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Dificultades legales
y morales enfrenta la propuesta del alcalde Gustavo Petro de
crear los Centros de Atención Médica para Adictos
a las Drogas (CAMAD), centros de consumo controlado -similares
a los europeos-, para disminuir índices de homicidios,
criminalidad e inseguridad en Bogotá. Petro defiende
la estrategia de dar al adicto medicamentos para calmar su ansiedad
y así “arrebatárselos” a las redes de
micro-tráfico, que matan y roban.
El secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo,
explicó que hay dos vías: la puesta en marcha
de unidades móviles de atención a adictos, indigentes
y delincuentes menores bajo el influjo de drogas y alcohol,
y "voluntariamente" aceptan un tratamiento. Y la segunda
"es permitir que personas no interesadas en ayuda definitiva
puedan ser atendidos en sus necesidades básicas".
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E indicó: "Es importante poder
dilucidar el tema de ser muy fuertes y rígidos con las
penas fuertes contra el narcotráfico o micro-tráfico,
pero entender que el consumidor es un paciente y merece atención
de salud pública".
Petro sustentó que “no es un salto al vacío,
pues este tipo de medidas son implementadas con éxito
por Estados que hacen parte de la OEA”, como Canadá,
y hay experiencias en España, Suiza y en más de
60 ciudades del mundo entre ellas varias americanas, donde dio
buenos resultados. Y aunque no especificó el tipo de
drogas a suministrar, anunció que las dosis se garantizarían
con "las incautaciones". Se atenderían 3.500
drogadictos. |
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Relación
criminalidad- consumo de drogas
Según el informe "Dinámica de expendio
y consumo de drogas en Bogotá", del Centro de Estudio
y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, de la
Alcaldía, de 1.632 homicidios en la ciudad entre enero
y diciembre de 2011, 252 (15,4%) estuvieron relacionados con
estupefacientes. En Bogotá, más de 141.000 personas
consumen sustancias psicoactivas, la marihuana es la de mayor
consumo con 125.000 adictos (de ellos, 70.000 dependientes),
unos 7.000 consumen bazuco en las calles y 9.000 cocaína.
“Estado no puede suministrar drogas
ilícitas a sus ciudadanos”: Beatriz Londoño
La saliente ministra de Salud, Beatriz Londoño,
recordó que según “convenios suscritos por
Colombia en Naciones Unidas, el Estado no puede suministrar
drogas ilícitas a sus ciudadanos", y que sólo
se permite el suministro de metadona a adictos a heroína
en 5 ciudades (Armenia, Medellín, Cúcuta, Santander
de Quilichao y Filandia), bajo estricto control médico
en centros de atención y para deshabituarlos del consumo.
Agregó que "no hay evidencia suficiente en el mundo
para demostrar la efectividad del suministro de otras sustancias
a los consumidores de drogas en el país", pidió
a Petro que soporte estudios de la propuesta de centros de consumidores,
y reiteró que "el riesgo grande es que se incremente
el consumo experimental, sobre todo entre la población
más joven". También indicó que los
centros de consumo en el mundo funcionan sin que el Estado suministre
droga a los consumidores: “En estos centros que arrancaron
en 1980 en Berna (Suiza), las personas llegan a dichos lugares
con la droga que consumen”, y tienen como finalidad la
“protección” de los consumidores y no reducir
la criminalidad como propone Petro.
“Se la fumó verde”:
Procurador
El procurador Alejandro Ordoñez advirtió
el carácter "inconstitucional, ilegal y contrario
a la dignidad humana y al interés general" de la
propuesta, que restringiría “gravemente la autonomía
médica, al convertir a profesionales de la medicina en
simples ejecutores de la política criminal del Estado",
pues Petro "plantea una política criminal para reducir
el delito, los homicidios y robos". Agregó que darle
droga al adicto no es prevenir el consumo sino "promoverlo",
y se preguntó cómo el Estado proveerá a
los adictos de droga si en Colombia está prohibido el
cultivo, tráfico, producción y porte para distribución:
"Un Estado que persigue la producción, y a su vez
el Alcalde de Bogotá comprando la droga ilícita
para proveer a los adictos".
Voces a favor
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre,
pidió no tenerle miedo a la audaz propuesta, pero advirtió
que el tema requeriría una reforma legal. El director
del Idipron, José Miguel Sánchez, dijo que hay
una "sobredosis mediática de moralismo", de
"doble moral" de contradictores de la idea y de un
"moralismo básico del siglo XIX". El director
de la Policía Nacional, José Roberto León,
señaló que como en otros países, el consumo
de drogas debe tratarse como tema de salud pública, y
considerar esa opción como estrategia que ayudaría
a disminuir el consumo. El exalcalde Antanas Mockus calificó
la idea de "coherente con la discusión internacional".
Arrancan unidades móviles
Cada Camad costaría $500 millones, pero como
están pendientes del visto bueno del Congreso y del gobierno,
este mes de septiembre empezarían a funcionar dos unidades
móviles para atención a drogadictos, con recursos
mensuales de $60 millones. El plan piloto se iniciará
en el Bronx (donde están los expendios más grandes),
Ciudad Bolívar, Corabastos y Suba, considerando los 453
puntos de venta de estupefacientes. El secretario de Salud afirmó
que no entregarán estupefacientes, sino que trabajarán
con drogas aceptadas que se pueden usar con prescripción
médica, que no están disponibles en el mercado
y que están controladas. |
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