medicamentos e insumos, aportes a campañas políticas y equipos deportivos, inversiones en el extranjero e inversiones inmobiliarias; las EPS también acceden indebidamente a recursos del Fosyga con recobros, incurren en multi-afiliación, apalancamiento financiero en negocios de medicina prepagada con recursos parafiscales del POS, contratación ilegal, no pago a la red externa de IPS, uniones temporales sin habilitación, cartelización de la provisión de medicamentos, peculado y lavado de activos.
En el régimen subsidiado, la Contraloría detectó falta de incorporación de recursos y del Fondo Local de Salud al presupuesto, pagos no permitidos, incumplimiento de pagos a las EPS-S y a IPS, contratos sin soportes, otras fallas contractuales y anomalías en bases de datos. Citó el informe de Supersalud, según el cual hay 36 actores del sector salud intervenidos para administrar y liquidar, a saber: 15 ESE, 4 IPS privadas, 3 entes territoriales, 4 cajas de compensación familiar en régimen subsidiado, 9 EPS y un monopolio rentístico; 4 entidades para liquidar, 4 para administrar, 13 EPS de ambos regímenes cobijadas con medidas cautelares de la Supersalud, y cerca de 20 millones de personas (46%) están afiliadas a EPS intervenidas, liquidadas o bajo medida cautelar.
La Contralora recomendó fijar en un plazo moderado el valor real de la UPC, cooperar de forma conjunta todos los entes de control (disciplinario, penal, fiscal y financiero), para impedir que los infractores del sistema sigan en la impunidad y eliminar el concepto de zonas grises, “que ha servido de mampara al desvío de los recursos de la salud”. Y pidió una regulación transparente, un sistema de información sólido y veraz, por cuya carencia “se ha arbitrado al Estado para que verdaderas mafias de la salud extraigan del sistema importantes recursos”, eliminar las desviaciones de recursos, retomar la experiencia del Fogafín que rescató al sector financiero y generar opciones como un “Fondo de Garantías del Sector Salud” para sanear el sector.
 
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