En las últimas semanas, el ministro de salud Fernando Ruiz denunció posibles irregularidades en la utilización de las camas de UCI y el mantenimiento “excesivo” en dichos lugares de los pacientes con Covid-19 con el fin de aumentar los cobros ante el sistema de salud. Estas denuncias han generado preocupación entre el gremio de clínicas y hospitales, quienes han señalado que la generalización permea la credibilidad del sector y pone en riesgo a aquellos que enfrentan de primera mano la pandemia.

El ministro de Salud, afirmó que: “algunos hospitales y clínicas mantienen a los pacientes más tiempo del requerido en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Esto con el fin de facturar más y así recuperar los ingresos que se han perdido por la pandemia”.

El argumento del ministro para dicha afirmación es que: “el país tiene un índice de ocupación de UCI entre el 50 y 60 %, pero en ciertas regiones han reportado entre el 70 y 80 %. En algunos casos, esa diferencia podría explicarse porque ocupan camas de cuidados intensivos más tiempo del necesario o porque internan en estas salas a pacientes que no lo requieren”.

Por su parte la Superintendencia Nacional de Salud indicó que había recibido alertas sobre estas posibles irregularidades a través de la denuncia realizada al ente por parte del congresista Abraham Jiménez, del Valle del Cauca, y también, al analizar discrepancias en los datos que las IPS envían tanto al ministerio como a la superintendencia. Según el superintendente Fabio Aristizábal Ángel: “mientras que al ministerio le reportaban 279 camas UCI ocupadas con pacientes de Covid-19, a la superintendencia le indicaban apenas 169. Una desviación de casi el 65 %”.

Pese a esto, las autoridades de Salud de Cali y el Valle argumentan que en el departamento se están manejando de manera correcta las unidades de cuidados intensivos. Según la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes: “el proceso de la asignación de las camas de las unidades de cuidados intensivos en Cali, se da a través de un protocolo médico riguroso que desmentiría la hipótesis de un posible cartel de las UCI en la ciudad”.

Lesmes agregó que: “las camas de UCI para pacientes con Covid-19, y las camas de alta complejidad, las administra el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias” y añadió: “somos nosotros, a través de una consola de médicos quienes asignamos las camas que están libres para las diferentes patologías y se asignan directamente a cada paciente, pues es un absurdo pensar que nosotros ponemos un respirador a una persona que clínicamente no lo requiere”.

De igual forma, a través de un comunicado, la secretaria de salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo, respaldó la información originada por la gobernación del Valle, en la que afirma que: “desde la Secretaría de Salud Pública municipal nos unimos a este pronunciamiento e instamos a que el trabajo del personal de salud sea reconocido y aplaudido por la ciudadanía en general, máxime en momentos en los que la pandemia generada por el Covid-19 impone grandes retos en la prestación de servicios de salud”.

Según el comunicado, la Secretaría de Salud de Cali hace un acompañamiento técnico permanente a las instituciones prestadoras de servicios de salud para aclarar cualquier situación anómala que pueda presentarse.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, ante las declaraciones realizadas por el ministro de salud y el superintendente de salud se pronunció manifestando que: “pedimos a las autoridades señalar con nombre propio las entidades infractoras y evitar las generalizaciones de estos supuestos manejos inadecuados de las UCI. No se puede sembrar un manto de duda sobre todo el sector hospitalario y desconocer los esfuerzos que cientos de instituciones, y su personal médico, han hecho para prepararse rigurosamente y atender de manera adecuada a la población. Respetuosos de la ley acogemos todas las orientaciones que nos da la autoridad de vigilancia y control y en los casos donde existan dudas o denuncias concretas sobre la calidad del proceso asistencial, pedimos que sea la propia Superintendencia Nacional de Salud la que haga una auditoría directa sobre esas atenciones, protegiendo así a la población y a los hospitales y clínicas de este país que no ahorran esfuerzos para garantizar la atención segura y de calidad a los pacientes”.

En comunicado añadió: “como sector hospitalario reiteramos nuestro compromiso con la población, y lo vamos a honrar en este momento de enorme dificultad, esforzándonos al máximo y dando como siempre lo mejor. Rechazamos cualquier práctica que atente contra la salud de los pacientes y no respete los fundamentales de la atención médica”.

Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC señaló que, aunque es posible que puedan presentarse prácticas fraudulentas, las autoridades deben entregar los nombres de los implicados para evitar generalizaciones. “Recibimos con gran preocupación la denuncia que hace el señor ministro; represento un gremio de entidades hospitalarias serias, éticas; nosotros quisiéramos conocer los nombres de las clínicas y de los doctores que no lo están haciendo bien”.

Por su parte, el superintendente Fabio Aristizábal frente a las posibles malas prácticas declaró: “en algunas regiones sacamos una circular dando instrucciones puntuales, unos lineamientos concretos a las EPS, y a los entes territoriales, para la atención en las unidades de cuidados críticos y sobre todo con pacientes con Covid-19”.

Y es que la circular externa 012 del 2 de junio, impartió a cada vigilado una serie de instrucciones, entre ellas: las IPS públicas y privadas, deberán fortalecer los canales de comunicación con las entidades territoriales y con las entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB). A su vez las EAPB, por su competencia de gestionar el riesgo en salud a sus afiliados, se les instruye a adelantar auditorías concurrentes y de calidad que den cuenta de la pertinencia y oportunidad en el ingreso, estancia y egreso en hospitalización general o en alta complejidad, según sea el caso.

En cuanto a las secretarías de salud (departamental y distrital) la Superintendencia les recuerda que deben supervisar y garantizar el acceso a los servicios a la población pobre no asegurada a través de visitas de inspección y vigilancia para verificar la pertinencia y oportunidad en el ingreso, estancia y egreso en la hospitalización en las UCI, según sea el caso. Igualmente, y de conformidad con el artículo 4 del Decreto 538 de 2020, se les instruye a coordinar a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), los procesos de referencia y contra referencia según lo relacionado con la gestión centralizada de la UCI y la Unidad de Cuidados Intermedios - UCIM.

Según la Superintendencia, se vigilará el estricto cumplimiento de los lineamientos definidos para el manejo clínico de pacientes con Covid-19 y su incumplimiento dará lugar a acciones de control y a los traslados a las entidades que correspondan frente a cada caso evidenciado.

Frente a las denuncias de posibles casos de fraude en el manejo de las UCI Aristizábal agregó: “vamos a revisar estas auditorías concurrentes para verificar si la información que tenemos coincide con la que dan las entidades, por ejemplo, en el caso del Valle, se correlaciona con la información que teníamos nosotros. Una cosa es el reporte que nos mandan los entes territoriales y otra muy distinta es lo que nosotros vamos a verificar. ¿Qué tengo yo que hacer ahora? Verificar las historias clínicas y hacer una auditoría concurrente. En la circular también estoy dando la misma instrucción a las EPS para que hagan la auditoría de todos los pacientes en cuidados intensivos y a la red de prestadores públicos y privados para que solamente estén en las UCI aquellos pacientes que clínicamente lo requieran”.

Por su parte la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Amci), junto con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), el Colegio Médico Colombiano y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, en comunicado conjunto se pronunciaron frente a las denuncias. “Rechazamos cualquier declaración que de manera implícita y generalista vincule a los intensivistas del país en actos violatorios de la ética profesional en su ejercicio como especialistas líderes de las Unidades de Cuidados Intensivos. El tiempo de permanencia de un paciente en la UCI se establece mediante criterios científicos y éticos rigurosos que aseguren la estabilidad clínica y/o fisiológica del paciente antes de su egreso” enfatizaron.

La Amci, considera que las declaraciones del ministro son desafortunadas ya que, “adicional al dolor y la incertidumbre que depara la enfermedad, se crea un manto de duda sobre la integridad moral, ética y humana de los intensivistas y ello propicia un clima de desconfianza que puede impactar negativamente la oportunidad de la atención y provoca un efecto emocional adverso y de zozobra en el equipo sanitario”.

Además, la Amci le pidió al ministro Ruiz formular las denuncias ante las autoridades y a la Supersalud para que de manera inmediata investigue a las entidades presuntamente infractoras. “De ser necesario, AMCI, como par idóneo, se brinda a acompañar la investigación y así poder establecer con suficiencia técnica la ocurrencia de estas supuestas e inaceptables anomalías” concluyeron.

Hasta el momento no se conoce la lista e identificación de los hospitales y clínicas en las que se habría verificado una mala utilización de las UCI.