Para la doctora Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de Acesi, gremio de los hospitales públicos del país, los informes presentados por la Superintendencia muestran un deterioro progresivo de la situación financiera de las EPS que viene desde hace varios años, y que generó en su momento que el Ministerio de Salud y Protección Social emitiera varios Decretos como “salvavidas” a estas entidades, sin embargo para la directiva si la Superintendencia de Salud en el año 2014 hubiera aplicado la Ley, el incumplimiento de indicadores de solvencia habría terminado con la liquidación de muchas EPS, situación que apenas se comenzó a vivir éste año.

“Desde la expedición del Decreto 2702/14 y sus sucesores, hemos argumentado lo peligroso para los usuarios y prestadores de generar plazos para el cumplimiento de la norma que obliga a tener solvencia y patrimonio para cumplir con las obligaciones por parte de las EPS; no obstante, hoy estamos viviendo las consecuencias de la insolvencia de la gran mayoría de estas entidades que vienen colocando barreras importantes de acceso a los usuarios, con violación permanente del derecho a la salud, y a los prestadores manejándoles con irregularidades el flujo de los recursos, como sucede con las barreras para radicar las cuentas o subirlas a las plataformas; la estrategia busca no incrementar su pasivo, situación que impide conocer la realidad de las deudas entre EPS e IPS”.

Un hecho importante que señala la doctora Zuluaga es que al revisar la situación de las EPS que amparadas en los Decretos de salvamiento realizaron transformación empresarial, se observa que estas siguen sin cumplir con los compromisos de capitalización, con un agravante: “lo más preocupante es que la transformación les permitió pagar las deudas en diez (10) años pero con la premisa que lo corriente se fuese pagando “al día”; no obstante, lo que hoy vivimos es que lo corriente se deja envejecer y lo no corriente, no se está pagando”.

Ahora bien, para la vocera de los hospitales públicos las liquidaciones a pesar de ser “dolorosas” para los prestadores por los recursos que quedan atrapados, son necesarias dado que es más peligroso seguir incrementando la cartera con una entidad que no tiene patrimonio ni margen de solvencia para responder, y para los usuarios también puede ser la mejor solución en la medida que no tiene sentido estar en una entidad que no garantiza los servicios y en contraste viola sistemáticamente el derecho a la salud y en muchas ocasiones, incluso el derecho a la vida.

“La solicitud que hemos realizado como gremio, es lograr previo a las próximas liquidaciones que se produzca una aclaración obligatoria de las cuentas entre las EPS e IPS, de tal manera que exista reconocimiento de las deudas, y que con las liquidaciones no iniciemos otro camino tortuoso para el reconocimiento de las mismas con reprocesos costosos para los prestadores, ya muy lesionados desde el punto de vista económico”.

Y es que la doctora Zuluaga coincide con muchos otros analistas que consideran que las liquidaciones son “crónicas de una muerte anunciada”, ya que los problemas se dejaron envejecer sin crear una provisión para el reconocimiento de las deudas que ahora están quedando por pagar por parte de éstas entidades: “esta situación obligará a que se generen por parte del mismo gobierno recursos que permitan responder a los prestadores por las deudas pendientes de pago; porque si bien es cierto, son entidades privadas, no se puede desconocer que han estado bajo vigilancia del estado a través de la Superintendencia Nacional de Salud y que por las mismas normas expedidas por el Ministerio de Salud y la SuperSalud, nosotros como prestadores, hemos tenido la obligatoriedad moral y social de garantizar la atención”.

Aunque es claro para la doctora Zuluaga es que las liquidaciones son el resultado del mal manejo que tuvieron las entidades que no fueron capaces de cumplir con las funciones encomendadas: representación del usuario, gestión del riesgo financiero y de salud, no obstante la mayoría de las EPS encargadas del aseguramiento en Colombia para el régimen subsidiado y varias del contributivo, tampoco cumplen con los indicadores de permanencia, y debería analizarse entonces la existencia de fallas estructurales en el modelo, para ser replanteadas o modificadas.

Como conclusiones de la actual remezón en las EPS del país, Olga Lucía Zuluaga afirma que existen problemas de fondo que deben ser corregidos mediante reformas estructurales del sistema que permitan garantizar realmente el derecho a la salud de los colombianos. “Los recursos no deben continuar manejándose como hasta ahora, los prestadores deben recibir directamente el pago por los servicios prestados y no depender de lo que defina la EPS”, y agregó: ”con las normas que están ad portas de reglamentarse se podrían solucionar algunas de las fallas que hasta ahora tiene el sistema, con la facturación electrónica esperamos se evidencie en tiempo real lo facturado, glosado y pagado para tener cuentas claras en el sector y que desaparezcan las prácticas indebidas de devoluciones, glosas injustificadas y flujo de recursos no coherentes con la norma y los contratos”.

Finalmente recordó que es necesario generar un estudio real del costo de los servicios y tecnologías que deben ser cubiertos por la UPC, y que se traduzca en el incremento suficiente que permita la cobertura de los servicios que se definan, eliminando el concepto de no cubierto por la UPC, el cual considera que fue un esguince a la Ley estatutaria cuando plantea un plan explícito de servicios y tecnologías, y un listado de exclusiones.