Es evidente que en salud el denominado Acuerdo de Punto final es hasta ahora el acto más importante, o por lo menos más publicitado, del gobierno del Presidente Iván Duque, de ahí que haya concitado la atención y comentarios de todos los actores del sistema, que con el paso de los días comienzan a señalar ya sea falencias de la estrategia o aspectos por mejorar.

Gustavo Morales Cobo, presidente de Acemi, gremio de las EPS, en respuesta a comentarios emitidos por la exministra de salud, Cecilia López Montaño, aprovechó para dejar clara la postura de las aseguradoras frente al acuerdo. Lo primero es que califica a la Ley de Punto Final como el reconocimiento oficial y definitivo, y “nunca antes realizado de forma tan explícita” de que el pago de los servicios por fuera del Plan de Beneficios en Salud es responsabilidad del Estado y no de las EPS: “El único ingreso que pueden recibir éstas (las EPS) es para cubrir ese plan, pero la accidentada evolución del sistema llevó a que fungieran además como fiadoras del Estado sin reconocimiento de intereses, y sin remuneración administrativa alguna, para cubrir el resto de los servicios. Es curioso que en el artículo no se aborde este problema crucial: de qué manera debe gerenciarse la inclusión de nuevas tecnologías al sistema, y quién es el responsable de pagar por ellas”.

El otro elemento de carácter normativo celebrado por Morales fue que por primera vez en la historia, en el Plan Nacional de Desarrollo se propone un cambio en el manejo de los servicios por fuera del PBS, y si bien traslada esa responsabilidad a las EPS, también plantea un mecanismo de financiación a través de techos presupuestales. “Aún está por verse los pros y contras de este mecanismo, pero al menos se disminuye significativamente el kafkiano procedimiento de los “recobros” al Adres, que parece diseñado por los enemigos de la salud de los colombianos… es la contracara de la ley de punto final, pues mientras ésta se ocupa de los problemas del pasado, la figura de los “techos” intenta lidiar con los desafíos del futuro”.

Cumplir la Ley, solicitud del Colegio Médico Colombiano

pecto más positivo del acuerdo, el hecho de que el gobierno reconozca la deuda del sector salud, el doctor Roberto Baquero Haeberiln, presidente del Colegio Médico Colombiano, resalta, primero, la importancia de que Ministerio de Hacienda haya fijado directrices que permitan saldar una deuda histórica, y además, que en punto de la emisión de bonos del tesoro sea el mismo gobierno quien los monetiza, lo que garantiza que las instituciones no tengan que salir a negociarlos con descuentos, y añadió: “En ese sentido, el acuerdo pone punto final a las quejas de las EPS cuando aseguran que las glosas las tienen quebradas”.

Sin embargo el doctor Baquero manifestó la existencia de algunas dudas: “Si bien es cierto que este gobierno ha mostrado que tiene la voluntad política, hay que esperar a que se lleve a cabo la totalidad de los pagos y que los profesionales de la salud reciban el pago de los meses o años de trabajo que se les debe”, pero además: “resulta preocupante que según los datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas el total de la deuda es de 24 billones de pesos, si se restan los 7 billones que el Gobierno reconoce por el pago del no PBS, quedan 17 billones por cubrir, que por lógica pasarían a ser del PBS, es decir que ese dinero ya fue dado a las EPS mediante el pago de capitaciones por afiliado. De lo que también se puede deducir que es posible que se pague hoy, pero el taxímetro seguirá corriendo y se presentarán nuevas deudas”.

Una solución definitiva a la crisis financiera y operativa que durante años ha afectado al sector, para el doctor Baquero, sería hacer cumplir el artículo 15 de la Ley Estatutaria de la Salud que establece un Plan Único de Beneficios: “el Miprés como sistema de información resulta útil, pero en la práctica se ha convertido en una herramienta engorrosa por el tiempo que implica su diligenciamiento, en consulta limita aún más el acto médico e impide que el galeno tenga la oportunidad de realizar un examen clínico más completo al paciente. El país debería implementar una historia clínica única para no tener que repetir exámenes de diagnóstico y mejorar el tiempo de consulta real y tener más calidad en la atención. El artículo 19 de la Estatutaria traza una política para el manejo de la información entre los diferentes actores para construir un sistema único de información en salud, lo que lleva a contar con una formulación única nacional que le permita al Ministerio de Salud tener el registro riguroso de todas las prescripciones. Si bien habría que reajustar la UPC, el ahorro sería significativo y le pondría punto final al desangre del sistema por los sobrecostos y corrupción”.

Finalmente el presidente del Colegio Médico considera que para garantizar la no repetición es importante tomar medidas para que las deudas no sigan creciendo: “Eso se consigue con un solo PBS, y con la implementación de la Ley Estatutaria de la Salud. Es importante que se inyecte liquidez al sistema, y que también se le mejoren las condiciones al recurso humano que cuida la salud de todos los colombianos. En ese sentido, lo más importante es garantizar el pago a los trabajadores de la salud, pues han sido los más damnificados en la cadena de deudas y acreedores”.

La voluntad política que les faltó a otros gobiernos

Un reconocimiento que resulta algo sorprendente es el realizado por Carlos Ignacio Cuervo Valencia, ex Viceministro de Salud durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien al resaltar la importancia del acuerdo señala: “por primera vez un Gobierno ha tenido la voluntad política, y en un esfuerzo descomunal, reconoce de manera significativa una muy buena parte de las acreencias acumuladas en los últimos años y que venían afectando seriamente al sistema y la atención en Salud; voluntad política, que valga la pena decir, nunca antes se concretó incluso cuando tuve oportunidad de ser viceministro de salud (2008-2010) y aun mediando un escenario fiscal más propicio en su momento”.

En lo que también es claro el doctor Cuervo es que el actual no es un acuerdo de punto final, y lo califica más como de puntos suspensivos. Las razones centrales para esta afirmación son cuatro.

“En primer lugar no sabemos a ciencia cierta de cuanto es el hueco faltante. He intentado conocer el valor exacto pero son cifras muy disímiles pues van desde los recobros, pasando por las liquidaciones de entidades, el levantamiento de glosas, cartera a cargo de las entidades territoriales y deudas entre entidades, entre otras, que oscilan absurdamente entre los 7 y los 17 billones de pesos dependiendo de la fuente”. Para el doctor Cuervo la cifra no debe estar en ninguno de los dos extremos, pero si supera los 6,2 billones anunciados como recursos para el sistema, y el faltante habrá que honrarlo después de las depuraciones, conciliaciones y auditorías.

Un segundo elemento es que el acuerdo no termina los problemas debido a que “ha hecho carrera la concepción de una barra libre en Salud donde el ciudadano y sus familias creen tener derecho a todo y de manera inmediata sin ningún tipo de topes. Dicha concepción está amparada en la interpretación jurídica, muy respetable, que ha hecho la Corte Constitucional que se traduce en una excesiva protección individual del derecho valorada sólo bajo la óptica de las garantías individuales sin observancia y contexto del interés general, de los derechos colectivos, de la salud pública, y de la sostenibilidad del SGSS”.

Los otros dos factores que para el doctor Cuervo convierten el actual acuerdo en uno de puntos suspensivos son la falta de fortaleza del IETS para que sea el verdadero “Par tecnológico” frente a quienes pretenden inducir demanda e introducir nuevas tecnologías de manera escalonada, y que el estado, independiente del gobierno que lo represente, no promueva y lidere con otras ramas y órganos del poder público y con la sociedad civil una discusión de fondo para llegar a un acuerdo de voluntades (no unilateral ) que sincere el tipo de prestaciones en salud se le puede garantizar de manera sostenida a todos los ciudadanos.