MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 273 JUNIO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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La pandemia ha traído repercusiones sociales, culturales y económicas para el mundo, y algunas se han tratado de solucionar en lo que va del 2021, sin embargo, los que hasta ahora parecen no encontrar procedimientos que resuelvan sus problemas por completo son los hospitales públicos de Colombia que con la crisis económica generada por la COVID-19 han visto como las circunstancias difíciles que antes vivían, empeoraron aún más, llevándolos a una situación muy preocupante pues pone en riesgo los servicios de salud que se prestan a los colombianos.
Olga Lucía Zuluaga, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, explicó en conversación con El Pulso, que la situación financiera de las ESE se ha deteriorado con la pandemia: “Si antes se tenían dificultades por la cartera creciente de las EPS, ahora no sólo tenemos esa cartera sino también la de la Adres por concepto de toma de muestras COVID-19, por ejemplo”.
La directora señala: “llevamos tres meses vacunando sin recursos para el nuevo personal que conlleva el proceso, y ya tenemos prestadores públicos sin presupuesto para pagar proveedores e incluso atraso en el personal de planta”.
La pandemia hizo que se elevaran los distintos costos para las instituciones médicas: los de operación por el uso de equipos de bioseguridad, el personal asistencial contagiado que debe ser reemplazado, el incremento en el valor de los insumos y medicamentos, entre otros elementos.
Los nuevos modelos de prestación de servicios también aumentan costos y generan una disminución en la productividad de servicios como la atención domiciliaria y tele-experticia.
La doctora Zuluaga señaló que se ha presentado una disminución significativa en el proceso de facturación de los servicios que se realizaban por evento debido a las restricciones de movilidad, el temor de los usuarios al contagio e incluso, el cierre de servicios ambulatorios por el incremento del número de casos según las regiones.
“Hay algo delicado y es que se está observando una práctica indebida continua por parte de varias EPS del régimen subsidiado y es la generación de descuentos a los contratos de forma anticipada bajo la modalidad de capitación, situación que también desfinancia la operación para las ESE”, afirmó Zuluaga.
Acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el personal de vacunación contra la COVID-19 no podía ser el mismo que hasta la fecha había vacunado en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), por lo tanto, debió contratarse personal nuevo, el cual consta de cuatro personas administrativas y un vacunador por equipo. El no pago de dichos servicios ha generado que después de tres meses se tengan ESE sin presupuesto para pagar proveedores y nómina.
En cuanto a las deudas, Acesi proporcionó datos de las EPS con mayor cartera al corte del 30 de diciembre de 2020. Entre las que más adeudan se encuentran: Nueva EPS con más de $752 mil millones de pesos, Medimas que supera los $681 mil millones, Cafesalud con $553 mil millones y Asmet Salud con una cifra superior a los $357 mil millones de pesos.
Por otra parte, la cartera por deudor y edad de las IPS públicas con corte a diciembre 2020 muestra cifras poco alentadoras. La suma total de la deuda de hasta 60 días de los hospitales públicos es de 1 billón 081.800.426.862 pesos; entre los 61 a 180 días de $ 1.290 billones, de 181 a 360 días por más de $1.330 billones y la mayor a 360 días supera los $ 5.339 billones. Para un total en cartera radicada superior a los $ 9.042 billones, cifra que genera alta preocupación.
Para subsanar el déficit de los hospitales públicos, Olga Zuluaga explicó que el modelo de financiación de las ESE debe ser modificado, al igual que su estructura, con el fin de lograr la continuidad de los procesos, independiente de los cambios políticos que se generen cada cuatro años.
“Si se logra la vinculación del personal misional en planta se garantizaría que el 70 % del presupuesto de las ESE esté con destinación específica, acorde con el personal que requiere la institución según la población a atender. Finalmente, es necesario que el nombramiento de gerentes sea por meritocracia a través de concurso de la función pública y que se logre una revisión de hojas de vida para evitar que las personas que ya tienen antecedentes en el manejo irregular de las ESE, vuelvan a ocupar las gerencias en otras entidades”, señaló la directora.
Por último, Zuluaga señaló que si bien el Estado brindó apoyo a las ESE con el pago de algunos pasivos y con una bonificación (por una única vez) para el talento humano en salud, es necesario que se logre la financiación del personal, que se han visto obligados a incrementar y, que, en el tiempo, no tiene garantizada su financiación.
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