MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 273 JUNIO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Tras varios años de crisis, el 28 de mayo la Superintendencia Nacional de Salud decidió tomar posesión de la EPS Coomeva, incluyendo la remoción de su representante legal, la designación de un agente especial y de una firma contralora. La medida abarca los bienes, haberes y negocios de la EPS y buscaría garantizar la atención de los cerca de 1.4 millones de afiliados además de proteger la destinación específica de los recursos del sistema de salud.
Coomeva venía desde hace más de cuatro años bajo una medida preventiva de vigilancia especial ejercida por la misma Supersalud, y que según el órgano de control no parece haber surtido los efectos esperados por cuanto durante el monitoreo y seguimiento efectuado con corte a 31 de marzo de 2021, se encontró que los resultados obtenidos son insuficientes para mitigar los riesgos operacionales que afectan de manera directa a los afiliados.
“La EPS Coomeva no ha logrado disminuir sus obligaciones con la red de prestadores de servicios en los niveles proyectados en el Plan de Ajuste Financiero y, por el contrario, se observa un aumento exponencial de sus acreencias, generando incremento del riesgo de embargos con prestadores, condenas en contra, multas e intereses de mora y sobretodo en la prestación de servicios de salud de la población afiliada”, manifestó el director de Medidas Especiales para las EAPB, de la Superintendencia, Henri Philippe Capmartin.
Dentro de los hallazgos la Supersalud resaltó que al 31 de marzo de 2021, la EPS tiene embargos judiciales por 164.025 millones de pesos, lo que impacta de manera significativa la liquidez y la capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones con la red de prestadores y proveedores.
Ya en 2015 la EPS Coomeva estuvo a punto de su disolución cuando su junta directiva reconoció la crisis financiera y administrativa. En ese momento la entidad contaba con más de tres millones de afiliados en 748 municipios del país. A partir de allí la disminución de esta presencia nacional ha sido paulatina pero constante.
La explicación que otorgó el gerente general de Coomeva, Gilberto Quinche, era que la crisis se originaba en las obligaciones de la EPS de entregar medicamentos y servicios que no estaban cubiertos por la UPC, y la alternativa para solventar la crisis fue establecer un programa de recuperación proyectado a siete años (2015-2022).
En 2018 la crisis no se solucionaba, eran miles los usuarios que presentaban quejas por una mala atención, y las deudas con los prestadores y proveedores eran multimillonarias, lo que llevó a la Procuraduría Delegada para la Salud a pedir medidas urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud, para que se garantizara la prestación de los servicios a los entonces más de dos millones de afiliados. Igualmente el procurador del momento, Fernando Carrillo, exigió la intervención inmediata de la EPS para que cumpliera con sus obligaciones frente a los usuarios.
En septiembre de 2020 el gerente Gilberto Quinche, insistió en la existencia de un plan de acción para sanear una cartera con las IPS que llegaba a los $800.000 millones en POS y cerca de $200.000 en no POS. Para lograrlo manifestó que Coomeva, aprovechando el acuerdo de punto final, tramitaba recobros pendientes de pago para conciliar por $900.000 millones con el gobierno, de los cuales $420.000 millones se habrían presentado entre junio y julio, y los $500.000 millones restantes se tramitarían en septiembre, con lo que se esperaba pagar toda la deuda pendiente. Esta solución se sumaba una capitalización que se había efectuado por $ 300.000 millones y un crédito a través de Findeter, por otros $ 140.000 millones, además de la venta de algunos activos a la empresa norteamericana Christus Health.
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