MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 6    NO 70    JULIO DEL AÑO 2004    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

En veremos... futuro de la enfermería en Colombia
Juan Carlos Arboleda Zapata - elpulso@elhospital.org.co
Por estos días se juegan varias cartas que influirán en el futuro de la enfermería en el país: se tramita en la Comisión Séptima del Senado de la República el proyecto de ley que dictará el Código de Ética y Deontológico, que se desprende de un ordenamiento del Artículo 10 de la Ley 266 que regula la profesión y que ordenaba su elaboración. Y aunque pasaron 8 años para llegar a este punto, aún su futuro no es claro, porque en la misma comisión se tramita de manera paralela el proyecto de recursos humanos en salud, que puede echar por la borda el anhelo de la enfermería de completar la ley que la regula.
Esta ley tiene elementos de carácter general, explicó Beatriz Carvallo Suárez, Presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia -ANEC-:
“Los contenidos no pueden ser tan diferentes entre los de una ley de ética de médicos y de enfermeras, se basa en conceptos de lo que constituye la ética para un profesional de la salud”. Sin embargo, la expedición de un Código de Ética para la Enfermería se puede considerar un logro por cuanto antes venían siendo juzgadas por los tribunales médicos, con un agravante: “Es muy difícil siendo médico juzgar el quehacer de otra persona, porque no se está capacitado en sus funciones específicas”, declaró la enfermera Alba Elena Correa Ulloa, fiscal de ANEC en Antioquia, pues “es como si nosotros juzgáramos a los médicos”.
El código ratifica el carácter de profesión liberal de la enfermería, así como sus fundamentos, sobre la base de los conocimientos técnicos específicos pero también en las ciencias sociales y humanas. El proyecto establece el marco de responsabilidades de los profesionales de la enfermería: el primer título presenta la declaración de principios y valores de la profesión; el segundo hace referencia a los fundamentos deontológicos tanto en el ámbito de aplicación, como sobre las condiciones de ejercicio; el tercer título regula las responsabilidades frente a los sujetos de cuidado, colegas e instituciones y trae un capítulo que aborda la investigación y la docencia; y el último título contiene los procesos éticos-disciplinarios, los procedimientos para llevarlos a cabo y las sanciones.
Un camino de ocho años
El proyecto se origina en el Artículo 10 de la Ley 266/96, que crea el Tribunal Ético de Enfermería con autoridad para conocer procesos disciplinarios y éticos profesionales que se presentan en la práctica de la enfermería, así como para adoptar su propio código.
En Colombia los Códigos de Ética tienen que hacerse a través de leyes y por tanto fue necesario primero constituir el Tribunal Ético, crear Tribunales departamentales y elaborar la ley de ética en consulta con todos los sectores de la enfermería a nivel nacional. Después de 8 versiones y una vez se alcanzó el consenso, empezó su trámite ante el Congreso, donde se enfrentó a un interés particular de que las leyes de ética por profesiones no pasaran, pues el Ministerio quería tener un sólo Código de Ética para los profesionales de la salud y así ahorrarse el presupuesto de los tribunales. “Esta fue una pelea que se ganó en respeto de la autonomía profesional” declaró Beatriz Carvallo; además, aunque hace dos años el proyecto fue aprobado en el Congreso, el Presidente Pastrana dejó su cargo sin firmarlo y fue necesario comenzar de nuevo todo el trámite legislativo prolongando el proceso.
Para la presidenta de ANEC, el proyecto no está exento de amenazas para el sector: “Nos preocupa el entorno en que se aplicará; vemos un gran afán del gobierno por tener códigos que pudieran volverse incluso punitivos, y en un entorno tan desfavorable de trabajo, en donde las condiciones del ejercicio son muy inseguras por el tema de los recursos, cantidad limitada de personas asignadas para atender determinado número de pacientes, políticas de recorte y de sobrecarga laboral, políticas de deslaboralización, todo esto necesariamente impacta en la calidad, continuidad y eficiencia de los cuidados de enfermería y lo hace muy peligroso; estos Códigos de Ética tienen que mirar el entorno y las condiciones del ejercicio e igual que nuestra organización, hacer una fuerza única para que las condiciones de la actividad mejoren por el bien de los usuarios y de la profesión”.
Código de Ética y Ley 266 vs Ley de recursos humanos en salud
La Ley 266 constituye para la Asociación Nacional de Enfermeras uno de sus grandes logros, pues durante unos 20 años se luchó en el Congreso de la República por una ley de ejercicio profesional y se alcanzó al amparo del Artículo 26 de la Constitución del 91, que establece el derecho y libertad de escoger profesión y que autoriza a las profesiones legalmente reconocidas a organizarse. Con base en ese artículo, el Congreso asignó a ANEC funciones públicas a través de la Ley 266, sobre autorregulación de la profesión.
La Ley de la Enfermería definió los ámbitos del ejercicio profesional, los organismos que regulan la profesión y establece un Consejo Técnico Nacional de Enfermería que funciona como órgano asesor del gobierno, y siguiendo su sentido de autorregulación creó el Tribunal Ético de Enfermería. Pero los logros de la Ley 266 comenzaron a balancearse en la cuerda floja y esos 20 años de lucha pueden comenzar a retroceder.
El problema surge con el nuevo proyecto de Recursos Humanos en Salud, pues aunque eliminó el aspecto que pretendía regular la ética por profesión y da autonomía respetando sus códigos particulares, si el código de enfermería estuviera aprobado, quedaría incluido bajo esta protección; pero como está cursando otra vez por la Cámara, de no ser aprobado antes que la ley de recursos humanos, se abre la posibilidad de que pueda aplicarse otro código, posiblemente el de los médicos o en el mejor de los casos “lograríamos que nos rigiéramos por el Código Internacional Ético, que es para todos los países, pero que no es sancionatorio sino deontológico”, señaló Alba Elena Correa, Ex Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia.
Pero el proyecto de recursos humanos en salud trae problemas adicionales como la posibilidad de que desaparezca el Consejo Técnico Nacional de Enfermería: si bien no es explícita esta determinación, el proyecto deroga todo lo que le sea contrario, y considerando que se crea un nuevo Consejo de Recursos Humanos, es de esperar que el gobierno no se desgastará en tener consejos particulares por profesión, con el agravante de que sectores tan importantes como las auxiliares de enfermería (más de 100.000 en el país) no sólo no tienen participación en el Consejo sino que no han sido partícipes de las discusiones, según confirmó Luz Mariela Agudelo, Presidenta de ANDEC. Con el nuevo Consejo de Recursos Humanos “se le entrega al Ministerio de la Protección Social un cheque en blanco para que defina la suerte de nuestras profesiones”, aseguró Beatriz Carvallo, y representaría para el gremio otra pérdida de lo alcanzado con la Ley 266.
También comenzó a peligrar la función asignada por la Ley 266 a ANEC para expedir la tarjeta profesional: el proyecto dice que se adoptará una tarjeta única, mermando autonomía y capacidad de autorregulación a la profesión para hacer el registro y el control de quienes ejercen en el país, actividad que la asociación realiza con una estructura específica y cumpliendo funciones delegadas por el Congreso de la República.
“Tenemos cerca de 10.000 enfermeras registradas y hemos ejercido a pesar de que el Ministerio nunca tuvo buena aceptación de que ANEC tuviera una función pública legal y aprobada por el Congreso; podemos demostrar la eficiencia en el registro, inclusive, encontramos diplomas adulterados que habían sido reconocidos por el Ministerio. Tenemos una base de datos de las enfermeras egresadas de todas las facultades del país, expedimos una tarjeta profesional y editamos una resolución, ambas con todas las normas de seguridad, buscando que quien ejerce la profesión de enfermería, para seguridad de los usuarios, es quien cursó una carrera universitaria. ANEC ha cumplido a cabalidad en la medida que somos los más interesados”, declaró Beatriz Carvallo.
Preocupa la formación por competencias
Desde la academia, la situación de la enfermería frente a la Ley de Recursos Humanos no se ve mejor: La Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, Astrid Elena Vallejo Rico, considera que el proyecto apunta a la pérdida de la autonomía, ya que el Ministerio de la Protección Social pasa a dictar normas con relación a la formación, desconociendo la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y desarrollada en la Ley 30 del 92.
Otro elemento de atención para la Decana y aún más grave, es la importancia dada a la formación por competencias, enfocada para el trabajo del hacer: “El profesional de la salud y de enfermería tiene que ser formado no sólo para el hacer sino para el ser, el pensar, construir y proponer. Circunscribir al profesional de la salud como mero hacedor, es olvidar que nuestro objeto de estudio es el cuidado de la salud y la vida y que allí convergen no sólo acciones instrumentales, sino interacción subjetiva entre personas cuidadas y cuidadores, y no sólo en el ámbito de lo clínico sino también en lo comunitario, donde desempeña y realiza el trabajo en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Restringir a una competencia lo que implica ser enfermero, es algo que desborda lo que somos, es positivista y reduccionista”. Para la Decana, “lo que debe salir de nuestras universidades es un profesional íntegro, formado desde lo técnico pero fundamentalmente desde lo humano, porque su campo de acción es lo humano”. Finalmente declaró que este proyecto tiende a invisibilizar la profesión, para constituir a los profesionales en gente que le sirva al mercado”.
Frente a la formación por competencias, la Presidenta de ANEC consideró que falta un análisis de fondo, porque la competencia particular de cualquier profesión tiene que ver con instrumentalización de lo que se hace y allí no habría ninguna libertad para que cada profesión, en su autonomía, defina las acciones integrales en salud: “Se propone que si mi competencia es sólo un pedacito, entonces no requeriremos que me prepare sino en ese pedacito y eso recorta la formación integral que requiere el personal de salud, que tiene que mirar integralmente al usuario. Eso atenta contra la autonomía universitaria”.
Además, Beatriz Carvallo advirtió sobre una reducción de este tipo en los niveles de formación, generando una pérdida de calidad de los profesionales, frente a otros países que si tienen formación integral: “Estas medidas apuntan a que cuando aquí bajan el nivel académico, nos adecuan para que las multinacionales vengan a tomar asiento en el país, gracias al TLC, y a prestar servicios de salud con mano de obra barata”.
 
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