MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 14    No. 166  JULIO DEL AÑO 2012    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Sistema de salud colombiano:
entre nuevos ajustes o su desmonte


Radiografía de una crisis
que exige cambio estructural

Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co

En carta del secretario de salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de los gerentes de los 22 hospitales públicos, le dicen al presidente Santos que “la situación exige medidas inmediatas para conjurar la parálisis sobreviniente de los próximos días en Bogotá y posiblemente en el resto del país, y medidas mediatas que permitan un cambio de fondo en las estructuras de un modelo que hizo agua a nivel nacional”.
Señalan que las fallas estructurales del sistema de salud, causa principal de su colapso, son notorias en estos hospitales: “Las importantes partidas que distintas administraciones distritales incluyeron en el presupuesto de la salud, ocultaron por años en esta ciudad los estragos que iba dejando un sistema perverso y opuesto al Estado Social del Derecho, en el resto del país. Hoy el esfuerzo propio, pese a su gran tamaño, no alcanza a cubrir las insuficiencias del modelo” y descubre una realidad de hospitales que aceleran paso a una parálisis de impredecibles consecuencias. Reconocen que pese a las buenas intenciones del Presidente y la ministra de Salud, “la crisis avanza y se profundiza, exigiendo medidas inmediatas”. Luego enfatizan las principales dificultades del sistema en Bogotá (que no se diferencian de los de otras ciudades y regiones): cartera, glosas, insolvencia de EPS, nivelación del POS, giros directos a EPS y barreras de acceso.
1) Deuda de EPS con la red hospitalaria superior a $260.000 millones, que imposibilita pago de salarios y prestaciones a trabajadores e insumos: “El incumplimiento de estas obligaciones vitales, impedirá, CONTRA NUESTRA VOLUNTAD, la prestación de servicios de salud en los próximos 20 días”.
2) Abultados recursos de glosas terminan haciendo parte del patrimonio de las EPS sin autorización legal: “Estos recursos son del sistema, no de las EPS. Éstas, por Ley, solo tienen derecho a un 8% máximo de administración.
Sala de espera en Bogotá.
Es un nuevo filón del negocio de la salud que estimula la sustracción ilegal de los recursos del sistema. Los organismos de control y el gobierno NO deberían permitir semejante acto de corrupción”.
3) De 8 EPS-S que operan en Bogotá, 5 están quebradas (Humana Vivir, Cóndor, SolSalud) o intervenidas (Caprecom, Ecoopsos) y la mayoría en estado de insolvencia o rumbo a ella. Una vez quebradas y/o sin margen de solvencia, ¿qué les espera a los hospitales, qué de la salud como derecho fundamental, debemos aceptar que las EPS lleven a la tumba a prestadores y a miles de colombianos, quién responderá por las deudas, no hay responsables? “Los prestadores creímos y pactamos con las aseguradoras, porque el gobierno les dio vida jurídica y las autorizó a contratar”.
4) Con la nivelación del POS-Subsidiado al POS-Contributivo, los hospitales públicos dejan de facturar más de $15.000 millones mensuales, pues eventos No-POS y servicios de vinculados no se facturan al Fondo Financiero Distrital, y al ser responsabilidad de las EPS éstas no contratan con los hospitales: “Esos pacientes son objeto de grandes barreras y terminan en las urgencias de los hospitales. Conclusión: Con mayores barreras de acceso, los enfermos acuden a las urgencias de hospitales públicos y por su atención sólo se paga la urgencia vital. El resto es glosado, generando mayor déficit, lo cual agrava su situación. A partir del 1º de julio con la nivelación total del POS, el estrangulamiento hospitalario será definitivo. Estando de acuerdo con la nivelación del POS, consideramos que debe nivelarse la UPC, para evitar equivocada interpretación por las aseguradoras”.
5) Giros directos a las EPS además de golpear la descentralización, debilitan los entes territoriales para controlar o exigir a las EPS el pago de servicios prestados por la red y habilita a la aseguradora a ser la única que certifica el valor de la deuda al prestador. La cifra certificada no puede contrastarse ni controvertirse: sólo vale la palabra de las EPS.
6) “Enriquecerse impidiendo la atención de los pacientes, siendo un acto criminal, aberrante y de la mayor corrupción, es el de mayor naturalidad y el más utilizado en el sistema. Se practican todas las modalidades: negación del servicio, medicamentos incompletos, citas espaciadas por meses, copagos y cuotas moderadoras más caras que el medicamento a recibir; barreras geográficas (atención en sitios muy distantes a la residencia), culturales, económicas y de disponibilidad de las EPS; tal situación que atenta con los derechos humanos, elevan los indicadores de morbilidad y mortalidad dentro de la población”.
La carta concluye: “El panorama descrito es sombrío y asusta, además de CONSPIRAR contra los esfuerzos en que estamos empeñados para profundizar en Atención Primaria, fortalecer y modernizar la red hospitalaria -incluido el San Juan de Dios-, humanizar los servicios, dignificar el trabajo y empoderar a la ciudadanía para realizar acciones conjuntas por la salud de los bogotanos. Nuestra comunicación solo pretende que estas señales de auxilio, lanzadas a tiempo, sean atendidas oportunamente sin esperar la catástrofe para después buscar responsables entre los que hacemos esfuerzos, talvez inútiles, por apagar un incendio que consume toda la salud a nivel nacional”.
 
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